Certidumbres Peligrosas

(Por Víctor Meza) El actual proceso electoral, en plena marcha desde mucho antes de su arranque oficial, presenta varias características que le dan cierta singularidad y lo hacen diferenciarse en muchos aspectos de otros procesos electorales anteriores. Para los efectos de este artículo de opinión, nos ocuparemos de algunas de esas características, a sabiendas que son varias y multidimensionales.

Para empezar, la primera característica que hace diferente este proceso electoral es la que tiene que ver con la ilegal y arbitraria reelección presidencial. Por primera vez en toda la transición hacia la democracia, es decir en los últimos 37 años de vida política, el gobernante en funciones, sin siquiera renunciar al cargo, se presenta en calidad de candidato presidencial para asegurar el continuismo de su gobierno.

Es una maniobra ilegal, sin duda, que vulnera principios establecidos y muy fundamentados en la Constitución de la República, pero que expresa la voluntad omnímoda, vertical y autoritaria del gobernante. Esta primera característica desvirtúa de entrada el carácter legal del proceso electoral y vulnera sustancialmente su legitimidad política y social. Una segunda característica  sería la representada por la conformación de una amplia alianza de partidos y grupos de oposición al continuismo presidencial. Por primera vez, también, se organiza una coalición opositora con un claro propósito: impedir la reelección presidencial.

No es casual que la misma coalición haya adoptado el significativo nombre de ‘Alianza opositora contra la dictadura’. Esta circunstancia incorpora al proceso electoral un elemento adicional de crispación política y tensión social, a la vez que polariza en forma radical la lucha política entre reelección y no reelección, entre ilegalidad y legalidad, entre dictadura y democracia. Hay un tercer elemento que no por novedoso deja de ser importante: la influencia directa que tiene y tendrá cada vez más la acción judicial externa en torno al proceso electoral interno.

Me refiero, por supuesto, al inevitable impacto que han tenido y seguirán teniendo las confesiones en los tribunales norteamericanos de los cabecillas del narcotráfico extraditados a los Estados Unidos. Cada vez que hablan – y lo hacen cada vez con más frecuencia – revelan detalles, aportan datos y señalan pistas que permiten reconstruir la trama siniestra, el complicado ovillo de la narcopolìtica en Honduras. Aparecen nuevos nombres, junto a los ya conocidos, enlistados en los expedientes judiciales, signo evidente de vínculos extraños, indicios sugerentes de penetración indebida y colusión sospechosa con las redes del crimen organizado.

Por primera vez, también, el país cuenta con una ley que permitirá  husmear más a fondo en el intrincado y sospechoso manejo de los dineros públicos y privados en la financiación de los partidos políticos y sus campañas electorales. La llamada Ley de Política Limpia, a pesar de las mutilaciones calculadas que sufrió en los pasillos legislativos, sigue siendo y debe ser un buen instrumento para investigar las fuentes de la financiación y limitar en todo lo posible los flujos constantes del dinero sucio que emanan desde el submundo del crimen hacia las arcas de los políticos voraces e inescrupulosos.

Menuda tarea la que tienen los recién nombrados Comisionados de la Unidad Técnica para la supervisión y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos. Ya veremos si es cierto aquello de que los políticos no investigan a los políticos. Hay un elemento más que engrosa el laberinto interno de este proceso electoral: la peligrosa certidumbre de triunfo que rodea y contamina a los principales candidatos presidenciales.

Los tres están absolutamente convencidos de su inminente victoria y, por lo mismo, no están dispuestos a aceptar fácilmente una derrota. Quien no está preparado para perder, a lo mejor tampoco está preparado para gobernar. Esa certidumbre de triunfo conduce con frecuencia a la intolerancia y la descalificación pronta y grosera de los adversarios, genera un clima de convicción absolutista y autoritaria, produce crispación y confrontación riesgosa.

No es bueno para la democracia y la buena gobernabilidad. Desde el año 1980, punto de partida del proceso de transición democrática, los hondureños hemos acudido a las urnas en diez ocasiones. La del próximo noviembre será la número once. Casi una elección cada tres años, lo que de alguna manera ha permitido crear una cierta ‘cultura electoral’, es decir una costumbre, un conjunto de hábitos y cierta tradición, una especie de ‘manía cívica’ para participar en las campañas electorales y ejercer el sufragio un domingo cualquiera del mes de noviembre cada cuatro años.

Pero cultura electoral no siempre quiere decir cultura democrática. La primera puede existir a medias sin el total auxilio de la segunda (las dictaduras suelen celebrar elecciones con resultados previamente acomodados), pero la segunda jamás puede existir sin la primera. No lo olvidemos.

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