Hondureños pagaron 15 mil millones por fallida Tasa de Seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Por Brayan Flores) El sistema bancario de Honduras es el principal beneficiario de la crisis que padece el Comité Ténico del Fideicomiso o Tasa de Seguridad ya que recibe jugosas tasas de interés por el simple hecho de prestar fuertes sumas de dinero para el equipamiento de las fuerzas de seguridad en el país más violento del mundo.

En esta serie de trabajos de investigación que emprende a partir de hoy ConfidencialHN, usted se enterará cómo pocos y privilegiados bancos han engordado sus beneficios a partir de un cuestionado fideicomiso amparado en la nefasta Ley de secretos oficiales de 2013 y el despilfarro de multimillonarios recursos que provienen del público y que beneficia a la industria armamentística, negocios vinculados a corrupción, entre otros.

Desde que se constituyó el denominado Tasón en 2011, el dinero ha fluido a raudales por las bóvedas de los bancos y vendedores de equipo policial y militar, sin que hasta el momento haya influido en una eliminación total de la criminalidad en la región, considerada por las narcomafias como ‘hub logístico’ para enviar toneladas de estupefacientes a EE.UU. y la creciente violencia que ha sido “aplacada” por los medios tradicionales y pro oficialistas.

En la documentación en poder de este periódico demuestra de forma fehaciente que el Banco Ficohsa ha sido el principal beneficiario con los préstamos que realiza de forma periódica al Tasón porque recibe de forma religiosa un 16 por ciento de interés anual, cuota significativa que hace rentable y sostenible prestar plata al Comité Técnico.

En el caso de Ficohsa, de acuerdo a datos oficiales, prestó al Comité mil 762 millones 500 mil lempiras a una tasa de interés que oscila entre el 15 y 16.5 por ciento y le dejó alrededor de 264 millones 375 mil lempiras por el total del monto que aún sigue pagando la población a través de la Tasa de Seguridad.

Sólo en julio anterior, el banco propiedad de Camilo Atala, recibió sólo por tasa de interés dos millones 921 mil 307 lempiras. Al 31 de julio anterior, los hondureños debían a la banca nueve millones 168 mil lempiras por este concepto. Al 31 de diciembre, el sistema financiero habrá recibido 110 millones 025 mil 382 lempiras con 32 centavos por el dinero que prestó para la compra de equipo y tecnología que poco ha servido para frenar la delincuencia y criminalidad.

COMPULSIÓN POR LOS PRÉSTAMOS. De hecho, la compulsiva solicitud de préstamos a la banca se convirtió en una maña para el gobierno de Juan Orlando Hernández y una oportunidad fabulosa para los banqueros de obtener más dinero, que llegó al extremo de hacer sobregirar las cuentas que son administradas por representantes del Ejecutivo y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El diciembre de 2015, el representante del Cohep ante el Comité, Juan Ramón Molina, explicó que por los “proyectos a gran escala” que realiza el Ejecutivo nacionalista, por lo que se sobregiraron en unos mil 500 millones de lempiras.

Asimismo, admitió que por más recursos que inyectaran al fideicomiso, pues es imposible bajar la escalada criminal ya que, a su juicio, “en los últimos 20 años la sociedad hondureña perdió el sentido del valor de la vida y que en ese periodo no se invirtió en las familias y en la educación y por eso alguna generación asesinan para resolver los problemas”.

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), alertó en 2015 sobre el uso discrecional de los recursos de la Tasa de Seguridad bajo la dirección del todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por Juan Orlando Hernández, quien decide cómo se dirigirán los fondos y quiénes serán los beneficiados.

“Es así, que mediante el decreto # 222-2012, publicado el 24 de enero de 2013 en la Gaceta N°33033, se autoriza al Consejo para instruir al CTF (Comité Técnico del Fideicomiso), a realizar compras y ejecutar inversiones no contempladas en los planes de ese Comité. Eso deja sin efecto el artículo 4 de la reforma que se había introducido en diciembre del 2011, mediante Decreto # 199-2011, publicado en La Gaceta # 32,685, en el sentido de que las compras y adquisiciones que se realizaren con cargos al fondo de la TSP, deberían ser efectuados en apego al plan de compras y adquisiciones aprobado por el Comité Técnico”, reveló en su momento la organización civil.

No obstante, los compromisos del Tasón son una peligrosa carga financiera para el bolsillo de los ciudadanos. Y es que una reforma que denunció Cespad hace unos años sobre la Ley de Fideicomiso que autoriza al Comité Técnico “a contraer endeudamiento con instituciones del sistema financiero nacional o internacional. También delega al Coordinador de dicho Comité, la negociación de las tasas de interés, mientras que los montos, plazos y demás obligaciones son atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad. Esto ha permitido al comité contraer una importante deuda interna de aproximadamente un 25% del total recaudado desde su creación en julio de 2011.

Aunque Molina se jactó de las multimillonarias inversiones que se han hecho con la Tasa, a la fecha, algunos proyectos que debieron realizarse con los recursos captados del público se encuentran paralizados o son inexistentes. Informes aclaratorios publicados en los primeros ocho meses de 2017 confirman que no se realizaron inversiones físicas en instalaciones policiales u otras edificaciones, por lo que desmiente la versión estatal sobre “logros” alcanzados por Juan Orlando Hernández.

CHEQUERA EN BLANCO. En otras palabras, Hernández tiene el Tasón como una suerte de chequera en blanco, ya que pueden hacerse compras sin necesidad de supervisión, pues la nefasta ley indica que el Ejecutivo es quien toma las decisiones y los demás entes, como el Poder Judicial, Ministerio Público, se limitan a asentir cualquier dictado que emane el gobernante con relación a los recursos.

Es así que hasta el 31 de julio anterior, de los 15 mil 345 millones 641 mil 287 lempiras con 85 centavos, el 70 por ciento fue destinado a las secretarías de Defensa y Seguridad; el 17 por ciento fue asignado a la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado y un ocho por ciento fue apenas orientado a labores de fortalecimiento de la aplicación de la ley a través del Ministerio Público y Poder Judicial.

Para labores de defensa y seguridad, las FFAA recibieron cuatro mil 691 millones 343 mil 689 lempiras con seis centavos; en tanto, la Policía Nacional accedió a cuatro mil 910 millones 605 mil 211 lempiras con 84 centavos. Por cada día de operación de los aparatos de seguridad que están agrupadas en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), gastaron 41 millones de lempiras mensuales.

Actividades relacionadas con el fortalecimiento de las municipalidades y proyectos de prevención, no superaron el cinco por ciento de las asignaciones realizadas por el Consejo de Defensa y Seguridad. Sólo para “prevención” apenas se destinó un poco más de 767 millones de lempiras y la misma cifra la obtuvo el organismo acusador dirigido por Óscar Chinchilla.

Una proyección que efectuó ConfidencialHN del gasto efectuado por la Operación Morazán desde el 27 de enero de 2014 hasta el cierre de este reportaje, arroja un total de mil 804 millones de lempiras. En cambio, los resultados de prolongado operativo han sido escasos en comparación con la elevada cifra de muertos que se siguen registrando en el país y que superan la barrera de los 52 mil asesinatos, según el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

FORTALECER LA JUSTICIA, ¡FALACIA! Desde la perspectiva de “fortalecer a los operadores de justica” ha sido una falacia porque aún no existe una poderosa investigación criminal que ayude a prevenir el delito y dé un merecido castigo a los transgresores de la ley. No existe a la fecha –a pesar de haberse creado la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)– los recursos necesarios orientados a profundizar el combate al a violencia y criminalidad.

Además, se suma la escasa o nula efectividad de la purga a gran escala que realiza la junta depuradora policial y la remilitarización de la seguridad ciudadana que ha arrojado en la preferencia de Hernández por las FFAA que se traduce en nuevas unidades destinadas, supuestamente, a combatir el crimen, pero los resultados, como siempre, han sido pobrísimos.

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