Firma auditora castigada por Banco Mundial por corrupción, revisa finanzas a instituciones hondureñas

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Operadores de justicia, entidades de seguridad social e instituciones públicas confiaron la revisión de sus estados financieros en empresas sancionadas por organismos internacionales por actos de corrupción, en el caso de la auditora británica-estadounidense Grant Thornton.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Ministerio Público y Seceretaría de Educación firmaron con la cuestionada multinacional que está en la lista de contratistas “bloqueadas” por el Banco Mundial por haber incurrido en actos irregulares, de acuerdo a la documentación que obtuvo este periódico.

A pesar de las acusaciones judiciales que enfrenta la firma extranjera por cometer irregularidades, ha sido la preferida por las oficinas públicas para que les “ayude” a auditar estados financieros, a fin de alegar “transparencia” ante la comunidad internacional y sirve como fachada para obtener asistencia monetaria, pero corren el riesgo de ser excluidas de programas futuros porque utilizan los servicios de esa agencia que está en lista negra.

Pues resulta que Grant Thornton fue inhabilitada por el organismo multilateral durante tres años ya que incurrió en prácticas corruptas relacionadas con fraudes, por tanto, no podrá ofecer servicios hasta el 28 de septiembre de 2018, cuando vence la sanción que le fue impuesta.

Un documento que está en la página web del Banco Mundial reafirma la sanción que recibió la multinacional auditora Grant Thornton, la cual vencerá en septiembre de 2018, por actos de corrupción. En Honduras, la firma es representada por la razón social Grant Thornton Herrera, Guzmán y Asociados.

Asimismo, esta compañía -que tiene una sucursal en Honduras-, obtuvo multimillonarias sanciones en países como Colombia, por la quiebra de una prestigiosa operadora del mercado de valores, que le costó incluso la cancelación del registro de operación en ese país.

En España, uno de sus socios -Alfredo González de Olmo- enfentó graves acusaciones por estafa, delitos contra el mercado y los consumidores y administración desleal; en 2017, un juez admitió una querella contra González porque dio el visto bueno para la ampliación de capital de la empresa constructora Urbas y fue suspendida en septiembre anterior por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el caso de Honduras, la sucursal del grupo auditor firmó dos contratos de consultoría con el IHSS para supervisar los estados financieros del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya vigencia fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, que fue firmado por Richad Zablah, director de la oficina pública y Marlon Jhovany Guzmán Flores, en su condición de representante legal de Thornton.

Por la prestación de servicios que realizó la firma, recibió 930 mil lempiras exactos, a fin de verificar las políticas contables, analizar estados financieros, evaluar sistemas contables para el registro de transacciones financieras y otros inherentes a la utilización de los recursos del multimillonario fondo durante los años 2015 y 2016.

Los dos contratos suscritos entre ambas partes cuenta con una cláusula que “blinda” la información en caso que se encontraran irregularidades en los estados financieros, por lo que la firma “queda comprometida por un periodo no inferior a los cincos años…a mantener en custodia los papeles de trabajo o evidencias de la auditoría que sirvieron de base para emitir su opinión, los cuales sólo podrán ser facilitados al IHSS o a la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros” con los nombres de los involucrados en supuestos ilícitos.

No obstante, la máxima autoridad del IHSS no incluyó en el acuerdo una auditoría a los estados financieros correspondientes a 2014, año en el que se suscitaron fuertes movimientos de recursos a través de fideicomisos que, en su momento, fueron aprobados por la junta interventora presidida por la nacionalista Vilma Morales, German Leitzelar y Roberto Carlos Salinas, ya que se abrieron líneas de crédito y fideicomisos en el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi) hasta por 12 mil millones de lempiras, de acuerdo a la investigación que realizó ConfidencialHN en abril de 2017.

El director del IHSS, Richard Zablah, contrató el servicio de auditoría de Grand Thornton, de acuerdo al documento que accedió ConfidencialHN. No obstante, no está en el acuerdo el fuerte movimiento de capitales que se efectuó en 2014 y que la junta interventora de la entidad tiene conocimiento.

El Ministerio Público, por su parte, contrató los servicios de Thornton a través de concurso privado CM-MP-CE-Eurojusticia-003-2016 , a fin de verificar los estados financieros del programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, orientado al combate a la corrupción e impunidad. El convenio avalado por el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Banegas por un monto de 270 mil lempiras, según consta en la resolución FGR-467-2016 del 28 de junio de 2016.

Además, Chinchilla, autorizó el 13 de septiembre de 2016 la resolución FGR-620-2016 para que Grant Thornton revisara el uso de los recursos aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destinados a la sede regional del aparato acusador en Choluteca, por un monto de 67 mil 191 lempiras con 09 centavos.

En el caso de Inprema, de acuerdo al Contrato de servicios de auditoría de los estados financieros 08-2017, del 1 de marzo de 2017, autorizó a la multinacional que analizara y verificara el uso del dinero aportado por los docentes a cambio de un pago de 948 mil 750 lempiras. El documento fue firmado por Ernesto Emilio Carías, director del instituto y Marlon Jhovany Guzmán Flores, en representación de Thornton.

El fiscal general Óscar Chinchilla también utilizó los servicios de la cuestionada empresa para auditar los fondos donados por la Unión Europea para el combate a la corrupción e impunidad. En España, uno de los socios de Grant Thornton fue querellado por actos de corrupción.

Lo mismo pasó con la Secretaría de Educación, que dirigió Marlon Escoto entre 2012 y 2016, pues contrató a la firma especializada por un monto de 993 mil 200 lempiras, para auditar los recursos del denominado fondo común y dinero asignado por el Estado en 2014; asimismo, se le encomendó a la empresa que visitara 80 centros escolares en nueve departamentos que fueron beneficiados por el fondo creado por España, Francia, Canadá, Suecia, Alemania y la Unión Europea.

En todas las contrataciones suscritas entre las entidades estatales y Grant Thornton, está plasmado un apartado sobre las buenas prácticas que deben tener los funcionarios y la oportuna denuncia en caso de hallar fraude; sin embargo, la auditora es mal vista en el mundo por permitir actos de corrupción que le han terminado pasando factura.

En el registro de proveedores de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), está plasmado que la multinacional no ha presentado estados financieros de los últimos tres años y que estén debidamente certificados por un contador independiente o empresa de auditoría, tampoco tiene registros de actas de recepción de obras de carácter público y privados ejecutados durante los últimos cinco años o información sobre los trabajos realizados en ese periodo con sus respectivas actas de recepción, montos y beneficiarios.

A pesar de estar autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que opere en Honduras, a la fecha no ha colocado en el sitio Honducompras la certificación para que pueda ser tomada en cuenta en futuras contrataciones; no obstante, es beneficiada con jugosos contratos de la Administración Central y entidades autónomas para que les audite en qué gastan los recursos.

“Estas firmas son de gran utilidad pues ayudan a maquillar las cifras de los fondos con estas auditorías, para demostrar que están administrando el dinero con honestidad y transparencia, por lo que se prestan para cuadrar o justificar los balances y estados fiancieros”, afirmó una fuente que pidió el anonimato para evitar represalias.

Varias instituciones estatales, como la Secretaría de Educación, echó mano de Grant Thornton para que analizara los estados financieros sobre los recursos aportados por cooperantes internacionales.

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