Así se perpetró el pacto de impunidad: conozca cómo se trastocó la Ley de presupuesto

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció el “pacto de impunidad” que se perpetró con las reformas en la Ley de presupuesto y reveló las las diferencias entre lo que se leyó y aprobó, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

Según la evidencia expuesta por Jiménez, en el primer párrafo del artículo 131 se leyó y aprobó que en la aplicación del Artículo 123 de la presente ley se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realizará una auditoria especial para todos los fondos públicos gestionados y percibidos por los diputados del Congreso Nacional comprendidos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.

No obstante en la edición número 34,546 de La Gaceta publicada el 19 de enero (un día después de la aprobación), se alteró el párrafo leído y se le añadió lo siguiente:

En la aplicación del Artículo 123 de la presente ley y leyes relacionadas se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizará una auditoria especial para todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los Servidores Públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPDS), Fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquiera que sea su origen, comprendidos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.

De igual manera, las “adiciones” se hicieron presentes en el tercer y cuarto párrafo del artículo, ya que en el Parlamento anterior, el secretario nacionalista Román Villeda leyó que “dicha auditoria e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un periodo de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el TSC aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos por el TSC para realizar una auditoria correspondiente”.

“Una vez finalizada la auditoria e investigación especial y esta adquiera el carácter de firme conformidad con la ley y el reglamento del TSC y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad penal, civil o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos o en su defecto otorgando la solvencia correspondiente”, reza el apartado.

Según el jefe anticorrupción Jiménez los agregados expuestos que distan de ser una “falla semántica” es un evidente “acto delincuencial”, ya que en lo publicado se lee lo siguiente:

“Dicha auditoria e Investigación Especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un periodo de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el TSC aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con los fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoria correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este.

“Una vez finalizada la auditoria e investigación especial de conformidad a la ley y el reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos; o en su derecho otorgando su solvencia; durante esté en proceso la auditoria e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que este tenga carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”.     

“El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el publicado en La Gaceta, es decir, se ha falseado y defraudado la voluntad del soberano Congreso de Honduras introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados”, explicó.

El jurista peruano reiteró que la acción “no fue un error y fue un delito consumado”, y eso queda evidenciado con la resolución que tomó la jueza natural Alma Guzmán al aplicar el artículo aprobado para dictar una “resolución de archivamiento contra la Red de diputados”.

 

 

 

No obstante en la edición número 34,546 de La Gaceta publicada el 19 de enero (un día después de la aprobación) aparecen las alteraciones deliberadas expuestas por la MACCIH y que entorpecen el trabajo del Ministerio Público, Poder Judicial, el de la misión y varios tratados internacionales, al poner en manos del “politizado” TSC las investigaciones de más de 60 diputados.

 

 

 

 

 

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