Consorcio del crimen operó para instalar en la presidencia a Juan Orlando (PARTE I)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La constitución de una trenzada red de mafiosos, narcotraficantes y funcionarios codiciosos permitió que se movilizaran multimillonarias cantidades de dinero para fabricar una acaudalada y virulenta campaña política que permitió la llegada de Juan Orlando Hernández al gobierno de Honduras.

Esta denominada Red criminal que asaltó el poder o un heterogéneo clan corrupto realizaron pactos, acuerdos y tratados que logró que Hernández, mediante un monstruoso fraude, ganara los comicios y, obviamente, debería devolver los favores y permitir que el crimen operara de forma impune en el país.

En este primer trabajo que realiza ConfidencialHN se demuestra cómo fluyeron recursos saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a través de empresas de maletín hacia la campaña del Partido Nacional y que Radio Globo denunció en 2015, el asalto al programa presidencial Vida Mejor, los principales operadores que recolectaron el dinero y que lo drenaron para disipar cualquier sospecha y el jugoso aporte que hizo el narcotráfico a favor del actual candidato a la reelección.

Para saber la manera en que se constituyó este consorcio del crimen se debe explicar que hubo una preparación de las estructuras que operarían a la sombra, bajo las órdenes de cuadros de confianza del presidente Hernández; los enlaces que establecieron con el narcotráfico para cobrarle “peaje” y permitirle el tránsito de estupefacientes a EE.UU., y la forma en cómo se disfrazaron los ingresos a la campaña bajo la fachada de “aportaciones”.

A pesar de los señalamientos en contra, el Ministerio Público poco o nada ha hecho por investigar estas acusaciones sobre la trama. El fiscal general Óscar Chichilla, no se ha pronunciado, precisamente, sobre los cerebros del saqueo a las instituciones estatales que ha venido ocurriendo durante los últimos años.

LOS CEREBROS DEL SAQUEO. Dentro de la megaestructura criminal se encuentra el matrimonio compuesto por Marco Tulio Hernández Matute, sobrino del actual jefe de Estado, y su esposa, Ivelis de Matute, quienes fueron los principales operadores para la canalización de recursos en beneficio del nacionalismo. Hernández Matute es hijo de un hermano del mandatario actual; su padre está casado con una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Elena Matute de Hernández, otra de las figuras que se encuentra dentro del organigrama. La exmagistrada perteneció a la Sala Civil.

La mafia pública que apoyó el cuestionado gane del actual mandatario, tuvo como cabeza de puente a estas dos personas, sobre quienes pesa la compleja maquinaria que ha drenado multimillonarias cantidades de dinero que fueron usados para colocar a Hernández como titular del Ejecutivo.

En este profundo esquema de corrupción, participaron varias Organizaciones no Gubernamentales (oenegés) y asociaciones como la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh), quien se prestó para lavar dinero procedente del Estado. Además, vuelve a aparecer el nombre de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Cynthia Marina (Fundecima), cuyos miembros son afines al presidente Juan Orlando Hernández y que tienen un oscuro pasado.

En 2012, estuvieron involucrados en un escándalo respecto al decomiso de un vehículo que conducía Suyapa Arámbarri, esposa exdiputado nacionalista Héctor Tito Guillén, pues transportaba un millón de lempiras en unas bolsas, cuyo destino no pudo justificar. Este caso fue asignado a la fiscalía contra el crimen organizado.

Otro de los operadores en el amplio esquema de corrupción es el ex subsecretario de Salud, Francis Contreras, quien fue enviado a otro cargo, siempre orientado a apuntalar la red para beneficiar los intereses del partido en el gobierno. Tras una larga investigación hecha por fiscales, se concluyó que Contreras, en efecto, ha participado en escándalos de corrupción y tiene vínculos con empresas Off shore con sede en Panamá y que sirvieron para drenar recursos de la Secretaría de Salud.

A la fecha, no se la librado requerimiento contra el controvertido nacionalista. En la actualidad, está centrado en los negocios relacionados con el sistema de salud pública para favorecer intereses particulares.

INCLINACIÓN AL ROBO. Un dossier de documentos demuestran mediante constancias de entregas de dinero, estados financieros, balances generales y otros que apuntan hacia el círculo de confianza o inner circle del titular del régimen nacionalista. Es así que se logra armar el complejo rompecabezas a través del saqueo de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento (Idecoas), Instituto Nacional de Estadíastica (INE), Secretaría de Salud –en donde se aplicó la oscura técnica de contratos fraccionados– y cuyos recursos fueron usados para la campaña de 2013.

Sin embargo, la punta del iceberg seguirá siendo el IHSS ya que dejó en evidencia la megatrama corrupta y cuya irresponsabilidad causó la muerte de unas 2,888 personas, de acuerdo a fuentes creíbles. Sobre el saqueo a la entidad, un recibo de ingresos, fechado el 25 de noviembre de 2013, o sea, un día después de las elecciones, está registrado a nombre de la comisión de campaña del partido en el gobierno y cuyo sello se encuentra estampado, certificó que recibió de Corporación Metrópolis cuatro millones de lempiras, por “aportación a la campaña presidencial” y que la ayuda fue entregada en efectivo, de acuerdo a una marca que fue consignada en una de las casillas del documento.

Metrópolis fue una de las empresas que participó en el fraude al IHSS y sus socios Gabriela María Laínez Reina y Marco Antonio Jaén Velasco, contribuyeron al Partido Nacional, al igual que otras empresas que se prestaron al movimiento irregular de capitales hacia el organismo político que ha realizado, en las últimas dos contiendas, espectaculares campañas proselitistas en beneficio del actual candidato-presidente.

Además, en el contexto del grandísimo acto de corrupción, resultó beneficiado el actual vicepresidente Ricardo Álvarez a través de la entrega de “préstamos” hechos por los Tetos –organización compuesta por Óscar Laínez y Jorge Daniel Herrera y socios de la empresa CA Technologies–, de acuerdo a un balance general, revela que se le entregó un millón 500 mil lempiras exactos.

Asimismo, en una cuenta de pérdidas y ganancias generadas entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, elaborado por CA Technologies, establece que a través de las cuentas 81, 810, 81001 y 81001001, en el renglón de contribuciones a la campaña del Partido Nacional y a nombre de Juan Orlando Hernández, se asignó un monto de 2.4 millones de lempiras y que fueron incluidos en una cuenta denominada “gastos no deducibles”.

Un memorándum firmado por el exjefe de compras del IHSS, José Zelaya, firmado el 11 de febrero de 2013 y al que tuvo acceso este periódico ordena tanto a Corporación Metrópolis, Inversiones Novaterra y CA Technologies que se pongan en contacto con la comisión de campaña del Partido Nacional para realizar sus aportaciones al anterior proceso electoral. De igual forma, la citación se le giró a Gabriela Laínez Reina para que se pusiera al día con las contribuciones para hacer ganar a Hernández.

Otro documento, fechado el 20 de noviembre de 2013, siempre firmado por el exfuncionario, ordena a Laínez que de inmediato realice el traslado de un costoso apartamento a un alto funcionario del gobierno anterior. Desde luego, la tónica durante la gestión de Mario Zelaya al frente del IHSS fue pedir a los que participaron en el colosal saqueo que destinaran los fondos al partido oficialista, a fin de borrar cualquier huella de la ruta que siguió el dinero y que hizo descalabrar los estados financieros de la institución pública. Cada empresa que sustrajo dinero del IHSS, trasladó mediante la emisión de incuantificables cantidades de cheques los montos que ayudaron a financiar la multimillonaria campaña de 2013.

Para que esta estructura se pudiera constituir, los autores intelectuales y operadores echaron mano de viejas amistades para crear una especie de “brazo civil”  y otras que aprovecharon el manto de impunidad para entrelazar canales de conducción de dinero y cuyos cheques, en poder de las autoridades y que fueron revelados por Radio Globo en 2015, fueron endosados a nombre de la todopoderosa campaña azul. Sólo por esta parte, hay una estimación cercana a los mil 400 millones de lempiras que llegaron a las filas azules.

WILTER, EL GRAN FINANCISTA. Desde el crimen organizado, en particular, el narcotráfico, se aportó una fortísima suma de dinero que supera los mil millones de lempiras y cuyos capos se convirtieron en los verdaderos donantes para que el nacionalismo arreciara con pompa y oropel toda la campaña general anterior. La información a la que tuvo acceso este periódico revela que entre los financistas se encontraba el capo de la droga Wilter Blanco, extraditado desde Costa Rica a EE.UU. hace varios meses y fue condenado a una larga pena de cárcel.

Ese tipo de acercamientos le dieron, de forma temporal, un blindaje a Blanco, otrora jefe del Cártel del Atlántico, que le permitió mover toneladas de droga por corredores libres de cualquier obstáculo que le impidiera hacer “negocios”. De hecho, el capitán dado de baja de las FFAA, Santos Rodríguez Orellana, confesó que un miembro de la agencia antidroga de EE.UU. (DEA) le exigió que entregara a Blanco y a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual gobernante por nexos con el narcotráfico y por pretender atentar contra el exembajador norteamericano James Nealon.

El exmilitar narró su viviencia que tuvo con el agente antidroga, con quien se cruzó acusaciones sobre los señalamientos en su contra en un encuentro que sostuvo en la sede diplomática de EE.UU. en la capital de Honduras en octubre de 2016. Rodríguez Orellana reveló que “no era para darme información, sino para cuestionar que iba a realizar un plan con explosivos para matar al embajador de EE.UU. y que ese plan lo paga Tony Hernández, Wilter Blanco, Fredy Mármol y un tal (Roberto de Jesús) Soto y que soy narcotraficante y que la droga viene de allá. Si no entregaba a Tony, me iba para EE.UU., que iba a tener problemas y que si no (colaboraba) al día siguiente iban a publicar mi nombre en los medios”.

El exoficial aseguró que EE.UU. lo acusaba porque decían que “trabajaba con Wilter Blanco, con un narcotraficante de Venezuela que mandaba el cargamento de drogas a mi nombre y les dije que me presenten pruebas de si alguna vez he hablado con ellos. Tengo fuentes y puedo dar fe de eso”. “Conozco a gente vinculada al tráfico de estupefacientes por los informes que recibía de los confidentes y me preguntaron si los conozco pero ustedes creen si esa gente en algún momento me han dado dinero. Me pueden investigar lo que tengo y me dijeron que declare contra el hermano del presidente por el intento de matar al embajador estadounidense y no conozco ningún plan de ataque… y me dijeron que si no cooperaba con ellos, ‘mañana publicamos tu nombre y lo publicaron’”.

Las imputaciones contra Tony datan de varios años, en particular, porque fue el apoderado legal de los colombianos Rubén Pinilla y Fredy Roldán Jiménez, quienes fueron dejados en libertad, a pesar que el Ministerio Público presentó evidencia que ambos tenían en las montañas del occidental departamento de Lempira un narcolaboratorio, donde producían opio, marihuana, heroína, morfina y amapola para trasportarla a EE.UU.

¿Y LA CAJA FUERTE? Curiosamente, durante esta coyuntura, una caja fuerte confiscada en 2014 a los hermanos Arnulfo y Luis Valle Valle, desapareció de la cadena de custodia del Ministerio Público. Esa caja fuerte contenía un cuaderno que guardaban celosa y secretamente los capos y cuyos nombres ahí apuntados que, en caso de ser revelados, causarían un terremoto político de proporciones inesperadas.

La actual jefa antidroga, Soraya Cálix, admitió la existencia de una cuantiosa información proveniente de la caja fuerte de los hermanos Valle y apenas se limitó a responder a la pregunta formulada por este periódico que “se está investigando”. “No podemos decir ningún dato sobre lo que decían los documentos porque eso está en un proceso, no podemos presentar documentación que puede ser evidencia, esa evidencia se presenta al juez y hasta después pueden hacer públicos”, explicó. Recordó que la unidad de investigación sensitiva de la policía dijo que encontró una caja fuerte en 2014, “esa caja tenia documentos dinero, y esa caja está en la fiscalía”. Además, la zar antidrogas aseguró que en “la cajita pequeña habían 11 mil 600 dólares, y documentos sobre adquisiciones de bienes, constitución de sociedades y contratos privados”.

En esta primera entrega, tanto el brazo civil como el crimen organizado, aunque operaron de forma autónoma, los dos tuvieron un objetivo en común: colocar a Juan Orlando en la presidencia de Honduras.

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