Así fue la conspiración de altos funcionarios en el “Caso Cardoza”

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Por David Romero) Una serie de documentos intercambiados entre las oficinas del Fondo Vial, demuestran que, en efecto, hubo tirantez entre funcionarios de esa dependencia de la otrora Secretaría de Obras Publicas Transporte y Vivienda (Soptravi) respecto a la estafa que supera los 41 millones de lempiras.

Según esos documentos, queda evidenciado cómo la entonces jefa de la oficina legal del Fondo Vial y ahora titular de la Dirección General de Servicio Civil, Merary Elena Díaz, intentó por todos los medios impedir que la oficina auditora instalada en esa dependencia por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no efectuara la auditoria sobre el reclamo de indemnización interpuesta por Joaquín Cardoza.

Asimismo, hay evidencia física de cómo en tres oportunidades la junta directiva del Fondo Vial, luego de leer extensos informes técnicos sobre la demanda, que no procedía porque las conclusiones efectuadas por los especialistas en la investigación, señalan que las inundaciones en el proyecto habitacional no fueron producidas por las obras de mitigacion hechas por la empresa responsable, pues los terrenos eran inundables.

De acuerdo a lo informado y que consta en uno de los escritos del amplio expediente de auditoria, en este caso en particular, hubo “toda una conspiración” en la que particulares coludidos con funcionarios de Soptravi y Fondo Vial, estafaron al Estado al sacarle multimillonarias cantidades de dinero al recurrir a la tradicional técnica de las demandas que, en el caso Cardoza, suman más de 41 millones de lempiras.

También queda evidenciado que un reclamo sobre una inversión hecha en 2008, que no pasó, según elinforme de auditoria, que es de cinco millones 800 mil lempiras. Tres años después la empresa Técnicos Nacionales Asociados (Tecna), presenta demanda por supuestos daños al proyecto por 34 millones 324 mil 478 con 22 centavos.

merari

Según esos documentos, queda evidenciado cómo la entonces jefa de la oficina legal del Fondo Vial y ahora titular de la Dirección General de Servicio Civil, Merary Elena Díaz, intentó por todos los medios impedir que la oficina auditora instalada en esa dependencia por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no efectuara la auditoria sobre el reclamo de indemnización interpuesta por Joaquín Cardoza.

 

LOS DOCUMENTOS. La decisión de pagar la indemnización a la empresa Tecna, propietaria del proyecto “Isla Grande Resort”,  ubicada en la localidad de San Pedro de  Zacapa, Santa Bárbara, occidente de Honduras, la tomó el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Rodrigo Pastor y el secretario del Comité Técnico Vial, Óscar Lisandro Cruz Tróchez, mediante resolución CTVFV-04-2011 del 16 de marzo de 2011, un año antes que el presidente Porfirio Sosa separara del cargo a Miguel Pastor.

A pesar que ya existían dos resoluciones anteriores la resolución DEFV-01-2010 de mayo de 2010, dictada por la junta directiva del Fondo Vial y la resolución  CTVFV-02-2010, del 9 de septiembre de 20110 emitida por el Comité Técnico Vial, el secretario Miguel Pastor procedió a emitir la orden para que la secretaría de Finanzas pagara la multimillonaria cantidad de dinero al señor Joaquin Cardoza, propietario de Tecna.

El exfuncionario y dirigente del Partido Nacional, en el poder, se basó que las resoluciones anteriores no tenían validez porque habían sido tomadas por órganos que, según la ley, no tiene la potestad para tomar esas decisiones, se refería al Comité Técnico Vial, pero de acuerdo a lo que estipula el reglamento interno de este órgano, se creó la Comisión de Evaluación de Ofertas Económicas y Técnicas, que la preside el director ejecutivo del Fondo Vial con potestades para evaluar y adquirir bienes  y servicios.

HUGO

 

A pesar de estas advertencias, Miguel Rodrigo pastor y Hugo Alfredo Ardón, asi como el secretario Óscar Lisandro Cruz, procedieron a ordenar el millonario pago.

 

INFORME TÉCNICO. El 5 de marzo de 2011, o sea, 11 días antes que Miguel Pastor tomara la decisión de ordenar el pago de la indemnización, el ingeniero Julio Colindres, asistente  de Control y Seguimiento de Red Vial, entrega a la gerente técnico del Fondo Vial, Virginia Valle, un informe contentivo de 20 páginas en los que se señala que, técnicamente, no es posible que los daños causados al proyecto de Cardoza esté relacionado con las obras de mitigacion realizadas por la oficina de infraestructura de Soptravi.

Al abundar en detalles, Colindres precisa que las obras efectuadas en la carretera están a 2.5 kilómetros de distancia de donde se ejecuta el proyecto habitacional y achacan el problema a la situación climatologíca que prevalece la mayor parte del tiempo en la región del Lago de Yojoa, que es lluvioso y los terrenos son inundables.

El informe, entre otras, consideraciones concluye: “Que se quiere sorprender al Fondo Vial con este reclamo, para lo cual consideramos prudente instruir y girar copias las copias correspondientes de este informe técnico a los abogados del Estado como lo es a la Procuraduria de la República y a la señora Maria Antonieta de Bográn”.

Asimismo el informe de “Auditoria especial del Comité Técnico del Fondo Vial de enero del 2008 a diciembre del 2011”, referente al caso, en sus recomendaciones dice: “AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  TRANSPORTE Y VIVIENDA Y AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO VIAL. Desestimar el pago del reclamo presentado por la empresa Técnicos Nacionales Asociados S. DE R.L. (TECNA) a fin de evitar responsabilidades administrativas civiles y penales de parte de los organismos contralores del Estado y ademas erogar fondos indebidos conforme a la certificación emitida por esa dirección de fecha nueve de enero del 2012 por la cantidad de L.41, 543.109,59”. A pesar de estas advertencias, Miguel Rodrigo pastor y Hugo Alfredo Ardón, asi como el secretario Óscar Lisandro Cruz, procedieron a ordenar el millonario pago.

 

oda una red criminal que ha operado desde las instituciones públicas fue utilizada para drenar multimillonarias sumas de dinero, específicamente, del presupuesto asignado al Fondo Vial, durante la administración del entonces titular de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y vivienda, (Soptravi) Miguel Rodrigo Pastor, según investigación de este periódico.

Toda una red criminal que ha operado desde las instituciones públicas fue utilizada para drenar multimillonarias sumas de dinero, específicamente, del presupuesto asignado al Fondo Vial, durante la administración del entonces titular de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y vivienda, (Soptravi) Miguel Rodrigo Pastor, según investigación de este periódico.

 

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  • Ernesto 1 septiembre, 2016 at 8:57 pm

    Honduras mi patria querida que malos hijos has engendrado de tus entrañas! !

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