Sistema de derecho y sistema de impunidad

Guatemala es escuela de civismo y de cómo debe operar el sistema del imperio de la ley.

Los guatemaltecos se lanzaron a las calles para manifestarse en contra de los abusos de su presidente, a quien eligieron para sustituir al que resultó ser uno de los presidentes más corruptos. La víctima de los abusos presidenciales no es un guatemalteco, es un extranjero. Un extranjero que lidera un organismo que encarna la esperanza del pueblo guatemalteco de romper las cadenas de la impunidad. Es la esencia misma del Estado de Derecho, la que está en juego en la crisis guatemalteca. Y el pueblo guatemalteco lo sabe.

Permitir que el presidente se salga con la suya, en este caso, supone el triunfo del sistema de impunidad. Declara, cínicamente, hacerlo por la patria, cuando es de público conocimiento que lo hace para evitar que avance el proceso iniciado en su contra por corrupto. Torpemente, porque sus irracionales acciones provocaron que la institucionalidad y la sociedad civil guatemalteca, cerraran filas alrededor de la defensa del imperio de la ley, a la que se ha sumado la comunidad internacional. ¡Qué solo luce el histrión!

Es un ejemplo tan vecino a nosotros y tan similar a lo que aquí ocurre, que es difícil sustraerse de la necesidad de establecer comparaciones. En ambos casos, se trata de la lucha entre el Estado de Derecho y el sistema de impunidad. No es nada fácil. Se trata de enfrentar la concepción histórica de la autoridad: el poder es para hacer lo que nos venga en gana. Aunque ningún candidato reconoce que ejercerá el poder arbitrariamente, salvo casos de inestabilidad emocional (como los que declaran públicamente que al Presidente no se le investiga o que ningún documento firmado antes de su investidura tiene validez), lo cierto es que, una vez en el poder, la mayoría lo ejerce abusivamente.

En medio de su irracional y abusivo comportamiento, Morales, sin embargo, se somete a la decisión judicial que suspende el acto abusivo. Su falta de lucidez, no le impide entender una regla básica del Estado de Derecho, el respeto a las decisiones de los tribunales.

El sistema de pesos y contrapesos funcionó. La Fiscalía, con el apoyo de la CICIG, acusa al presidente de financiamiento ilícito de su campaña y este responde expulsando al jefe de la CICIG; infructuosamente, porque el procurador de los Derechos Humanos logra que la Corte de Constitucionalidad ampare a la víctima del abuso presidencial. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia se apresta a conocer la solicitud de antejuicio contra el arbitrario presidente, para habilitar la competencia del Congreso para pronunciarse sobre el retiro de la inmunidad presidencial. Es de suponer, por las pruebas presentadas, que el más alto tribunal del Poder Judicial, decidirá como lo hizo en el caso de Otto Pérez.

Repare el distinguido lector, cuáles son las autoridades que participan en este proceso en contra del bufón que ejerce la presidencia en Guatemala. El procurador de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, equivalentes a nuestro Comisionado Nacional de Derechos Humanos, MP, Sala de lo Constitucional y Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

La denuncia contra el presidente guatemalteco, es similar a la que, supuestamente, investiga el MP, según lo informado por el vocero de la MACCIH (¿creerá en lo que dijo?), con una diferencia. En ambos casos se trata de financiamiento ilícito de la campaña electoral, pero, en el caso de Morales, no se discute la procedencia del dinero, sino haber ocultado el financiamiento; en el caso hondureño, se sabe (hay una confesión pública de por medio) que el dinero proviene del saqueo del IHSS; en otras palabras, ¡el dinero, que debió ser utilizado para medicinas, equipos médicos, sirvió para financiar la campaña presidencial! Las lágrimas de los que perdieron seres queridos o los ven languidecer por las carencias de la seguridad social, constituyen la prueba irrefutable del hecho criminal.

La diferencia entre el sistema de derecho y el sistema de impunidad, se encuentra en el funcionamiento de las instituciones. Si funcionan, tiene plena vigencia el sistema de derecho; si no funcionan o son disfuncionales, impera el sistema de impunidad. Ahora bien, distinguido lector, qué respuesta daría usted a los interrogantes siguientes: ¿Confía usted en que nuestras instituciones actúen como las de Guatemala? ¿Cuál sería el destino del jefe de la MACCIH, de encontrarse en la misma situación del jefe de la CICIG?

¡Por eso, justamente, es necesario y urgente reconstruir el Estado de Derecho!

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