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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Por David Romero) Toda una red criminal que ha operado desde las instituciones públicas fue utilizada para drenar multimillonarias sumas de dinero, específicamente, del presupuesto asignado al Fondo Vial, durante la administración del entonces titular de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y vivienda, (Soptravi) Miguel Rodrigo Pastor.

Información en poder de ConfidencialHN, revelan cómo esta red criminal constituida por altos funcionarios, dirigentes políticos, diputados del Congreso Nacional y prestanombres o testaferros, se coludieron para saquear los fondos del organismo responsable del mantenimiento de la red vial de Honduras.

Un informe al que accedió este periódico, detalla cómo varios proyectos de mantenimiento de carreteras fueron asignados a empresas «de maletín», muchas de ellas ligadas a altos funcionarios y exfuncionarios de la administración publica, entre ellas, dos que son propiedad del entonces director del Fondo Vial, Hugo Ardón, a quienes se le otorgaron jugosos contratos a través de contrataciones directas.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sabe de la existencia del documento, pero que no lo quiere publicar por razones todavía desconocidas; resalta un caso en particular que deja al descubierto cómo operan estas mafias desde el poder y, que para lograr su objetivo, quebrantan la ley, manipulan información, falsifican documentos y hasta sobornan o amedrantan a funcionarios.

HUGO

 

Sin más preguntas ni indagaciones,  la secretaría de Finanzas procedió en 2014 a ejecutar el pago de los 47 millones y, según confesiones que hizo el propio Cardozo a uno de los investigados, sirvió para entregar una parte a Miguel Pastor; al exdirector del Fondo, Hugo Ardón; una abogada sin identificar, pero detalles brindados por un caballero de apellido Cruz -declarado confeso-, indican que Merari Diaz estuvo en la trama. 

 

 

CASO CARDOZA. En el expediente que está archivado en el Fondo Vial, aparece un fólder con el sugestivo nombre, denominado «Caso Cardoza», cuyo contenido revela un escandaloso modus operandi de corrupción del sistema público hondureño, que ha permitido históricamente el saqueo de fondos del erario nacional que traspasan a la bolsa siniestra de los altos funcionarios.

Este caso está relacionado con una obra de infraestructura que consistió en la colocación de un alcantarillado de mitigacion a fin de evitar deslaves de tierra e inundaciones en un tramo de la carretera de Pito Solo, Santa Bárbara, pero que sirvió para generar uno de los actos de corrupción que pone al desnudo toda la trama y estructura de corruptela con que se manejaron los multimillonarios recursos del Fondo Vial suscitado en administraciones anteriores.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN CARDOZO? Es un amigo personal del entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Rodrigo Pastor, quien fue aconsejado -no se sabe a ciencia cierta por quién-,  que interpusiera una denuncia en el Fondo Vial, en el sentido que sus terrenos habían sido inundados por las obras de mitigacion ejecutadas en el tramo carretero.

Cardozo es un hondureño de a pie, de filiación nacionalista, con residencia en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, con identidad propia, pero sin propiedades en la localidad de Pito Solo, tal como se constató en el Registro de la Propiedad, de acuerdo a datos que accedió ConfidencialHN.

De acuerdo a la información recabada, Cardozo, es un testaferro que fue contactado para que se presentara a las oficinas del Fondo Vial e interpusiera una denuncia en la que señala que los supuestos terrenos que le pertenecen, fueron inundados por las obras ejecutadas por una empresa constructora, propiedad de el ingeniero Hector Nufio y, por tanto, exige una indemnización de  tres millones de lempiras, pero al momento de hacer efectivo el pago se elevó a 47 millones de lempiras.

INVESTIGACIÓN. Este caso fue ampliamente investigado por el Fondo Vial, llegando a la conclusión que la demanda interpuesta por Cardoza no procedía, porque presentaba inconsistencias, entre ellas, que el reclamante no es dueño de los supuestos terrenos, pues no existen y tampoco están registrados en el Instituto de la Propiedad. Esos terrenos -señala el informe- pertenecen al Estado de Honduras y están por «accesión» (inundación) al Lago de Yojoa.

De acuerdo a la investigación, el supuesto dueño nunca pagó impuestos por la propiedad. ni a la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ni a la Tesorería General de la República, por lo que queda desligitimado de cualquier reclamo administrativo frente al Estado, dice el informe, que por instrucciones superiores lo han hecho desaparecer de los archivos y expedientes del Fondo Vial.

De acuerdo al testimonio de una de las personas que participó en el informe, la junta directiva del Fondo Vial, antes de la llegada de Miguel Pastor, se había abstenido de ordenar el pago por indemnización porque no calificaba; en 2012, a unos días que Miguel Rodrigo Pastor dejara el cargo, firmó la resolución en la que se ordena pagar 47 millones de lempiras a Joaquín Cardoza, quien desde ese momento dejó de vivir en la modesta casa que habitaba en la colonia Miraflores, para pasar a vivir a la privilegiada zona de Altos de Miraflores.

Sin más preguntas ni indagaciones,  la secretaría de Finanzas procedió en 2014 a ejecutar el pago de los 47 millones y, según confesiones que hizo el propio Cardozo a uno de los investigadores, sirvió para entregar una parte a Miguel Pastor; al exdirector del Fondo, Hugo Ardón; una abogada sin identificar, pero detalles brindados por un caballero de apellido Cruz -declarado confeso-, indican que Merari Diaz estuvo en la trama y laboraba en asesoría legal.

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Para ocultar la información, se nombró en asesoría legal del Fondo Vial -por recomendación del diputado nacionalista por Santa Barbara, Rolando Dubón Bueso-, a la abogada Merari Diaz que, de acuerdo a indagaciones ya realizadas, se le investiga la compra de una mansión en la lujosa aldea capitalina de El Hatillo. 

 

 

 

OCULTAR INFORMACIÓN. El «informe Cardozo» ha desaparecido físicamente de los archivos del Fondo Vial, informó una fuente a este periódico, a fin de evitar que la información trascendiera al público porque este caso sería el inicio de una serie de intervenciones en la nueva secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y el Fondo Vial para dar con el paradero de multimillonarias cantidades de dinero que fueron sustraídos bajo este mecanismo y otros como proyectos carreteros que no fueron licitados y que nunca se hicieron, pero que fueron pagados.

Para ocultar la información, se nombró en asesoría legal del Fondo Vial -por recomendación del diputado nacionalista por Santa Barbara, Rolando Dubón Bueso-, a la abogada Merari Diaz que, de acuerdo a indagaciones ya realizadas, se le investiga la compra de una mansión en la lujosa aldea capitalina de El Hatillo.

De acuerdo a la información, Diaz, que hoy se desempeña como directora general de Servicio Civil, siempre por recomendación de Dubón Bueso, desde su llegada al departamento legal del Fondo Vial, su primer misión fue bloquear toda información relacionada con este caso; se desarticuló el sistema informático, se decomisaron equipos de cómputo de los auditores y se despidió el personal que, supuestamente habían participado en la elaboración del informe.

Lo que nunca se imaginaron los conspiradores, es que en el «Buzón de Sugerencias» quedaría una copia del informe que se le hizo llegar al TSC, pero los magistrados del organismo contralor los desecharon «por temor a represalias», confesó una de las fuentes al autor de este artículo y, por eso, no lo han publicado aunque están totalmente enterados de este escenario.

MAS CASOS. Los informes de auditorias del Fondo Vial no terminan con el caso Cardozo; van  mas allá, en la agenda de auditorias, aparecen casos como el de dos carreteras otorgadas en contratación directa por fraccionamiento de obra a dos empresas que, supuestamente, son del exdirector del Fondo Vial, Hugo Ardón y que fueron construidas en Roatán, Islas de la Bahía, con precios sobrevalorados y no se cumplió con las especificaciones del contrato que reza: «el grosor y calidad de la capa asfáltica son de menor calidad de las que se especifican en el contrato», dice en parte  el informe.

Sobre la megatrama de corrupción, ConfidencialHN se compromete a darles el seguimiento necesario para las próximas ediciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los integrantes de la Mesa de Unidad Patriótica integrada por los partidos de oposición, manifestaron hoy su total oposición contra el continuismo presidencial fomentado por el Partido Nacional.

En representación del partido Liberal la abogada Maribel Espinoza Turcios manifestó que comenzaran la iniciativa de juicio político contra los 55 diputados que rechazaron la propuesta de someter a plebiscito la reelección presidencial violentando la democracia de Honduras.

“Ellos están violando reiteradamente la constitución y sus deberes esenciales, por tanto merecen que iniciemos un juicio político, y allí vamos a ver el comportamiento de ese poder del estado porque lo único que en evidencia es la arbitrariedad a la que nos tienen sometidos”, reveló la abogada.

En ese mismo sentido, explicó que ya están preparando en el Congreso la denuncia, a través de la mesa de unidad integrada por todos los partidos de oposición y explicó que para poder emprender el juicio político contra los que votaron contra el plebiscito se basaran en distintos criterios legales.

“Es una grave violación a la Constitución de la república y a sus deberes como representantes del pueblo y por eso merecen el juicio político, necesitamos la mayoría calificada para poder realizar el juicio político y tenemos una estrategia para poder lograr eso”.

Por su parte el presidente del Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD) Guillermo Valle, manifestó desde que los nacionalistas rechazaron el plebiscito, la relección no puede darse de manera legal o inconstitucional porque se cometería un  n delito contra la patria.
“Nos hemos declarado en alerta máxima en sesión permanente y hemos advertido que el pueblo de Honduras tiene el derecho a la insurrección, asimismo exhortamos a los funcionarios que dejen de violar las leyes.”

De igual forma le exigió a las Fuerzas Armadas que “tienen que cumplir con su rol constitucional de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república”.

Ante tanto hechos atípicos cometidos por algunos integrantes del gobierno de la república Valle aseguró que “Hemos invocado la carta democrática interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), vamos a ir a entregar este documento”.

Por su parte el precandidato presidencial por Libre Rasel Tome manifestó que lucharan contra “la dictadura que quieren imponer”, y reafirmo que su partido es el más decidido contra la reelección.

También advirtió al pueblo hondureño que “viene un proceso muy fuerte” y se deben avocar al artículo tres de la constitución donde manda a crear una insurrección cuando quieran imponer una dictadura.

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik Mundo) El Senado de Brasil aprobó destituir a la presidenta Dilma Rousseff, acusada de maquillar las cuentas fiscales, cerrando un polémico proceso político que conmociona al país desde hace un año.

Rousseff comenzó su segundo mandato el 1 de enero de 2015, con un estancamiento de la economía y una investigación por corrupción, el llamado caso Lava Jato sobre masivos sobornos de la estatal petrolera Petrobras.

DE LAVA JATO A «LAS PEDALADAS». En mayo de 2015, los primeros en presentar una solicitud oficial de censura en Brasilia fueron los integrantes del colectivo ‘Marcha pela libertad’ (Marcha por la Libertad, en español), propuesta a la que se plegó de inmediato el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

A pesar que la justicia corroboró que no había nexo entre Rousseff y el Lava Jato, la solicitud de «impeachment» (juicio político) continuó con las cuentas públicas que presentó al final de su primer mandato.

La oposición acusó a la mandataria de haber maquillado los saldos de las cuentas públicas de su anterior mandato para encubrir el déficit fiscal, lo que se conoce como «pedaladas fiscales», para no verse perjudicada en la campaña electoral de 2014.

En julio de 2015, Rousseff entregó al Tribunal de Cuentas de la Unión un documento de 900 páginas que explicaba con detalle el porqué de las supuestas «pedaladas fiscales» realizadas por su Gobierno en 2014 para demostrar que no se incumplía la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Pero en octubre del 2015, el Tribunal consideró que existían graves irregularidades al acumular una deuda con la banca pública.

CUHNA Y EL IMPEACHMENT. En diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, conocido opositor a Rousseff a pesar de pertenecer al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), favoreció la votación para comenzar el proceso de impeachment contra la presidenta.

Días después, el Gobierno solicitó al Tribunal Federal que rechazara el proceso alegando que la votación para la formación de la comisión parlamentaria había sido secreta y que la ofensiva de Cunha contra la presidenta evidenciaba una imparcialidad del legislador.

Sin embargo, la misma semana, el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), Luiz Fachin, falló que el proceso de impeachment se producía dentro del marco legal contemplado por la Constitución Federal de 1988.

ENTRADA DE LULA EN EL GOBIERNO. El 2016 comenzó con la investigación de los parlamentarios, que corría con mayoría opositora a Rousseff.

La presidenta hizo cambios en su gabinete para lograr alianzas en el Congreso y eso incluyó la incorporación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en el Ministerio de Casa Civil (Presidencia), pero no pudo asumir por estar en proceso de investigación judicial por el Lava Jato.

El 13 de abril se aprobó el informe de la Comisión Parlamentaria que investigó el caso con 38 legisladores a favor contra el voto negativo de 27, para que se inicie un proceso de censura contra la presidenta.

Como respuesta a la decisión de los legisladores, el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo a la prensa que el informe «demuestra que no hay una base legal y por ello el proceso de impeachment no debería ser llamado así sino golpe, el golpe de abril de 2016», mientras solicitaba un recurso de nulidad al TSF.

El 15 de abril, el TSF rechazó el recurso interpuesto por la Abogacía General de la Unión, representada por Cardozo.

ENEMIGOS ÍNTIMOS. Los principales impulsores del impeachment fueron los representantes del PMDB, Eduardo Cunha y el entonces vicepresidente de Brasil, Michel Temer, quienes tomaron el protagonismo para pedir la separación del cargo a Rousseff.

Antes de la votación se filtró en la prensa un video en el que el vicepresidente practicaba para su acto de asunción, simulando la destitución de Rousseff.

La mandataria tomó eso como una provocación hecha con la voluntad de Temer y lo llamó «golpista», y agregó que eso demostraba «la arrogancia y desprecio que siente Temer por el pueblo brasileño».

INTENSOS DEBATES. El 17 de abril, en una maratónica y ajetreada sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del proceso y lo tornó al Senado. La votación se caracterizó por un intenso enfrentamiento verbal entre partidarios y opositores de la mandataria, y por el hecho de que los legisladores invocaron un sinnúmero de motivos para justificar su voto, pero pocos hicieron referencia concreta a las acusaciones contra Dilma.

El momento más polémico fue cuando el diputado Jair Bolsonaro, de Río de Janeiro, dedicó su sí al impeachment al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los torturadores de Rousseff cuando ella, exguerrillera, estuvo presa durante la última dictadura militar brasileña (1964-1985).

Tras la votación en Diputados, el Senado instaló una comisión para analizar el pedido de juicio político, y resolvió recomendar al pleno de la cámara admitir el proceso contra la mandataria.

TEMER ASUME LA PRESIDENCIA. El 12 de mayo, el pleno del Senado aprobó el inicio del juicio político a Rousseff por 55 votos contra 22, separándola así temporalmente de su cargo, con lo cual Temer asumió como presidente interino; la defensa de Rousseff insistió en que se trataba de un golpe parlamentario.

Tras intensos debates, el Senado aprobó este miércoles destituir a Rousseff por 61 votos contra 20 y cero abstenciones.