Jefa forense abusa de autoridad al filtrar a un diario datos privados de peligrosos reos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La directora de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, Julissa Villanueva, ha violado su ética profesional y puesto en riesgo centenares de expedientes donde se revelan información clave sobre los privados de libertad que se encuentran detenidos en penales de ultra alta seguridad construidos por el gobierno de Juan Hernández.

La filtración de datos que han sido publicados por un rotativo de Tegucigalpa, dejan en evidencia la falta de ética de Villanueva, quien debería tener en privado los datos e información personal de los privados de libertad, personas fallecidas y aquellos que ya son calificados como reserva como lo ordenan los artículos 2, 7, 9 16, 24, 26, 32, 33 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En consecuencia, la funcionaria ha proporcionado al rotativo información sobre exámenes, pruebas científicas y otras que son imputables al campo judicial y este extremo ha encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que se revelan información sobre quienes están privados de libertad en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, y Morocelí, en el oriental departamento de El Paraíso.

La información sobre la creación de un banco de datos, en particular, de registros dentales, según indagaciones hechas por este periódico, pudo salir desde la fiscalía de DDHH del Ministerio Público o de Medicina Forense, ya que fueron las dos entidades que intervinieron en el proceso de recolección de muestras dentales de los prisioneros, los que serán utilizados en caso de catástrofes que pudieran presentarse en los modernos presidios.

Con la implementación de esta tecnología –algo obsoleta en países desarrollados ya que migraron al banco de ADN– se evitarían problemas ocurridos en el pasado, como el tortuoso proceso de identificación de los 358 fallecidos en el incendio del penal de Comayagua en 2012 y otros que podría utilizados por la justicia como prueba científica que podría inculpar o exonerar al sospechoso de la comisión de un delito.

Las dos unidades especializadas del organismo acusador acudieron a las cárceles donde están los peligrosos reos, tomaron fotografías a la dentadura de cada uno de los privados de libertad y que deberían estar en un banco de datos para ser utilizados en cualquier caso, pero Villanueva, en una flagrante violación de la ética profesional y un claro abuso de autoridad,  cedió a una periodista la información que fue publicada en fecha reciente, pues ignoró que esa información ya es protegida por la ley y no puede ser divulgada.

Tales datos, según la investigación de ConfidencialHN se encontraban en un sobre sellado, por lo que no podían ser abiertos por personas no autorizadas.

No es la primera vez que la jefa de medicina legal se ve inmiscuida en escándalos que ponen en precario su reputación como funcionaria y deja al descubierto al desconfianza  hacia la entidad que dirige.  Asimismo, ha adulterado información sobre las causas de muerte de varias personas, entre ellas, un menor de edad, cuya muerte ocurrió por ahogamiento con su propio biberón y no por un trauma provocado por un golpe que le habría propinado su padrastro.

Otro de los casos que causó revuelo entre las organizaciones de derechos humanos e indígenas fue el crimen de Berta Cáceres, cuyo expediente fue filtrado y provocó el airado reclamo de los dolientes, quienes pidieron una comisión independiente que analizara científicamente en qué circunstancias fue ejecutada la líder ambientalista, según el examen balístico practicado a la difunta.

Asimismo, proporcionó datos a los medios sobre la condición de salud del recluido exdirectivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Benjamín Bográn, acusado de recibir sobornos, antes que el tribunal de sentencias que conoce la causa se enterara  de las mismas autoridades de Medicina Forense. Además, cedió información respecto a la ex vicepresidenta del Parlamento, Lena Gutiérrez, y dos días después era entregado al juez.

A la lista se suman  informaciones relacionadas con el asesinato de dos jóvenes en el occidental departamento de Santa Bárbara, quienes fueron halladas a inicios de este mes; y qué decir de las revelaciones hechas sobre la ex vicepresidenta del Parlamento Lena Gutiérrez, el fallecimiento de un joven en un hotel y una motosierra que fue utilizada para descuartizar personas.

MAFIA FORENSE. La falta de control en las autopsias que se realizan en la morgue, es aprovechada por varios técnicos en disección de cadáveres para apropiarse de objetos de valor que fueron documentados en el momento del levantamiento legal.

De hecho,  algunas revelaciones de fuentes que pidieron el anonimato, denunciaron el robo de fuertes sumas de dinero, prendas de valor y otros que portaban en vida los ahora occisos. “Una señora supuestamente extorsionadora transportaba una fuerte suma de dinero adherido a su cabello y se perdió luego que se le practicara la autopsia; lo mismo pasó con otra mujer que transportaba bastante dinero que lo llevaba pegado en el sostén…nadie dio cuenta de eso”, afirmó uno de los consultados por periodistas de ConfidencialHN.

De hecho, varios dolientes se han quejado que al momento que les entregan las pertenencias de su pariente no encuentran todo lo que portaban. En algunos casos, esta mafia enquistada dentro de la morgue ha hecho su modus operandi  la sustracción de dinero, pendientes, cadenas, relojes, anillos y otros que podrían contener ADN o pruebas científicas que servirían de ayuda a investigadores a dar con los responsables del crimen y a los jueces para dictar sentencias condenatorias contra los autores materiales e intelectuales.

Sin embargo, estas denuncias no han calado en la cúpula de Medicina Forense, pues están concentrados en otros asuntos que no necesariamente implican una mejora en la recolección de prueba científica que ayude a reducir la impunidad en uno de las naciones más violentas del mundo y cuyas ciudades (San Pedro Sula y Tegucigalpa) son calificadas como las más mortíferas.

DENUNCIAN INDIFERENCIA. Un grupo médicos legales que laboran en la morgue presentaron el pasado 26 de abril una queja formal ante el Colegio Médico de Honduras que son presionados para que emitan dictámenes de mala praxis cuya responsabilidad corresponde a forenses certificados y alertaron que pueden ser sujetos de reparos por la Procuraduría General de la República (PGR) o de persecución penal y administrativa.

Asimismo, denunciaron que el Ministerio Público jamás les dio la oportunidad de ser forenses certificados “antes que existiera la carrera de medicina forense, donde la mayoría de nosotros tenemos de laborar en esta institución en promedio más de 08 años consecutivos”.

Esta queja coincide con la revelación que un grupo de estudiantes de posgrado realizan las autopsias sin contar con los requerimientos legales que ya exige la ley.

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