La ruta del delito: sepa cómo fue diseñada la arquitectura para controlar parlamentarios opositores

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La caída de la Red de diputados que cobraron en conjunto casi 1.8 millones de lempiras de un oenegé que estuvo inactiva por varios años, en la cual participaron políticos, funcionarios y bancos extranjeros que están acusados de lavado de activos, para terminar torciendo la voluntad y convicciones de varios diputados tránsfugas y uno que es afín al oficialismo cuyo voto costó caro a la sociedad.

Con la divulgación hecha por la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH) y el Ministerio Público sobre esta red que drenó multimillonarios fondos del erario a través de la denominada Asociación Nacional de Productores e industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH) se reafirman las denuncias que efectuó en 2015 Radio Globo sobre una trama corrupta orquestada desde el mismo Estado para controlar aquellos que abrazaron la bandera opositora y que, por codicia al dinero, terminaron valiendo la consolidación del actual gobierno.

Los otrora diputados de Libertad y Refundación (Libre), Héctor Padilla, Audelia Rodríguez y Dennys Sánchez; el aún miembro de la formación política, Eleazar Juárez y el ex democristiano Augusto Cruz Asensio, recibieron el dinero proveniente de la oenegé con recursos del Ejecutivo, por lo que incurrieron en delito de abuso de autoridad y malversación de caudales, según la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y, por consiguiente, se les libró requerimiento fiscal.

Sin embargo, en la lista de requeridos no aparecen reconocidos diputados del Partido Nacional, como el exalcalde de Tela, Daniel Flores Velásquez, quien recibió en dos días 199 mil 600 lempiras. Asimismo, no fueron incluidas algunas organizaciones como Asociación para el progreso y desarrollo de Ilama, o personas naturales como Geovanny Castellanos y José Panchamé.

Radio Globo reveló en 2015 cómo varios parlamentarios recibieron fuertes sumas de dinero para plegarse a la postura oficialista a fin de aprobar leyes lesivas a la sociedad. El Ministerio Público y la MACCIH -de forma sutil- dan la razón histórica a la investigación hecha hace dos años que culmia con la caída de la denominada Red de diputados quienes enfrentan acusación criminal por malversación de caudales y abuso de autoridad. 

La Asociación Nacional de Productores fue revivida de forma misteriosa para ser utilizada dentro de la trama de corrupción para controlar a diputados opositores a través de “obras sociales” como reza en este contrato suscrito por directivos de la oenegé.

En este esquema aparece un banco mexicano -identificado como Bital- que fue comprado en 2002 por el holding británico HSBC luego de atravesar profundas crisis y fuertes señalamientos por lavado de dinero y que su nuevo propietario permitió que se siguiera con tal práctica que, con el paso de los años, le acarreó una fortísima multa de mil 920 millones de dólares. Respecto a Bital, hay un cheque procedente de la cuenta 1221217915 del banco Davivienda y asignado a la Asociación de Productores por un monto de cuatro millones 889 mil lempiras exactos. Davivienda, de capital colombiano, compró a finales de 2012 la red bancaria que operó HSBC en Centroamérica y cuya sede regional se encontraba en Ciudad de México.

El cheque número tres, emitido el 23 de noviembre de 2015, fue depositado el mismo día a la cuenta 1221214843 y cuya leyenda dice “se confirmó con José Panchame”; el documento financiero fue firmado por Jeremías Castro, según el dossier en poder de ConfidencialHN.

El dinero obtenido por la Red de diputados que supuestamente debería ser para obras sociales, fueron desviados para uso personal, reafirmaron ambos organismos que se basaron en la información encontrada por Globo hace dos años. Es más, el origen de la trama se remonta a un contrato suscrito el 21 de octubre de 2015 entre Nelsus Varela y José Napoleón Panchamé, ambos directivos de la oenegé para “proyectos de carácter social”, en el cual Varela dio toda la “logística” a su compañero de grupo para que se cumplieran todos los acuerdos suscritos en el contrato.

Esta organización permaneció en el anonimato desde hace una década; según un registro de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), adscrita al Secretaría de Gobernación, fue inscrita bajo el registro 2005000616, resolución 3593-2004 y autorizado por el entonces titular del ramo, Jorge Hernández Alcerro, pero, de pronto, aparece activa y emitiendo una fuerte cantidad de cheques a varios beneficiarios entre los que están los parlamentarios Rodríguez, Sánchez, Padilla, Juárez y Cruz Asensio, quienes, según la MACCIH, incurrieron en delito.

La organización estaba lista para ser anulada junto a una incuantificable cantidad de oenegés que ya no prestaban ninguna función, de acuerdo a la publicación del diario La Gaceta 33,367, del 28 de febrero de 2014, en la cual se ordenó que debía desaparecer porque jamás cumplió obligaciones contraídas por la URSAC. Varela y Panchamé suscribieron el convenio y éste recibió poderes omnímodos para buscar financiamiento en cualquier entidad estatal, privada o internacional para los proyectos “benéficos”. Allan San Martín, José Napoleón Panchamé, Geovany Castellanos y Jeremías Castro, se dieron a la tarea de buscar a los socios de AMPIBCH y pagaron la multa de 50 mil lempiras, más una promesa de pago del seis por ciento de los montos gestionados.

El organismo anticorrupción explicó que los parlamentarios acusados de presunta corrupción “solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la oenegé, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputadas implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la oenegé Asociación Nacional de Productores e industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por tres millones 300 mil lempiras, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha oenegé ocho millones 300 mil (lempiras), es decir, más de 6 millones 685 mil lempiras”.

En la indagación posterior efectuada por la UFECIC y MACCIH, se pudo establecer que “los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos” y ninguno de los imputados tenía orden para proceder a retirar los fondos. “Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los segmentos más vulnerables de Honduras”, reveló el jefe del organismo Juan Jiménez Mayor.

El entonces secretario de Gobernación Jorge Hernández Alcerro (2002-2006) autorizó la creación de la Asociación de Industriales, pero esta permaneció inactiva varios años y estaba a punto de ser clausurada, pero en 2015 volvió a funcionar.

Tanto Rodríguez, Padilla y Cruz Asensio (del partido bonsái Vamos), Juárez (de Libre) y Sánchez (liberal) al recibir el dinero procedente de recursos estatales, reafirmaban su lealtad al oficialismo dentro del Congreso y tomaban partido en decisiones que resultaron ser lesivas, como la conformación del Poder Judicial afín al presidente Juan Orlando Hernández y otras leyes draconianas.

Sánchez se retiró de Libre a inicios de 2016 (casualmente, cuando se escogía un nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia) alegando diferencias de criterio con la bancada que aún dirige Manuel Zelaya y Juárez afrontó señalamientos en torno a una eventual traición al partido que lo acogió, pero se quedó a última hora dentro de la formación para guardar las formas.

En el caso del democristiano Cruz Asensio, que suele fustigar la corrupción y reclamar transparencia en el Estado, evadió las respuestas que dio en su momento el director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, ya que justificó que la oenegé “es de fines de lucro” y que “está dispuesto que lo investiguen”, pero nunca dio una explicación concreta sobre la acusación.  No obstante, admitió que recibió los giros porque los documentos bancarios “son legítimos” y que “corresponden a trabajos técnicos realizados con pequeños empresarios”, pero jamás dio una justificación que le permitiera detallar cómo accedió a esos fondos.

Por su parte, Sánchez justificó que el dinero que recibió fue para la construcción de proyectos de agua potable en una comunidad de Gualala, en Santa Bárbara y que los fondos que pidió, eran para la compra de un predio donde se ubica el proyecto de agua. Luego, dijo que desconocía la procedencia de los fondos y “ni le interesa” –a pesar que los cheques aparecen a su nombre y el monto fue cobrado en el banco Davivienda y con el respectivo endoso (firma del portador del cheque).

Todos los acusados de este supuesto acto de corrupción se han mantenido en el profundo silencio.

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