Mayoría de la población latinoamericana está dispuesta a luchar contra la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) La última encuesta de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), que señala la extensión del pago de sobornos en América Latina, también revela una mayoría dispuesta a luchar contra la corrupción en la región, dijo a Sputnik el experto en rendición de cuentas Darío Ramírez.

“Ante el deterioro institucional, que es un caldo de cultivo de males, hay una nota de esperanza: ha crecido a 70% la población de la región latinoamericana y caribeña dispuesta a involucrarse en la lucha contra la corrupción”, señaló Ramírez, director de comunicación de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ese indicador, continuó, es un elemento nuevo que puede marcar el punto inflexión para revertir el fenómeno.

“La sociedad civil, los gobernantes, los actores de la oposición política y los medios de comunicación, tendríamos que encausar el descontento de esta población que está harta de la corrupción”, indicó Ramírez al comentar los resultados de la encuesta publicada la víspera en la sede de TI en Berlín y que lleva por título ‘Gente y Corrupción en América Latina y el Caribe’.

La gente que está siendo afectada en su vida diaria por la descomposición de las instituciones “también está dispuesta a darle un músculo político importante a las acciones de la sociedad civil, es el elemento positivo del estudio”, destacó el posgraduado en Derecho Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam.

La encuesta de TI “tiene un gran valor, al pintar los datos de un escenario sombrío, que muestra instituciones que no están a la altura del combate a la corrupción”, añadió.

El responsable de MCCI también señaló que “la mala noticia es que la gente tiene una clara percepción de que los gobiernos están fallando en el combate de ese flagelo, eso preocupa a quien estamos empeñados en buscar soluciones”.

Ramírez estima que uno de los principales hallazgos del extenso sondeo aplicado a más de 22.000 personas es que el porcentaje de personas que pagan sobornos para tener acceso a servicios públicos son un 30% en la región y una de cada dos en México (51%).

Ese dato es fundamental para entender los efectos del cobro de coimas: “La descomposición en la oferta de los servicios públicos, que deberían estar dedicados a cerrar la brecha de pobreza, desigualdad y reparto de derechos, es el problema que más afecta a la ciudadanía de la región en su vida cotidiana”.

Existen graves obstáculos que encuentran organizaciones de la sociedad civil mexicana que cifran sus esperanzas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, recién aprobado por el Congreso, añadió el experto de MCCI, quien fue director adjunto de la unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno federal de México.

Al comentar que solo una de cada 10 personas que pagaron sobornos lo denunciaron en México y que “casi una de cada tres que lo hicieron sufrieron represalias” —según el sondeo-, el experto respondió que “hemos encontrado sistemas que se protegen a sí mismos y se regeneran”.

Las retaliaciones no son una sorpresa: “Si combates a la corrupción, debes esperar que la corrupción te va a combatir también a ti, hay que partir de ese principio”, señaló al comentar el trabajo de MCCI.

Esa organización independiente forma parte de una red latinoamericana que investiga los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para conseguir contratos en el continente.

“Hemos palpado que la desarticulación de sistemas de corrupción no consiste en meter a la cárcel a gobernadores o funcionarios, es insuficiente centrar el problema en algunos personajes”, comentó sobre la experiencia en prolongadas pesquisas, en las que los investigadores han encontrado documentos oficiales que comprometen al alto mando de la petrolera estatal mexicana Pemex y exgobernadores.

Esos altos funcionarios pueden ser apenas los operadores, “pero nuestras investigaciones nos han dado la evidencia de que la corrupción está institucionalizada y legalizada, mediante contratos falsos y redes de empresa fantasmas”.

También advirtió que en el ejercicio de la función pública “un presidente no pude gobernar si todos los sistemas siguen intocables, entre quienes manejan tanto dinero y roban tanto sin castigo”.

El documento emitido por la ONG internacional señala también que los ciudadanos encuestados que viven en México y República Dominicana fueron “los que más probablemente habían pagado sobornos por los servicios públicos básicos” en los últimos 12 meses.

En los malos resultados sobre esos dos países “no hay un campanazo ni novedad”, cuando la encuesta señala a la policía y a los políticos como los más corruptos, prosigue el comentario.

El señalamiento al rol de las policías “toca el sensible tema del acceso a la justicia, que todos vivimos día a día, entre robos y asaltos impunes, que atentan contra la cultura cívica todos los días”.

La encuesta refleja además la desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, que deberían operar antes de los tribunales.

“El eslabón más débil de este andamiaje institucional es la policía, que requiere una reforma para elevar el nivel de vida de los uniformados, para que eviten obtener ingresos ilegales”, agregó.

En cuanto a los políticos, a pesar de las tramas de gran complejidad descubiertas en Argentina, Brasil o Guatemala, lo que dice la encuesta es que “los políticos siguen siendo el sector cuya manera de actuar tiene el menor grado de confianza”.

Sencillamente “son los dueños del balón”, sentenció.

Parte del problema es que “el deterioro es tan profundo que la participación en las denuncias puede ser peligrosa”.

Empero, Ramírez prefiere un nota de esperanza y en ese sentido recuerda que un 70 de los latinoamericanos consultados en la última encuesta de TI quiere participar en la lucha anticorrupción, lo que retrata una enorme voluntad de cambio a pesar de los riesgos.

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