Modificación a concesión del corredor turístico le costará al pueblo 11 millones de dólares (PARTE I)

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las irregularidades en los acuerdos suscritos por el Estado de Honduras con las concesionarias de las carreteras comienzan a pasar factura al bolsillo de la población ya que, en el caso del denominado corredor turístico, se deberá pagar unos 11 millones de dólares, alegando “daños” y los efectos de la crisis poselectoral.

A pesar que la concesión fue hecha en 2012 a la empresa colombiana Autopistas del Atlántico, S.A. (Adasa), han pasado seis años y el corredor que une el Valle de Sula con la región atlántica no ha sido objeto de mejoras; de hecho, en las últimas semanas se han registrado varios accidentes de tránsito que ha dejado más de una docena de muertes, demostrando la incompetencia del consorcio por remodelar el extenso tramo y, asimismo, deja en evidencia las irregularidades en los contratos suscritos con el conglomerado de empresas.

Las compañías que operan dentro del consorcio están Profesionales de la Construcción (Prodecon), representado por el hondureño Marco Tulio Gámez Panchamé;  CI Grodco de Colombia y CI Grodco de Panamá quienes recibieron una concesión por 30 años para operar la vía que mide 213 kilómetros y que inicia en la comunidad de La Barca y finaliza en La Ceiba, pero a la fecha no han pavimentado en su totalidad el extenso tramo.

Según el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, el pago de la penalidad obedece a que en el segundo semestre del año anterior se reportó una pérdida de 11 millones de dólares y cuyo monto se basa en lo estipulado en la concesión que fue autorizada por la Comisión para la Promoción de las Alianzas Públicas y Privadas (Coalianza) y contó con el aval de la Superintendencia de Concesiones Públicas y Privadas.

No obstante, el concesionario ha venido incumpliendo los contratos, pues las obras para la construcción del corredor turístico debieron empezar en los primeros 270 días luego de haberse autorizado la cesión de la infraestructura; a la fecha, apenas se han pavimentado algunos tramos y las casetas de peaje que fueron inutilizadas por los pobladores de El Progreso y áreas circunvecinas al alegar el libre derecho a la movilización.

Las modificaciones a la concesión del corredor turístico que unirá el Valle de Sula y la región atlántica debió iniciar 270 días; pero fue modificado varias veces a beneficio de la empresa Autopistas del Atlántico (Adasa).

Sobre el tema, el exparlamentario Bartolo Fuentes denunció que hubo modificaciones o adendum, ya que los beneficios a favor de Adasa pasarían de ocho a 20 millones de dólares “y al 15 de enero, al no generarse los beneficios, el Estado debe pagar el complemento y por cada día que transcurra se van generando intereses por mora a favor del concesionario”.

Aseguró que el consorcio apenas se ha limitado a edificar casetas y “solamente limpiaron las medianas de unos bulevares y todavía no han rehabilitado el puente La Democracia. Eso es una sirvengüenzada”.

“La caseta costó más que el mantenimiento del puente”, sostuvo Fuentes en una entrevista con Radio Globo.

El excongresista reveló que el tramo comprendido entre El Progreso y Tela “es manejado por la constructora William y Molina y han ocurrido varios accidentes trágicos, rompieron la calle y cuando un vehículo se estaciona hay alta posibilidad de que ocurran accidentes de tránsito”.

“Los colombianos tienen un negocio redondo junto a varios empresarios hondureños y el aval es el gobierno. El Estado se comprometió (con el concesionario) en aplacar a la gente que ha estado protestando, pero la cuenta sigue corriendo y ellos van a ganar hasta 300 millones de lempiras sólo en El Progreso y el capital no se quedará en Honduras”, afirmó.

Al analizar el dossier en poder de este periódico se pudo constatar que, en efecto, la concesión sufrió varias modificaciones, ya que se estableció como fecha inicial el 21 de mayo de 2015 y debería finalizar el 21 de mayo de 2019; no obstante, las obras no han avanzado en ese trayecto y las condiciones del corredor turístico siguen siendo nefastas. Una docena de muertes confirman la inseguridad de la vía.

Para determinar cómo se incrementó el costo de la concesión, se implementó la figura del Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), a fin de que Adasa tuviera jugosos ingresos anuales, le hubiera dejado alrededor de 103 millones 623 mil 948 lempiras, sin embargo, las protestas organizadas por pobladores del Valle de Sula frustraron al holding empresarial de percibir semejante suma.

Por tal motivo, el Estado, está obligado a realizar el cuantioso aporte a las empresas aglomeradas en Adasa -incluyendo Prodecon- para “compensar” los “daños” que habría causado las tomas de los peajes y la destrucción de las casetas de cobro.

La mayoría de los compromisos que fueron asumidos por el concesionario no fueron cumplidos; apenas se han hecho obras de mantenimiento y reparación de ciertas calles, según denunció el exdiputado Bartolo Fuentes.

“Cuestionamos el hecho que cualquier adenda podría manejarse en secretividad ya que al parecer no es obligatorio su publicación en el diario La Gaceta”, reza una de las conclusiones hechas por analistas económicos.

“Los montos anuales del IMAG aprobados en el contrato de concesionamiento en diciembre de 2012 sufrieron modificaciones exorbitantes. El 30 de enero de 2015 mediante una adenda al contrato aprobada  por el concedente, coalianza, y el concesionario tal y como los faculta el contrato original aprobado por el Congreso Nacional, pues resulta inconcebible que aprueben contratos y en el mismo deleguen en una comisión extralegislativa la facultad de modificarlos por completo si así lo deciden. Si una adenda a un contrato pasa a formar parte del mismo, y este había sido aprobado anteriormente por el Congreso Nacional mediante decreto legislativo, sancionado posteriormente por el presidente y luego publicados en el diario La Gaceta, lo razonable sería que para que tenga carácter legal por lo menos sea publicado”, explican los analistas.

A juicio de los autores del análisis sobre el impacto económico que tendrá sobre la carretera, “creemos que el caso del IMAG merece mayor atención de la que le hemos dedicado, y es necesario decidir estratégicamente posiciones legales y publicitarias para denunciar lo que podría ser un nuevo caso de corrupción, el cual implementarán en al menos todas las concesiones del sistema vial nacional”.

A propósito, desde hace varios meses los trabajos en el corredor turístico están paralizados casi en su totalidad por falta de financiamiento “tal y como lo manifiesta la Superintendencia de Concesiones y se refiere a la persistencia de la resistencia social de un grupo de personas. El IMAG que deberá pagar el Estado de acuerdo al contrato deberán incluirlo en el presupuesto de 2018 y hacerlo efectivo en enero (anterior)”.

LOS NEGOCIOS DE LOS GÁMEZ. Esta trama también tiene nexos políticos, en particular, con el Partido Nacional de Honduras ya que los hermanos Marco Tulio y Darío Gámez Panchamé, han estado relacionados con cuadros decisorios de la formación política; Darío fue gerente de la Empresa Nacional Portuaria y parlamentario por Cortés entre 2010 y 2014 mientras que su hermano ha sido representante legal de Prodecon, en consecuencia, es una de las partes interesadas en el conflicto.

En los últimos años, Prodecon ha sido uno de los favorecidos por los multimillonarios contratos que ha sostenido con el Ejecutivo nacionalista a través de Coalianza, la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y la actual Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, dirigida en su momento por Roberto Ordóñez, cuadro de confianza del presidente Juan Orlando Hernández y ha sido su jefe de campaña durante las últimas dos contiendas.

Incluso, el empresario de la construcción, de acuerdo a un contrato suscrito con el desparecido Fondo Vial y colgado en la web de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) se benefició de la pavimentación de un tramo en caribeño departamento de Islas de la Bahía por un montó de un millón 992 mil 842 lempiras, el cual fue autorizado por Hugo Alfredo Ardón Soriano, quien permanece desaparecido por pertenecer supuestamente al cártel AA, jefeado por su hermano, el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, a quien sindican de tener nexos con el narcotráfico.

Se debe dejar claro que ni Darío ni Marco Tulio son hermanos del presidente de Coalianza, Miguel Gámez, pero los une una convicción: ser miembros del Partido Nacional y les ha permitido estar dentro del ámbito de las concesiones.

La empresa Adasa, de capital colombiano y asociada con la constructora Prodecon son las responsables de construir el extenso corredor y es supervisada por la japonesa Nippon Koei y Gabinete Técnico, S.A. (Gatesa).

PROPONDRÁN INVESTIGACIONES. Sobre las irregularidades en los contratos autorizados en el Legislativo, el vicepresidente de la cámara, Denis Castro Bobadilla, anunció que propondrá una revisión de los acuerdos suscritos entre el Estado y empresas constructoras ya que están engordando las cuentas bancarias.

Denunció que en fecha reciente pretendió acceder a una documentación vinculada a irregularidades sobre una concesión “pero no me dejaron revisarlo. Es un deber del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República revisar el cumplimiento de las mismas y la MACCIH debe investigar si hubo adendum que no haya sido aprobado en el Congreso”.

“Vamos a pedir a la Procuraduría que se encargue de hacer las diligencias ante el Poder Judicial e instancias internacionales para revisar estos contratos y que se hagan deducción de responsabilidades. Tenemos que ver si el contrato se revisó y analizar si estos apartados están dentro de los contratos; si fuera así, no será fácil porque no se siguió el proceso administrativo para contener esa danza de millones sin el contrato correspondiente”, expresó.

Consideró que las irregularidades detectadas en las concesiones “constituyen una responsabilidad criminal y es mi deber como diputado proteger y revisar esos contratos. Para hacer la revisión a cada uno de ellos, tenemos que ir a constatar los hechos y hablar con las personas para determinar qué es lo que ha ocurrido”.

Castro dijo que tiene reservas respecto a estos onerosos contratos porque, a su juicio, se “han hecho obras estéticas de cartón y no se han podido revisar los contratos” por lo que el papel del nuevo procurador general será investigar estos casos “porque el pueblo está cansado del fraude”.

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