Exclusiva: Fiscal adjunto supo de los negocios de Coalianza e incurrió en irregularidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, se olvidó de combatir la corrupción, violentando la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y combatir el flagelo desde la oficina que dirige junto a Óscar Chinchilla, su incondicional jefe.

El paso de Cuéllar por el aparato acusador ha dejado una estela de actos irregulares, al suscribir onerosos contratos para oficinas que tienen poco uso y con aquellas que tienen supuestos vínculos con el crimen organizado, o qué decir del tráfico de influencias al utilizar un bufete -del cual es socio- para “autenticar” la concesión de carreteras a inversionistas privados, entre otros que ha venido investigando y denunciando ConfidencialHN.

A saber, el testimonio de escritura pública, con número 24, autorizado el 7 de diciembre de 2012 por la notaria y socia del bufete Cuéllar, Aída Celeste Cerrato Chinchilla, revela la participación del exmiembro de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público y Privadas (Coalianza), José Antonio Pineda, en la concesión de las principales carreteras del país a las empresas Autopistas del Valle de Sula, Consorcio Canal Seco y Consorcio Concein Hondureño.

Al encuentro, que se encuentra plasmado en la escritura, explica que participaron los representantes de las tres empresas, junto a los miembros del Comité Técnico del Concurso, conformado por Francisco René Flores Bonilla, Ramón Alberto Santos y Humberto Miller Solórzano, así como el secretario de Coalianza, Marco Tulio Padilla, el representante de la auditora PriceWaterhouseCoopers, Carlos Roberto Enamorado, el presidente de Coalianza, Carlos Alejandro Pineda Pinel y la notaria fue Cerrato Chinchilla. De la precalificación, fueron aprobadas las participaciones de la concesionaria Autopistas del Valle de Sula y Consorcio Canal Seco; en cambio, Concein quedó fuera.

Otra escritura, con número de protocolo 15, aprobado el 31 de agosto de 2012, y firmado por Cerrato Chinchilla, deja constancia que el comisionado Pineda Cano, estuvo presente junto al entonces vicealcalde capitalino y actual diputado Juan Diego Zelaya y Lester Ramírez Irías, jefe de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y “maestro de ceremonia” para conocer quiénes serían los oferentes del proyecto Sistema fiduciario de recaudo e inversión en infraestructura vial del Distrito Central pero no hubo acuerdos porque los bancos que participaron en la apertura de ofertas no estaban de acuerdo en las propuestas formuladas.

Los negocios del poderoso bufete siempre estuvieron en la fiesta grande. También participaron como notarios en la licitación de la terminal especializada de contenedores y carga general de Puerto Cortés, acaecido el 1 de febrero de 2013. Ahí estuvo Cerrato Chinchilla, dando constancia de la entrega del otrora principal puerto de Centroamérica a la multinacional filipina International Container Terminal Services Inc. por 624 millones 371 mil 610 dólares porque se comprometió a realizar una fuerte inversión durante los próximos diez años “en beneficio del Estado”.

El 29 de marzo de 2012 fue citada para ser testigo del la concesión del denominado Corredor logístico que inicia en la frontera con El Salvador y finaliza en San Pedro Sula. En esta ocasión, participó el presidente de Coalianza, Carlos Alejandro Pineda y los comisionados Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez y Octavio Rubén Sánchez; los miembros del comité técnico Carla Reyes Martín, Lars Jacobo Michelem y Humberto Miller y un representante de PriceWaterhouseCoopers, Carlos Roberto García Pineda, en la que se entregó a la multinacional ecuatoriana Covi.

Cabe señalar que esta empresa, que es subsidiaria del constructor suramericano Hidalgo e Hidalgo, se quedó con la carretera que conecta Tegucigalpa con la región norte de Honduras, cuya construcción y costos fueron regalados por el pueblo estadounidense a través de la Cuenta del Milenio. Asimismo, ha sido señalada en otros países por actos de corrupción y sus principales accionistas enfrentan acusaciones criminales por acciones irregulares cometidas en Panamá durante la gestión de Ricardo Martinelli.

Durante el proceso de concesiones llevadas a cabo por el gobierno de Porfirio Lobo a través de Coalianza, Rigoberto Cuéllar estuvo como secretario de Recursos Naturales y fiscal general adjunto, por lo que demuestra el conflicto de intereses que ha incurrido el alto funcionario, en el sentido que nunca dejó de saber qué negocios se realizaban en el bufete con grandes contratistas y sacó ventaja desde ambas posiciones.

Además, el adjunto abusó de su posición al suscribir un contrato leonino por el alquiler de un edificio con Corporación Rosso, S.A. cuyo costo es de 900 mil lempiras mensuales; el convenio que analizó ConfidencialHN constata que Rosso ganó diez millones 800 mil lempiras entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 y este monto fue igual en 2015, año en el que fue firmado el arrendamiento por ambas partes. El lujoso edificio se encuentra en el anillo periférico y permanece fuertemente custodiado las 24 horas del día.

También firmó con Rolando Alberto Sabillón, propietario del edificio Ana Roja que se sitúa en el barrio Río de Piedras en San Pedro Sula, por un total de cinco millones 760 mil lempiras exactos, durante un periodo de 24 meses y “el valor de la renta mensual es de 240 mil lempiras y el pago será por adelantado a la cuenta 01-12002498 de Banco Continental a nombre del propietario Rolando Alberto Sabillón Portillo.

El pago del alquiler salió de la Tasa de Seguridad “quedando por lo tanto exonerado del Impuesto Sobre Ventas en aplicación del Decreto 278-2013, de la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas antievasión…y se firmó el 24 de enero de 2014”, unos pocos meses despúés que el fiscal adjunto asumiera el cargo.

Cabe mencionar que al propietario del edificio donde ha funcionado el operador de justicia, le aseguraron varias propiedades en 2015 por supuesto lavado de activos, pues era socio de una empresa de condimentos que opera en esa ciudad y tendría nexos con el desaparecido narco Rubén Mejía Mejía, más conocido como Yuquita asesinado en 2014.  El acusado afirmó que los bienes le fueron heredados por su padre Julio Sabillón y lamentó que altos mandos del Ministerio Público dijeran que “no es posible que los funcionarios de esa institución hagan tratos con delincuentes”.

El operativo lo efectuó en su momento el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, quien ha venido alegando “golpes bajos” al crimen organizado.

“Al señor Rolando Sabillón se le decomisaron unas propiedades que después del análisis arrojó la matriz de la asociación delictiva estableciendo que algunos bienes formaban parte de la organización de Rubén Mejía Mejía, alias Yuquita, que esta persona fue asesinada junto a su padre Rubén Mejía”, aseguró Castro.

“Le alquilo un edificio que fue adquirido de una manera tan dura, porque lo saqué adelante con préstamos bancarios, que pago con las cuotas que da el ministerio; así sucesivamente están todas las negociaciones de la inmobiliaria que es la que represento”, explico por su parte el afectado.

Los derroches, tráfico de influencias y conflictos de intereses en que incurrió Cuéllar, tiró a la basura el trabajo que realizó en 2013 la junta interventora del Ministerio Público, cuya directora de la comisión, María Antonia Navarró, lamentó que la cúpula presidida entre 2009 y 2013 por Luis Rubí y Roy Urtecho hayan derrochado el dinero de la institución en cosas suntuarias.

 

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