Militarización, costos y mentiras

(Por Joaquín Mejía) A partir de este martes 4 de julio, la Policía Militar de Orden Público contará con dos batallones más que se suman a los ocho batallones existentes desde que se creara esta unidad militar en el año 2013.

Al igual que el resto, estos dos nuevos batallones cuentan con 500 miembros cada uno y tienen el apoyo logístico, armas, vehículos y todo lo necesario para operar. Esto implica que el presidente Hernández cumplió su promesa de tener 5 mil policías militares para el año 2017.

Sin embargo, la creación de estos batallones significa que el gobierno de Hernández continúa incumpliendo con un compromiso internacional que asumió frente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Ante dicho Comité, en julio de 2016 la viceministra Karla Cuevas anunció que en “la medida que la Policía Nacional fortalezca sus capacidades se producirá el repliegue de las Fuerzas Armadas en su apoyo a dicho cuerpo, proceso que dará inicio en el último trimestre del 2016”.

¿Sabe la sociedad hondureña cuánto cuesta mantener a este cuerpo armado en las calles? De acuerdo con un trabajo investigativo de Libertad Digital, equipar a un solo policía militar para sacarlo a la calle cuesta 10 mil dólares.

Lo más grave es que una patrulla de 8 militares y su carro gastan más que una escuela de 8 aulas, y un camión con 50 militares gasta más que un instituto de 1500 alumnos y alumnas.

A esto se suma el hecho de que el presupuesto de Defensa ha aumentado en un 161% entre 2006 y 2016, y solo de 2015 a 2016 aumentó el 23.8%, mientras que el de educación apenas aumentó un 9% y el de salud un 11%.

Además, de los 170 millones de lempiras que se recaudan mensualmente a costa de la tasa de seguridad, el 60% se destina a los militares, es decir, alrededor de 102 millones de lempiras que son gastados sin la debida transparencia y control.

Sin duda alguna, realizar este anuncio de desmilitarización ante un órgano internacional y hacer lo contrario, demuestra una vez más la hipocresía y desvergüenza de este gobierno que está dispuesto a decir lo que sea para quedar bien y al mismo tiempo continuar con sus planes militaristas.

Pero lo más grave es la férrea voluntad de Juan Orlando Hernández y su grupo de poder para fortalecer al ejército y subordinar el poder civil al militar, aunque ello implique una grave amenaza para la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

Como lo ha expresado el Comité contra la Tortura, preocupa “las informaciones que dan cuenta de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de tortura, cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales”.

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