Congreso de Guatemala rechaza despojar inmunidad a Morales

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) El Congreso de Guatemala rechazó el pedido de levantar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2015.

“Solo 25 diputados votaron a favor de levantar inmunidad al Presidente en una sola votación, 104 lo respaldaron”, informó la plataforma Guatemala Visible, que transmite en vivo los debates parlamentarios.

Una comisión pesquisidora entregó el 11 de septiembre al pleno del Congreso un informe recomendando que se levantara la inmunidad a Morales, pero para que tal medida fuera efectiva se necesitaban 105 votos del Congreso, que tiene 158 escaños.

Morales está acusado de presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de 2015, cuando era secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con el que ganó las elecciones.

El presidente de la comisión pesquisidora, el diputado Julio Ixcamey, de la Unión Nacional de la Esperanza, dijo el lunes que se pudo comprobar que Morales fungió como secretario general del FCN entre 2013 y 2016 y señaló que “existe la posibilidad de contribuciones no registradas a favor” de ese partido.

“FCN presentó informes contables, parciales, [en] mayo 2015 y durante el período electoral no lo hizo”, señaló Ixcamey al presentar el informe al resto de diputados.

Sin embargo, Ixcamey también señaló que la comisión “no habría comprobado la participación directa del presidente Jimmy Morales”, y aclaró que si bien él consideraba que sí “hubo financiamiento ilícito”, los otros cuatro integrantes de la comisión — Juan José Porras, Gabriel Heredia, Alicia Beltrán y Eva Nicolle Monte Bac- opinaron lo contrario, según publicó el diario Prensa Libre.

El pedido de antejuicio a Morales fue presentado por el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que buscaban investigarlo.

La solicitud fue enviada en primer lugar a la Corte Suprema de Justicia, que decidió darle trámite, pero la palabra final la tenía el Congreso.

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