Monday, Jul 22, 2019
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10 años de crisis continuada

(Por Joaquín Mejía) Honduras vive una crisis política continuada por la violación a la soberanía popular mediante un golpe de Estado en 2009, la aprobación ilegal de la reelección presidencial en 2015 y la imposición en la presidencia de Juan Orlando Hernández en 2018 a pesar de las graves irregularidades en el último proceso electoral.

Como consecuencia, se ha agravado la situación de los derechos humanos, se ha experimentado un profundo proceso de deterioro de la institucionalidad pública, ha aumentado la desconfianza ciudadana y se ha consolidado un régimen autoritario sostenido por la fuerza policial y militar, y cruzado por el narcotráfico.

Estos factores han propiciado un terreno fértil para la desigualdad estructural y la falta de desarrollo que, de acuerdo con la CIDH, afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual está enraizado en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relación con altas esferas del poder.

Así, mientras en los últimos 10 años la inversión en salud y educación es cada vez menor y más ineficiente, el gasto en seguridad y defensa mantiene una trayectoria de crecimiento, enfocada principalmente en la represión de protestas sociales y en la persecución del delito desde la represión sin prevención.

A su vez, como lo señala el FOSDEH, la inversión pública ha descuidado los sectores que son necesarios para el bienestar de la sociedad y se ha enfocado en proyectos de asistencialismo que no han logrado disminuir la pobreza y las desigualdades en el país.

Ante un escenario así, pintado además de impunidad generalizada, corrupción y falta de equilibrio y separación entre los poderes que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de derecho, ¿cómo no querer irse de este país en caravanas después de 10 años de crisis continuada y sin una propuesta de solución que no venga de las élites?

El éxodo masivo de hondureñas y hondureños es el reflejo de una crisis que solo podrá resolverse si se emprenden reformas estructurales para replantear las políticas sociales, corregir las asignaciones presupuestarias, promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y corrupción, y subsanar el tejido social fracturados por la violencia y la impunidad.

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