Lavado público de activos: Así hacen negocios Julieta y fiscal adjunto con empresa ligada al crimen

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La corrupción en el Hospital Escuela Universitario (HEU) fue silenciado de pronto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dirigido por Julieta Castellanos y los ilícitos que se cometen en el centro asistencial fueron declarados como “secreto de Estado”.

No obstante, las irregularidades en el HEU son evidentes y demuestran el contubernio de Castellanos con la dirección superior del centro asistencial para que la población siga creyendo que llegó la transparencia y que la falta de medicinas es por culpa del gobierno.

Esta investigación de ConfidencialHN permite analizar cómo se realizaron contrataciones con empresas vinculadas por las autoridades al crimen organizado, indolencia en esclarecer y pedir una exhaustiva investigación sobre casos de corrupción cometidos en otras administraciones.

A grandes rasgos, es una extensión de la compleja red de lavado de dinero cuya fachada son las entidades estatales quienes han ido creando fuertes nexos con empresas relacionadas con mafias y no les ha importado reparar la profundización del crimen a pesar que sus discursos hablan del combate al flagelo que ha provocado cuantiosas muertes en la población.

Asimismo, se revela los beneficios que se he la dado a poderosas droguerías, que ya no sólo venden fármacos vencidos o con bacterias, sino víveres a espectaculares precios y se reafirma el monopolio que pretenden mantener las farmacéuticas en el sistema hospitalario nacional.

CONTRATO CON LARES. En el caso de los contratos hechos por el HEU con empresas en proceso de confiscación por el Ministerio Público, se pudo comprobar que hay un contrato procedente de la licitación pública nacional LPN-08-2015-HE-SP, contrato 01/2015 LPN 08-2015-HE-SP firmado con la empresa Lares por cinco millones 107 mil 873 lempiras con 47 centavos.

En este caso, la empresa de seguridad Lares, propiedad de Ramón Mata Waldurraga, hijo del extraditado a EE.UU. Ramón Mata Ballesteros, se encuentra bajo control estatal ya que se lo acusa de una compleja red de lavado de activos junto a unas 49 empresas y propiedades.

En fecha reciente, el Ministerio Público explicó sobre el “extraño” movimiento de capitales a través de los negocios asegurados o confiscados a través del sistema financiero nacional. Entre las empresas que participaron en las transacciones calificadas como atípicas por el organismo acusador se encuentra Lares, que ha prestado seguridad privada al HEU.

La empresa, aparte de ser relacionada con lavado de activos por el Ministerio Público, es señalada de ataques contra pacientes, familiares, incluso contra diputados. Sobran los casos de brutales agresiones hacia personas que tiene que cuidar a quienes se encuentran bajo tratamiento en el HEU. Por estos incidentes, ha primado el silencio y, en el mejor de los casos, Castellanos ha dicho que los agresores fueron trasladados a otros lugares.

AUTORIDADES DE UNAH SE CALLAN. Ninguna autoridad del HEU ni de la UNAH se han pronunciado en torno al contrato firmado con la empresa señalada por pertenecer al crimen organizado. Este extremo demuestra la forma en cómo las mafias permearon estructuras gubernamentales; asimismo, por tratarse de una persona muy controvertida –Julieta Castellanos– y proclive a emprender campañas contra sus críticos para salirse con la suya, ha primado el silencio. Nadie ha dicho nada para no ser sujeto de los duros y extremos señalamientos que suele hacer la jefa universitaria.

Tampoco se han referido sobre este polémico contrato los acérrimos defensores de Castellanos, en particular, destacados miembros de sociedad civil, quienes han optado por defender a la cuestionada funcionaria por las flagrantes violaciones a derechos humanos, represión de la fuerza pública y bandas paramilitares y persecución judicial ordenada por ella misma contra los estudiantes que hacen duros señalamientos a su mandato.

Una fuente de confianza explicó que el Ministerio Público ya había documentado denuncias contra la empresa y la jefa universitaria tiene sus cuadros dentro del operador de justicia, por lo que “tienen relación con el fiscal (Óscar Chinchilla) y acceso a ver los expedientes de los casos más sonados como sociedad civil y no extraña ver cómo la defienden a capa y espada y no es de extrañar que de esa forma se haya dado cuenta que la empresa de seguridad Lares iba a ser requerida por la justicia y adelantándose les retiró el contrato”.

Aunque al revisar las bases de la licitación no indican que no se puede contratar los servicios de Lares por su supuesta participación en actividades ilícitas, pues deberían ser condenados o que un tribunal de alzada dejara en firme la resolución; no obstante, en sus apartados se puede leer que el representante legal firmó una declaración jurada en la que afirma que la empresa no está vinculada en lavado de activos o actividades ilícitas.

Reza una parte del documento: “HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona y mi representada no nos encontramos comprendidos en ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos”, cuyas penas alcanzan los 15 años de cárcel, en el caso que “adquiera,  posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen,  la  ubicación,  el  destino,  el  movimiento  o  la  propiedad  de  activos,  productos o instrumentos  que  procedan  directa  o  indirectamente de  los  delitos  tráfico  ilícito  de  drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto  o  robo  de  vehículos  automotores,  robo a instituciones  financieras,  estafas  o  fraudes financieros  en  las  actividades  públicas  o privadas,  secuestro,  terrorismo y delitos  conexos  o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.

NEGOCIOS PARA POCOS. Otros negocios que ha establecido la dirección superior del HEU está vinculada a oligopolios farmacéuticos, quienes con la venia del gobierno actual hacen cuantiosos y jugosos negocios el sistema de salud.

Para el caso, documentos que obtuvo este periódico señalan las licitaciones hechas por las autoridades para que empresas como Farmacéutica Internacional (Farinter) y Laboratorios Finlay han accedido a la venta de víveres (alimentos para pacientes) cuando, por buen sentido, deberían acceder a licitaciones para medicinas, insumos de quirófanos y otros equipos; en cambio, han entrado de lleno al negocio a fin de no soltar control sobre la provisión de bienes a la institución.

Las licitaciones públicas nacionales LPN 05-HEU-AY y las privadas LPR 07-2016-HEU-AV, indican que las ambas empresas vendieron comestibles bajo los contratos 127 y 128/2016 por un monto de 294 mil 276 lempiras. En otro documento, se puede apreciar que Farinter vendió medicamentos mediante la licitación privada LPR-08-2015 y contrato 03/2016 por 517 mil 335 lempiras.

En tanto, Finlay vendió alimentos por un 745 mil 294 lempiras, según el listado de licitaciones que tiene en su poder ConfidencialHN; asimismo, Farinter –de acuerdo a la licitación pública nacional LPN-05-HEU-AY– recibió 179 mil 939 lempiras. Las dos compañías vendieron al HEU frijol seco rojo, aguacates, tallarines, harina y otros.

Al analizar el dossier, se revela la codicia de ambas empresas farmacéuticas –propiedad de Karim Faraj y Jorge Canahuati Larach– por seguir teniendo jugosos y codiciosos contratos con el Estado hondureño porque saben que nunca quiebra y siempre hay dinero, pues a fin de cuentas, sale del bolsillo de los contribuyentes. Desde luego, todas las empresas pueden realizar actividades de lícito comercio, pero la codicia prima en los grupos de poder que se han dedicado a vender desde papel higiénico hasta multimillonarios contratos de energía térmica y renovable.

SEGUIRÁN LOS SECRETOS. No obstante, los secretos de Estado en el HEU seguirán vigentes por órdenes de la jefa de la UNAH, ya que desde que asumió la conducción del centro asistencial, se callaron las denuncias de corrupción. Nadie sabe sobre el vencimiento de fármacos y el rechazo que realizaran las autoridades a los proveedores en caso que estos se encuentren en mal estado.

Castellanos ha implementado “estrictos controles”, incluyendo el contrato con Lares, por la “ley del silencio” que comparte con el presidente Juan Orlando Hernández, pues, de acuerdo a los informantes, “son acuerdos de ayúdame que te ayudaré y así ha sido la relación de ambos. La rectora Castellanos no ha hecho denuncias ni de compras amañadas o sobrevaloradas que ha ocurrido en el Hospital Escuela Universitario.

CUÉLLAR TAMBIÉN FIRMÓ CON LARES. La infiltración del crimen organizado –tal como denomina el Ministerio Público a las empresas de Ramón Mata Waldurraga– también alcanzó al operador de justicia.

El fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar firmó el 23 de septiembre de 2013 un contrato con el representante legal de la empresa de seguridad, Eduardo Rodríguez Bustamante, un contrato de vigilancia las 24 horas del día en los edificios de Medicina Forense, una oficina regional, estacionamiento de la sede de la fiscalía general y el predio de vehículos incautados por un total de 275 mil 400 lempiras mensuales.

En total, Cuéllar contrató los servicios de 24 guardias de Lares por tres millones 304 mil 800 lempiras exactos, cuya vigencia fue entre el 16 de abril de 2013 hasta el 15 de abril de 2014, para un total de 12 meses, de acuerdo al documento que está debidamente firmado y sellado por el fiscal adjunto y el representante del proveedor de seguridad privada.

De esta forma, los guardias fueron asignados a la dirección regional del operador de justicia en San Pedro Sula; edificio de la morgue en la colonia Villas del Sol, sede de Medicina Forense y el plantel de vehículos incautados ubicado en la vecina localidad de San Manuel y el cobro por cada vigilante fue de 11 mil 475 lempiras mensuales.

Un dato curioso que halló este periódico es que el actual funcionario juró en el cargo la madrugada del 1 de septiembre de 2013 y la vigencia del contrato inició el 15 de abril de ese año, precisamente, cuatro meses y medio antes que tomara posesión del cargo junto a su jefe, Óscar Fernando Chinchilla.

El Ministerio Público no ha precisado si hay una investigación en curso para poder determinar si el número dos del aparato acusador tiene responsabilidad en la firma del contrato de prestación de servicios con Lares, aun cuando varias fiscalías venían realizando un trabajo desde hace buen tiempo para vincular a Mata Waldurraga con supuesto lavado de activos.

En caso que una investigación diera indicios de imputabilidad a Cuéllar, daría cumplimiento al artículo 25 de la Ley orgánica del Ministerio Público que establece que “el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto podrán ser objeto de investigación, en cualquier momento, por el Congreso Nacional o, cuando se formulen denuncias ante el Congreso Nacional en su contra o ante el Ministerio Público debidamente sustentada”.

“El Congreso Nacional, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, podrá investigar la conducta administrativa o ética de los funcionarios indicados en el párrafo anterior mediante la Comisión que se integre al efecto, y de resultar que han actuado con negligencia, ineficiencia o en contradicción a las reglas de la buena administración, se procederá en el Pleno del Congreso Nacional, a la audiencia pública respectiva para escuchar a él o los responsables a efecto de determinar su separación definitiva. Por el tiempo que dure la investigación, se procederá a la suspensión del ejercicio del cargo respectivo”, establece el apartado.

Sin embargo, la aplanadora bipartidista logró que en 2015 se bloqueara la destitución del fiscal adjunto ante supuestos actos de corrupción que penden en su contra, entre ellos, por haber recibido unos 280 mil dólares para frenar la investigación contra un empresario por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Por ese hecho, se encuentra preso el ex subsecretario de Recursos Naturales, Roberto Cardona, quien fue el mediador para que se consumara el hecho. Cardona enfrenta dos juicios por abuso de autoridad y corrupción.

About the author

Related

Loading Facebook Comments ...

JOIN THE DISCUSSION

error: Contenido protegido, comparta nuestras publicaciones en su red social de preferencia!