¿Qué hará la oposición?

(Por Edmundo Orellana) El gobierno está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. Aplastará todo obstáculo que se interponga en su camino hacia la imposición del continuismo.

¿Podrá resistir la oposición? Lo hará si supera sus debilidades y no incurre en más errores. Su principal debilidad consiste en que no ha logrado vertebrar un frente común para resistir la embestida golpista del gobierno y avanzar hacia la restauración del orden constitucional alterado por el fraude electoral y la pretensión de suplantar la voluntad soberana del pueblo. Su principal yerro es no entender la dinámica de la indignación popular, evidenciando en el desfase táctico entre el pueblo indignado y sus supuestos líderes o dirigentes, ya que mientras aquel se toma las arterias más importantes de la vialidad del país, estos los llaman a la capital a marchar y escuchar sus discursos, dichos por los de siempre y con el mensaje de siempre.

Es evidente que la oposición no ha cambiado. El gobierno la mantuvo desunida durante los cuatro años y ahondó sus diferencias durante el último año, no solo entre las organizaciones políticas, sino al interior de las mismas. Que perseveren en el error, es a lo que apuesta el Presidente; de ahí, que sea música para sus oídos las diferencias públicas entre los dirigentes de la oposición, que trascendieron recientemente, y las declaraciones ambivalentes del candidato vencedor en las elecciones. ¿Comprenderán, esos dirigentes lo que está en riesgo? ¿Están a la altura de ese pueblo indignado?

Da la impresión de que se dejan llevar por sus emociones, perdiendo de vista lo fundamental. No alcanzan entender que con el fraude electoral le dieron el tiro de gracia a lo que había de estado de derecho, democracia e instituciones republicanas, y que el pueblo indignado se ha lanzado a las calles para recuperar la golpeada y debilitada institucionalidad usurpada por los que pretenden imponer la dictadura, por lo que toda iniciativa abona, sin importar en qué dirección vaya ni los medios utilizados, siempre que sean pacíficos.

Ese llamado a privilegiar la marcha –aunque no deba descartarse- luce como una intención de desactivar la protesta del pueblo indignado y muy en la línea de lo que quiere el gobierno sea el comportamiento de la oposición, puesto que esa fue la estrategia que resultó muy conveniente para el triunfo del golpe de estado del 2009, por el agotamiento y frustración del pueblo en resistencia. Es el mismo destino que le espera al pueblo indignado con el fraude electoral, si agota su indignación en tácticas gremiales.

La historia enseña que la desobediencia civil es el medio para evitar la suplantación de la voluntad soberana y la usurpación de los poderes constituidos. Por eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la consagra como “supremo recurso… contra la tiranía y la opresión” y nuestra Constitución la reconoce como la última defensa del orden constitucional, tipificándola como derecho, y, la jurisprudencia de la CIDH, como deber ciudadano.

Mientras los dirigentes –insistiendo en el error que alienta el gobierno- luchan con sus emociones y ralentizan la propuesta, ahogando, con tácticas del magisterio, el ímpetu de la indignación popular, el gobierno avanza en su estrategia de lograr que los gobiernos extranjeros le otorguen el reconocimiento que le niega la mayoría del pueblo hondureño. Se lo conceden, pese a las sospechas de fraude, confiados en que las instancias institucionales lo reviertan, de ser probado; vana confianza, porque desconocen que los responsables de esas instancias fueron impuestos por el Presidente, pervirtiendo conciencias y aplastando voluntades, asegurándose, con ello, la fidelidad de los nombrados, de modo que asunto que llegue a su conocimiento se decidirá como al Presidente convenga y plazca. Pero esos reconocimientos contienen algo inusual: recomiendan el diálogo; están, entonces, al corriente del rechazo popular y, por ello, urgen al Presidente a obtener la legitimidad de donde emana válidamente, del pueblo.

Y tienen razón. El diálogo es el escenario ideal para encontrar soluciones a las crisis. Al que debe llegarse, no por el camino que señala el Presidente, cuya meta es legitimar el fraude con una agenda abierta a todos, como si de una gran bacanal se tratase y de la que solo quede la resaca como recuerdo. Él provocó la crisis con su inconstitucional proyecto continuista, por lo que carece de título moral para convocar y presidir el diálogo. Por eso, habrá que buscar otros caminos, como el que atinadamente propone el Partido Liberal, recurriendo a la autoridad moral del parlamento mundial, ONU, y con la mediación de un líder de respeto universal, como José Mujica.

La convivencia social exige acudir a los medios pacíficos y civilizados, para no caer en el abismo, seducidos por el llamado de las profundidades de la selva.

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