Claudio Aguilar: El perfil de un juez lisonjero y esclavo del poder

TEGUIGALPA, HONDURAS

Los abogados cargan sobre sus espaldas muchos estigmas -a veces merecidos, a veces no-, entre ellas, que se los tilda de “mercenarios”; no obstante, esta opción es ética. Depende de los principios que se les enseñó en casa y en la universidad, ya que deberían saber que el fin último del derecho es la justicia.

El juez nacional Claudio Daniel Aguilar Elvir, prefirió aliarse con el poder; se enteró que está en su zona de confort porque se identifica con ellos. Se siente parte de ellos y se hasta se graduó de bufón, con la salvedad que sus acciones van contra la ley, atentan contra cualquier lógica que suele tener el sesudo abogado.

El filósofo mexicano Fernando Buen Abad ve así esta clase de conductas, bajo la lógica que “la ‘abogacía’ (es) como mercado de ladrones”: “No todos (desde luego) pero si muchos ‘abogados’ (demasiados) ingresan, cursan y se gradúan cargando bajo el brazo su cajita de ilusiones mercenarias. Y se hacen pasar por ‘buenos muchachos’ esos tránsfugas traficantes del dolor con moral de buitre especializada en saquear sin pudor a cuanto ‘inocente’ (o culpable) caiga en sus garras”.

“Vestidos como empresarios junior, o como empleados bancarios, sellan sus rostros con muecas de solemnidad falsa prefabricada con hipocresía y se regodean en una fanfarronada lenguaraz y estereotipada a la que llaman ‘litigio’. Se les entrena universitariamente para lucir su mediocridad apabullante y para hacerse pasar por adalides del ‘derecho’. No todos, es verdad”, reafirma el afamado estudioso.

Ser el juez oficial de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) le ha dado poderes omnímodos, cuasi divinos que hasta le permiten vestir como militar y sentirse como militar; a ojos de la psicología, esa conducta es valorada como frustración y suele estar relacionada con la ira y la decepción, ya que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor sea la obstrucción y la voluntad habrá mayor probabilidad de frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa, según explica la Enciclopedia de la personalidad.

Entre sus poderes, está juzgar a niños, atropellar a policías para evadir retenes ordenados por la autoridad, obstaculizar la justicia, imponer fianzas estratosféricas y cuantas le permita el poder. Al fin y al cabo, ser protegido de Fusina y de Juan Orlando Hernández le da ventajas y muchas prebendas que cualquier togado quisiera tener.

Y es que la protección que recibe el juez Aguilar tiene sus beneficios, entre ellos, tener una camioneta de lujo y recibe un bono como compensación por los servicios que “le ofrece a la patria” que, en otras palabras, es soborno. “No le van a hacer nada”, contó a este periódico uno de los operadores de justicia y víctima de los superpoderes del cuestionado juez.

El atropello al policía quedó en el olvido, lo mismo ocurrió con las denuncias de obstrucción a la justicia que interpuso un grupo de abogados, quienes se sorprendieron porque el juzgado que atendió en su momento, lo cerró porque no estaba. “No es posible que él mantenga cerrado un juzgado y que coloque en la puerta un rótulo que diga: ‘este juzgado está cerrado porque el juez no está’… este señor se toma la atribución de entregar las actas de las audiencias iniciales en el término de un mes y nosotros como profesionales del derecho tenemos que hacer las apelaciones a ciegas”, denunció en su momento el jurista Marlon Duarte.

Un apoderado legal de Jorge Peraza Padilla y otros, quienes fueron acusados de fraude, según el expediente 17-2017 se vieron en la obligación de denunciarlo en la inspectoría de tribunales porque estuvieron esperando por varios meses que les entregaran el acta de la audiencia inicial, en la que se tomó la decisión de enviarlos a la cárcel, y la justificación que recibieron fue que “estamos muy cargados de trabajo”, cuando la ley les ordena que en 48 horas deben entregar el documento para que los abogados se informen y procedan con las medidas pertinentes. El acusado sigue esperando que el juez le resuelva el impasse que causó.

Se dio la potestad de mandar a su secretaria a juramentar a un juez ejecutor de un allanamiento y hasta una Corte de Apelaciones le dio la “razón”: mandó a decir que estos jueces no son juramentados, a pesar que la ley ya lo ordena porque se convierten en la extensión del togado que conoce la causa. A la larga, la razón del tribunal de alzada fue para salvar el desliz que cometió.

Un allegado al juez, narró que el funcionario nunca entrega las actas de las audiencias iniciales y pasan hasta varios meses mientras el documento descansa en su escritorio; tampoco tiene libro de entradas, cuando es obligación de todo juzgado tenerlo para registrar cada incidente. Tampoco se juramentan a los jueces ejecutores para los allamientos, a sabiendas que el testimonio del juez ejecutor es plasmado en su acta de allanamiento.

O qué decir de las actuaciones del controvertido juez que se han convertido en prevaricato o que atenta contra la misma ley. Condenó a una persona que robó dentro de un autobús a 45 años de cárcel, a sabiendas que el castigo era de nueve años, más las penas accesorias como la inhabilitación, entre otras. Pero no le importó a Claudio, se exhibió en su resolución para mandar un mensaje: soy el castigador y el poder me protege.

Tampoco hace caso a las apelaciones, recursos y fallos que emitan los tribunales de alzada. Marcial Noé Macedo y Fanny Nohelia Aguilar, debían recibir una pena de tres años y seis meses de cárcel, pero les dio cinco años y tres meses, por lo que fueron enviados al presidio por el todopoderoso juez; no tomó en cuenta las atenuantes, los antecedentes que pudieron beneficiar a los responsables de haber pedido sobornos.  Las denuncias afloran, pero nadie las atiende. Las quejas contra el juez son contudentes, pero son desestimadas.

Sobre la mala fama que han adquirido los jueces “de jurisdicción nacional”, el jurista Juan Carlos Berganza sigue esperando que le manden la respuesta a una apelación a favor de sus dos representadas -Carlota Hasbun y otra dama- que fueron juzgadas por supuesta violación a los deberes de los funcionarios y el caso “está durmiendo el sueño de los justos y estamos esperando que la Corte resuelva”. Sus clientas, explicó, debieron defenderse en libertad, “el problema es del juez que no define quién debe quedar preso y quién debe tener medidas sustitutivas…No conozco al juez (Aguilar)…tengo la convicción que son personas inocentes que participaron en un acto administrativo (sobre la compra de medicamentos) y no sé qué tipo de juez es él, pero estoy esperando que nos resuelva y la excusa es que el acta de la audiencia no se ha finalizado”.

En el caso del niño José Luis Rodríguez Ramos, a quien acusa de haber supuestamente pagado para matar a una persona y los documentos en poder de ConfidencialHN constatan que Rodríguez Ramos, nació el 26 de junio de 2006, por lo que se encuentra en edad escolar y no puede ser juzgado por ser un infante y por carecer de la “madurez” para perpetrar un crimen u ordenarlo.

El apoderado del menor, Óscar Cálix, consideró que no se lo puede juzgar porque la legislación penal ordena que sólo los mayores de 14 años pueden ser sujetos a un juicio y “el expediente que pende contra él es estrictamente para mayores de edad”. Responsabilizó al verdugo del niño por haberlo enviado a proceso judicial junto a su madre y una tía ya que desconocen las normas legales, se abocaron al juzgado que conoció de la causa y fueron detenidas de inmediato. “A ellas las detuvieron porque les dijeron que tenían orden de captura…con el menor no se han atrevido en irlo a detener a su casa o escuela cuando él sale de segundo grado”, fustigó.

Esa conducta ya es vigilada y perseguida por la la inspectora general de tribunales, Any Ochoa, ya que “en virtud a las noticias que de público conocimiento se hicieron… se apertura la denuncia para investigar el actuar del juez que se menciona en la causa”. Por ahora, Claudio desliza sus mocasines o botas militares por el cuartel, a sabiendas que el poder lo escuda. Al menos, la camioneta de lujo lo blinda de malas miradas y airados reclamos que puedan hacerle a quienes hundió sin piedad en la cárcel.

¡Ah!, cae como anillo al dedo la reflexión de Buen Abad: “‘Señor licenciado’ gustan de llamarse para sentirse ataviados moralmente con un membrete que los licencia para el abuso consuetudinario. Hay que escuchar a los reos que, por miles y miles, viven diariamente el desamparo de las leyes y el abandono jurídico. Hay que escuchar a los presos tras esas rejas y en esas cloacas inhumanas y sobrepobladas, escuchar su resumen sobre el papel de los abogados que, sólo para comenzar, se vuelven buitres exigentes de dinero a todas horas… no son todos pero abundan los corruptos. Hay que ver de qué es ese negocio nauseabundo, quiénes medran de esa inmundicia ‘legal’ y política, qué son las cárceles donde la inoperancia de los abogados (siempre con excepciones muy contadas) es tan sospechosa como rentable”…y rentable es para Claudio mantenerse en sintonía con sus patrocinadores.

 

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