Impunidad: Sólo una persona ha sido condenada por atacar a defensores de DDHH

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las violaciones a derechos humanos en Honduras se convirtieron en una nefasta política de Estado ya que apenas se ha condenado a un miembro de la fuerza pública por agresión a defensores de la vida, de acuerdo a la documentación que accedió este periódico.

El informe remitido a Jacobo Santos, jefe de la unidad de delitos varios de la Fiscalía Especial de DDHH del Ministerio Público, revela que apenas una persona fue condenada por haber agredido a defensores y ha sido la única registrada por la unidad desde la consumación del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En el documento estadístico, demuestra que 2013 y 2016 fueron los años donde hubo masivos ataques contra personas dedicadas a la defensa de los derechos de la población con un total de 44 y 51 denuncias, de manera respectiva. 

Asimismo, la cantidad de requerimientos fiscales contra agentes estatales vinculados en agresiones a este segmento fue casi nulo. En total, entre 2010 y el año anterior, apenas hubo tres; en 2011 se registraron dos y en 2013 solamente uno. Es decir que el 99 por ciento de los casos que fueron denunciados ante la fiscalía de DDHH jamás llegaron a los tribunales y, por tanto, se fomentó la impunidad.

Respecto a la cantidad de fiscales asignados a la unidad especial de atención a defensores de derechos humanos, ConfidencialHN supo de primera mano que apenas dos fiscales se encargan de procesar la información y “no se cuenta con con el apoyo de agentes de investigación”.

Resulta hasta irónico que esta dependencia adscrita al Ministerio Público no tenga un cuadro estadístico de los casos que son atendidos por los fiscales. En la nota dirigida a Santos por Bertha Yariela Bonilla, asignada a esa fiscalía, mandó a decir que “los datos estadísticos plasmados en el presente informe del año 2010 a 2014 fueron obtenidos por compañeros fiscales debido a que no existe una base de datos en el que se espeficique la información requerida.

Sobre el tema, el exfiscal de derechos humanos y actual director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, explicó en entrevista con Radio Globo que la impunidad que prima en la fiscalía especial que dirige Soraya Morales “podría costarle el cargo” ya que no ha podido hacer justicia a defensores agredidos por las fuerzas de seguridad.

“Esto implica la destitución de la fiscal Soraya Morales en este momento. Desde 2010 a la fecha existe una sentencia condenatoria. ¿Por qué el sistema es tan eficaz para perseguir a ciudadanos y ciudadanas que se les violenta la inocencia y cuando son policías y funcionarios, ahí están los resultados del Ministerio Público en siete años?”, cuestionó Tábora.

Detalló que la única condena contra un miembro de las fuerzas de seguridad ocurrió en 2014 y en el documento “dice cero, cero, cero”.

El exfiscal rememoró que el día que tomó posesión Morales del cargo, llegó a su despacho el cuestionado exjefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla, “que los estábamos investigando y lo primero que hizo ella fue abrazarlo para mandar un mensaje a los miembros de la fiscalía que a esa persona no había que tocarla”.

Esta revelación ocurre luego que la ONU denunciara que Honduras fue incluida en una lista de naciones que agreden de forma brutal a defensores de derechos humanos.

El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, presentó un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el que da cuenta de represalias e intimidaciones contra activistas que van desde la prohibición de viajes a la congelación de activos, la detención o la tortura.

El documento menciona a 29 países donde se han documentado casos de represalias e intimidación, lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados.

Se trata de Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.

“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.

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