ATIC abusa de autoridad y le quita fuente de sustento a persona que le compró tráiler a exjefe policial

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El aseguramiento de la flota de tráileres propiedad del subcomisionado de Policía Jorge Barralaga Hernández, incluyendo los que fueron vendidos a terceros mediantes transacciones comerciales, está provocando a los nuevos propietarios la oportunidad se proseguir con sus negocios, cuyos fondos fueron prestados por el sistema financiero nacional.

La confiscación de varios activos que ha efectuado en fecha reciente el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tiene en problemas a varios transportistas que han sido citados como testigos acerca de las acusaciones que hay contra el exfuncionario de la Policía Nacional de Honduras, por supuesto lavado de activos.

Entre los citados, de acuerdo a documentos que tuvo acceso este periódico, se encuentra Francis Mauricio Peralta Reaños, quien compareció el pasado 8 de noviembre ante la ATIC para “indagar” acerca de la acusación que pende contra Barralaga, que de acuerdo al expediente 103-2017, habría “lavado” alrededor de mil 900 millones  de lempiras.

Resulta que al afectado le decomisaron el pesado automotor que le vendió el 7 de agosto de 2015 el otrora alto oficial, el cual fue movido desde la zona donde operaba, hacia un predio bajo custodia y que está ubicado en el Valle de Amarateca, unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde permanece fuera de servicio mientras prosiguen las investigaciones.

En el documento de traspaso, con registro 0400507, hecho por el notario Antonio Osman Rodríguez Anaya, certifica que  el subcomisionado vendió a su cliente un tráiler, marca Freightliner, tipo cabezal, de color gris y negro, modelo 1998, que era propiedad de Barralaga Hernández y fue traspasado en una operación lícita a Peralta Reaños, según consta en la auténtica avalada por ministro de fe pública.

Esa unidad, con número de serie 970476, junto a otros cinco automotores de trabajo, fue comprada el 28 de noviembre de 2005 por Nevi Vidal Lizardo Velásquez, originario de Comayagua, a un autolote de Texas, EE.UU.  y le costó ocho mil dólares, siendo ingresado a Honduras a través de la aduana de Agua Caliente y se reportó a la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) una compra total por 47 mil dólares de aquuella época.

Desde luego, se realizaron las legalizaciones y traspasos hechos por el importador a beneficio de Barralaga, se pagaron las matrículas, impuestos y autorizaciones a fin que las seis unidades importadas desde EE.UU. pudieran transitar por el país sin ser sujetos a sanciones, según constan la póliza 29833, con fecha de aceptación 13 de diciembre de 2005; certificado de auténtica 3399665 y número de serie 0529037  y recibió los sellos de admisión al sistema aduanero para fines de control de ingreso de productos importados.

Lo insólito del caso es que a Peralta Reaños, está siendo indagado como testigo del caso, cuando hay una constancia firmada por Banco Lafise en la cual se constata que se le prestó el 13 de marzo de 2015 unos 300 mil lempiras a Florencia Reaños Montes, madre del imputado, y el saldo al 8 de noviembre de 2016 es de 225 mil 468 lempiras con 91 centavos.

Significa que no hay asidero para que la autoridad haya extendido su investigación hacia terceros que en determinado momento entablaron relaciones de negocios o comerciales con el exjefe policial y evidencia que no hay pruebas concluyentes sobre una supuesta participación del subcomisionado en el ilícito como lo ha venido sosteniendo la ATIC.

Asimismo, el aseguramiento del tráiler pone en peligro la inversión hecha por Reaños ya que el activo podría ser subastado, porque la Ley de privación de dominio  contempla la cesión del bien mediante el mecanismo de puja, argumentando que podría deteriorarse durante la etapa judicial y que el dinero podría ser guardado en una cuenta bancaria a beneficio del afectado, aunque no es garantía que será devuelto, en caso que la sentencia sea condenatoria.

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