Red criminal asaltó el presupuesto del Fondo Vial de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Por David Romero) Toda una red criminal que ha operado desde las instituciones públicas fue utilizada para drenar multimillonarias sumas de dinero, específicamente, del presupuesto asignado al Fondo Vial, durante la administración del entonces titular de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y vivienda, (Soptravi) Miguel Rodrigo Pastor.

Información en poder de ConfidencialHN, revelan cómo esta red criminal constituida por altos funcionarios, dirigentes políticos, diputados del Congreso Nacional y prestanombres o testaferros, se coludieron para saquear los fondos del organismo responsable del mantenimiento de la red vial de Honduras.

Un informe al que accedió este periódico, detalla cómo varios proyectos de mantenimiento de carreteras fueron asignados a empresas “de maletín”, muchas de ellas ligadas a altos funcionarios y exfuncionarios de la administración publica, entre ellas, dos que son propiedad del entonces director del Fondo Vial, Hugo Ardón, a quienes se le otorgaron jugosos contratos a través de contrataciones directas.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sabe de la existencia del documento, pero que no lo quiere publicar por razones todavía desconocidas; resalta un caso en particular que deja al descubierto cómo operan estas mafias desde el poder y, que para lograr su objetivo, quebrantan la ley, manipulan información, falsifican documentos y hasta sobornan o amedrantan a funcionarios.

HUGO

 

Sin más preguntas ni indagaciones,  la secretaría de Finanzas procedió en 2014 a ejecutar el pago de los 47 millones y, según confesiones que hizo el propio Cardozo a uno de los investigados, sirvió para entregar una parte a Miguel Pastor; al exdirector del Fondo, Hugo Ardón; una abogada sin identificar, pero detalles brindados por un caballero de apellido Cruz -declarado confeso-, indican que Merari Diaz estuvo en la trama. 

 

 

CASO CARDOZA. En el expediente que está archivado en el Fondo Vial, aparece un fólder con el sugestivo nombre, denominado “Caso Cardoza”, cuyo contenido revela un escandaloso modus operandi de corrupción del sistema público hondureño, que ha permitido históricamente el saqueo de fondos del erario nacional que traspasan a la bolsa siniestra de los altos funcionarios.

Este caso está relacionado con una obra de infraestructura que consistió en la colocación de un alcantarillado de mitigacion a fin de evitar deslaves de tierra e inundaciones en un tramo de la carretera de Pito Solo, Santa Bárbara, pero que sirvió para generar uno de los actos de corrupción que pone al desnudo toda la trama y estructura de corruptela con que se manejaron los multimillonarios recursos del Fondo Vial suscitado en administraciones anteriores.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN CARDOZO? Es un amigo personal del entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Rodrigo Pastor, quien fue aconsejado -no se sabe a ciencia cierta por quién-,  que interpusiera una denuncia en el Fondo Vial, en el sentido que sus terrenos habían sido inundados por las obras de mitigacion ejecutadas en el tramo carretero.

Cardozo es un hondureño de a pie, de filiación nacionalista, con residencia en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, con identidad propia, pero sin propiedades en la localidad de Pito Solo, tal como se constató en el Registro de la Propiedad, de acuerdo a datos que accedió ConfidencialHN.

De acuerdo a la información recabada, Cardozo, es un testaferro que fue contactado para que se presentara a las oficinas del Fondo Vial e interpusiera una denuncia en la que señala que los supuestos terrenos que le pertenecen, fueron inundados por las obras ejecutadas por una empresa constructora, propiedad de el ingeniero Hector Nufio y, por tanto, exige una indemnización de  tres millones de lempiras, pero al momento de hacer efectivo el pago se elevó a 47 millones de lempiras.

INVESTIGACIÓN. Este caso fue ampliamente investigado por el Fondo Vial, llegando a la conclusión que la demanda interpuesta por Cardoza no procedía, porque presentaba inconsistencias, entre ellas, que el reclamante no es dueño de los supuestos terrenos, pues no existen y tampoco están registrados en el Instituto de la Propiedad. Esos terrenos -señala el informe- pertenecen al Estado de Honduras y están por “accesión” (inundación) al Lago de Yojoa.

De acuerdo a la investigación, el supuesto dueño nunca pagó impuestos por la propiedad. ni a la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ni a la Tesorería General de la República, por lo que queda desligitimado de cualquier reclamo administrativo frente al Estado, dice el informe, que por instrucciones superiores lo han hecho desaparecer de los archivos y expedientes del Fondo Vial.

De acuerdo al testimonio de una de las personas que participó en el informe, la junta directiva del Fondo Vial, antes de la llegada de Miguel Pastor, se había abstenido de ordenar el pago por indemnización porque no calificaba; en 2012, a unos días que Miguel Rodrigo Pastor dejara el cargo, firmó la resolución en la que se ordena pagar 47 millones de lempiras a Joaquín Cardoza, quien desde ese momento dejó de vivir en la modesta casa que habitaba en la colonia Miraflores, para pasar a vivir a la privilegiada zona de Altos de Miraflores.

Sin más preguntas ni indagaciones,  la secretaría de Finanzas procedió en 2014 a ejecutar el pago de los 47 millones y, según confesiones que hizo el propio Cardozo a uno de los investigadores, sirvió para entregar una parte a Miguel Pastor; al exdirector del Fondo, Hugo Ardón; una abogada sin identificar, pero detalles brindados por un caballero de apellido Cruz -declarado confeso-, indican que Merari Diaz estuvo en la trama y laboraba en asesoría legal.

merari

 

Para ocultar la información, se nombró en asesoría legal del Fondo Vial -por recomendación del diputado nacionalista por Santa Barbara, Rolando Dubón Bueso-, a la abogada Merari Diaz que, de acuerdo a indagaciones ya realizadas, se le investiga la compra de una mansión en la lujosa aldea capitalina de El Hatillo. 

 

 

 

OCULTAR INFORMACIÓN. El “informe Cardozo” ha desaparecido físicamente de los archivos del Fondo Vial, informó una fuente a este periódico, a fin de evitar que la información trascendiera al público porque este caso sería el inicio de una serie de intervenciones en la nueva secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y el Fondo Vial para dar con el paradero de multimillonarias cantidades de dinero que fueron sustraídos bajo este mecanismo y otros como proyectos carreteros que no fueron licitados y que nunca se hicieron, pero que fueron pagados.

Para ocultar la información, se nombró en asesoría legal del Fondo Vial -por recomendación del diputado nacionalista por Santa Barbara, Rolando Dubón Bueso-, a la abogada Merari Diaz que, de acuerdo a indagaciones ya realizadas, se le investiga la compra de una mansión en la lujosa aldea capitalina de El Hatillo.

De acuerdo a la información, Diaz, que hoy se desempeña como directora general de Servicio Civil, siempre por recomendación de Dubón Bueso, desde su llegada al departamento legal del Fondo Vial, su primer misión fue bloquear toda información relacionada con este caso; se desarticuló el sistema informático, se decomisaron equipos de cómputo de los auditores y se despidió el personal que, supuestamente habían participado en la elaboración del informe.

Lo que nunca se imaginaron los conspiradores, es que en el “Buzón de Sugerencias” quedaría una copia del informe que se le hizo llegar al TSC, pero los magistrados del organismo contralor los desecharon “por temor a represalias”, confesó una de las fuentes al autor de este artículo y, por eso, no lo han publicado aunque están totalmente enterados de este escenario.

MAS CASOS. Los informes de auditorias del Fondo Vial no terminan con el caso Cardozo; van  mas allá, en la agenda de auditorias, aparecen casos como el de dos carreteras otorgadas en contratación directa por fraccionamiento de obra a dos empresas que, supuestamente, son del exdirector del Fondo Vial, Hugo Ardón y que fueron construidas en Roatán, Islas de la Bahía, con precios sobrevalorados y no se cumplió con las especificaciones del contrato que reza: “el grosor y calidad de la capa asfáltica son de menor calidad de las que se especifican en el contrato”, dice en parte  el informe.

Sobre la megatrama de corrupción, ConfidencialHN se compromete a darles el seguimiento necesario para las próximas ediciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Comments

  • UnAnonimo 31 agosto, 2016 at 9:50 pm

    Ardón hermano de los Hermanos AA, lavaban dinero a través del Fondo Vial, eso se sabía y por eso renuncio.

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  • Jose 31 agosto, 2016 at 10:24 pm

    Es duro enterarse de como un buen grupo de malos hondureños han deshonrado la administración pública. Sin ningún escrúpulo solo han llegado a robar el dinero que nos cuesta a todos. La mentada MACCIH debería recoger toda esta información y verificar su autenticidad y luego proceder. Aquí no se trata de estar contar nadie en particular, sino que se castigue a todos los ladrones. Es hora de aplicar la justicia a todos los maleantes junto a sus cómplices que actúan en diferentes instituciones del Estado.

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  • Juan Carlos 1 septiembre, 2016 at 1:23 am

    Este caso debe ser investigado por la rinbombante Macchi, y demostar sibeealmente vienen a combatir la corrupcion en Honduras

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  • Anonimo 5 septiembre, 2016 at 9:55 pm

    Hugo Ardon, Es hermano y testaferro de Alexander Ardon ( Chande ) famoso narcotraficante del Florido Copan, uso el Fondo Vial para lavado de activos.

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