Tribunal de Cuentas imputa a dos exfuncionarios por corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Exfuncionarios de la extinta Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD) incurrieron en malversación de fondos mediante la emisión de cheques a empresas y personas particulares que no cumplían con los requisitos para la contratación de servicios.

Un extenso informe de la denuncia 0801-2011-354 presentado en septiembre de 2016 por el Tribunal Superior de Cuentas, concluyó que autoridades de la entidad estatal  dirigida en su momento por Bernard Martínez incurrió en actos de corrupción.

Según la auditoria hecha por el organismo contralor señala que hubo “malversación de los Fondos Transferidos, del Presupuesto General de la República asignado a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes SCAD a la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, para su administración, según convenio de cooperación entre la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes SCAD y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI”.

De acuerdo a la investigación, el exsecretario de Cultura, Bernard Martínez; el ex subsecretario de Deportes, Godofredo Fajardo, incurrieron en responsabilidad penal ya que faltaron a sus deberes como funcionarios. Con relación a Fajardo, es quien tiene la mayor cantidad de señalamientos en su contra porque “autorizó pagos por diferentes conceptos a la Federación de Boxeo, de la cual es su presidente; firmó contratos con empresas sin facultad delegada por el Secretario de Estado (Martínez)”.

El TSC indica en el documento en poder del fiscal general Óscar Chinchilla que Fajardo tiene un parentesco por afinidad con la empresa Sport One “y le autorizó, pagos por supuestas compras”, por lo que incurrió en varias faltas que ya contempla la Ley de Contratación del Estado” que no pueden proveer bienes y servicios a oficinas públicas donde tengan parientes con cargos de decisión, entre otros.

Además, es señalado el exgerente administrativo David Armando Andino, pues “faltó a sus deberes como funcionario: Cuando autorizó y solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el pago de cheques a nombre empresas y personas naturales sin los requisitos de ley, así como la falta de garantías que protejan los recursos del Estado de Honduras; lo que derivó a una malversación de dichos fondos”.

Aparecen  mencionados en la investigación Allan Bernárdez, quien fungió como secretario general; Raúl Orlando Baltodano, como jefe de Modernización ya que sus nombres fueron enunciados en declaraciones juradas tomadas y aparecen vinculados en algunos pagos realizados. Otros funcionarios que no tienen relación laboral con la Secretaría de Cultura aparece el director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) Virgilio Paredes y Diana Izolda Nolasco y Roberto Medina como empleados de la Secretaría de Educación asignados como enlace con la entidad.

La imputación alcanza a varios empleados de la OEI ya que emitieron cheques sin documentación soporte y pertinente. Al existir pagos duplicados por diferentes conceptos y que la supuesta documentación original fue traspuesta, de un voucher de cheque a otro y hubo cobro de cheques anulado.

“Asimismo al examinar los cheques pagados y devueltos por el banco, el Tribunal Superior de Cuentas concluye que existen irregularidades por parte de empleados de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el manejo y administración de los fondos del convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y la Organización de Estados Iberoamericanos para los años 2010 y 2011. Lo anterior provoco actos contrarios y con indicios de Responsabilidad Penal”, afirma el TSC.

El Tribunal de Cuentas indica que los exfuncionarios de Cultura “solicitaron la emisión de cheques a nombre de empresas y personas naturales que no cumplían con los requerimiento, para la contratación de servicios y pago de servicios, construcciones, consultorías, la adquisición de implementos deportivos y otros bienes”.

La emisión de tales documentos, que también alcanza a los miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura (OEI), de acuerdo al convenio de cooperación, pues se realizaron trámites sin que existiera una documentación pertinente que debía contener cada solicitud de pago autorizado por los funcionarios de la SCAD.

Asimismo, se revela que hubo complicidad en el pago de los cheques por empleados de instituciones bancarias, por lo que todas estas irregularidades “dan indicios de responsabilidad penal, por lo que deberá remitirse al Ministerio Público, para que conforme a su análisis determinen si las irregularidades señaladas en este informe están tipificados como delitos en el Código Penal”.

De hecho, el expresidente del TSC, Miguel Ángel  Mejía, remitió el informe al fiscal general Óscar Chinchilla para que se profundice la investigación y se deduzcan las responsabilidades penales contra los exdirigentes de la institución que fue reducida por el gobierno de Juan Orlando Hernández a una dirección de cultura.

Entre los hallazgos hechos por el TSC, de acuerdo al informe al que accedió ConfidencialHN destaca que los pagos –que ascienden a 15 millones 102 mil 396 lempiras con 47 centavos– “en los cuales se observó que los voucher de cheques no poseen documentación que garantice la veracidad de la información por la que se realizó el pago, como algunos soportes correspondientes a propuestas para la prestación de un servicio que en su contenido es el mismo perfil del proyecto realizado por la Secretaría y hasta con la misma papelería membretada de la Secretaría (sic.)”.

“Falta de convenios y/o contratos firmados entre las partes, en la que establezca los derechos y obligaciones entre las partes tales como: condiciones, el servicio a prestar, plazos, montos, ubicación de proyecto, población meta a beneficiar; sanciones por incumplimiento y otra garantía que respalde al Estado por incumplimiento, del servicio pagado”, señala la auditoría.

Además, revela la falta de un informe pormenorizado con los resultados, visto bueno de los funcionarios o mandos intermedios de cultura que hayan supervisado el servicio prestado, en este caso, en la adquisición de implementos deportivos o suministros recibidos por empresas; también se evidencia en la documentación analizada que faltaba la copia de la cédula de identidad del representante legal de la institución pública o privada que recibe el cheque.

“Falta de listados de participantes, tipo de evento, programa o actividad realizada; falta íntegra de documentación soporte, voucher, solicitud de pago; recibos y facturas que no cumple los requisitos de Ley establecidos en el Código Tributario; facturas y recibos de una misma razón social con dirección y números de teléfonos diferentes”, revela el informe.

El equipo de auditores halló que hubo una considerable emisión de cheques a nombre de dos supuestas personas jurídicas diferentes, pero cobrados y pagados a nombre del mismo supuesto representante legal o propietario. También pudieron verificar “la existencia de cotizaciones, recibos, facturas, que no fueron extendidas por las empresas que en las mismas figuran; así como el sello es diferente al oficialmente por estas utilizado, nombres de personas que de acuerdo a confirmación no laboran para la empresas”.

Con relación a los cheques pagados y devueltos por las instituciones bancarias, se pudo constatar “la ausencia de algunos cheques pagados y devueltos por los bancos. La emisión de dos, tres, cuatro cheques de forma consecutiva y correlativa a nombre de una misma razón social ó persona Jurídica y por montos de más de ciento cincuenta mil lempiras cada uno, por consiguiente existe fraccionamiento en los pagos y sin garantía para el Estado del cumplimiento de los servicios a recibir”.

Se reportaron cheques cobrados “y según registro auxiliar de bancos como nulos; algunos cheques que no aparecen ni nulos, ni cobrados…registro de cheques por montos diferentes en los libros control de la SCAD y la OEI…y se logró constatar la supuesta usurpación de la razón social de algunas empresas mercantiles, fundaciones, organizaciones civiles y sociales y personas naturales”.

También se pudo constatar la participación de varias empresas conformadas por familiares de funcionarios de la extinta oficina estatal, las cuales no están registradas en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) ni en la desparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o el nuevo Servicio de Administración de Rentas (SAR), por lo que incurrieron en actos de corrupción a juicio del Tribunal Superior de Cuentas.

El informe de auditoría encontró que hubo pagos a “talleres, capacitaciones, que el mismo personal de la Secretaría realizó y en otros caso realizado de forma parcial por otra Institución pública del Estado. Pago de servicios que la Secretaría posee la logística para realizarlos…Pago a empresas que subcontrataron servicios, la diversidad de servicios que pagan a una misma empresas sin contar con estructura organizativa, capacidad instalada, constitución legal y registros para poder contratar con el Estado”.

En el drenaje de recursos, hay varios cheques a nombre de una empresa y se confirmó que solo un evento realizó. De igual forma, se registraron pagos de cheques a nombre de empresas y fundaciones, y se confirmó que no brindaron ningún servicio a la Secretaría de Cultura. También se generaron pagos por la cancelación de saldos de períodos anteriores sin la evidencia de los registros de control de saldos pendientes de pago por la Secretaría “(y en casos los soportes de los pagos corresponden a recibos y facturas con fechas de años anteriores y no con la fecha actual del pago)”.

Muchos de los recibos y facturas que no cumplen los requisitos como el pago del 12 por ciento del Impuesto Sobre Ventas, pues no se generó la retención del canon que ordena el Código Tributario.  Se reportaron pagos de cheques a nombre de terceros, por concepto de servicios de hotel y alimentación según documentación adjunta de facturas y recibos y hubo duplicidad de pagos, excesivos gastos por alquiler de vehículos, pasajes aéreos y compra de combustible.

El organismo auditor pudo determinar que los pagos de los cheques que se llevaron a cabo en el sistema bancario nacional “presenta irregularidades, entre ellas, que les falta el sello electrónico de caja, como registro en línea del cajero; cheques a nombre de personas jurídicas, depositados en cuentas bancarias a nombre de personas naturales; la mayoría de estos cheques fueron pagados en agencias bancarias, que de acuerdo a política institucional de estos bancos, los cheques de cuantía mayor a 30 o 50 mil Lempiras solo son para depósito”.

“Endoso que el número de identidad corresponde a otra persona y no el del beneficiario del cheque; pagos en efectivo con solo la descripción de los datos de registro de escritura pública de constitución y/o una firma sin la descripción de la persona que endosa el cheque o representante legal del beneficiario del cheque; y en él, caso el pago de cheques de personas jurídicas a personas naturales y, que por los montos solo pueden ser para deposito en la cuenta del beneficiario”, detalla uno de los hallazgos.

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