OEA se juega su última carta en Honduras con la MACCIH y ¿mandará a la cárcel a los corruptos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Por Brayan Flores) La OEA se está jugando su última carta para recuperar el prestigio que quizá nunca tuvo: instalar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

La misión ha sido inaugurada entre agrias críticas de la oposición, líderes políticos y sociales que creen que es una jugada del régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández para salir bien librado de las acusaciones de corrupción que penden en su contra.

A la cabeza del organismo está el peruano Juan Federico Jiménez Mayor, exministro de Justicia y exjefe del gabinete de gobierno de Ollanta Humala, quien se está jugando su prestigio de haber desarmado la sanguinaria mafia dirigida por Alberto Fujimori y el oscuro Vladimiro Montesinos, presos por violaciones a derechos humanos y corrupción, y dice estar seguro que cumplirá su trabajo al frente de la misión.

ConfidencialHN ha dialogado en profundidad con el representante para Honduras del cuestionado secretario general Luis Almagro, en la oficina donde despacha en una zona exclusiva de la capital y pasa al pendiente de cada movimiento que realizan sus cuadros de confianza.

Se le preguntó si la ley alcanzaría al presidente en caso de comprobarse actos de corrupción –específicamente, al uso de fondos estatales-, fue esquivo, muy parco en sus respuestas sin dar una justificación sobre el tema.  

Por momentos, habla con lucidez y se refiere a algunos apartados de la legislación penal que serán aplicados a quienes incurran en corrupción. En otros tramos de la entrevista, para por momentos y se tarda en responder a las preguntas que le realizó este periódico.

Estimado lector, lo invitamos que lea la conversación con el número uno de la misión anticorrupción de la OEA. Saque sus conclusiones y juzgue usted cuál será el papel que jugará la MACCIH mientras permanezca en Honduras.

– ¿A qué vino la MACCIH a Honduras?

– Cuando instalamos la misión el 19 de abril nos encontramos con un escenario complejo. Había mucho ruido en torno a la misión, seguramente la aparición de líderes políticos y sociales que decían sobre una misión sin la capacidad, sobre todo, en el trabajo de investigación. El trabajo que vamos a hacer es de investigación e informar a la opinión pública cuáles son las posibilidades y si uno ve el convenio, la incidencia que va a tener es en el ámbito de la investigación de los casos de corrupción.

La principal incidencia financiera de recursos humanos de esta misión está en el ámbito de la división del combate a la corrupción,  donde está el área de investigación. Estamos construyendo la misión en este momento y llevamos informando a la gente sobre nuestro mandato y eso ha llevado tiempo para que puedan entender y hay otras personas que no han entendido sobre los avances de la misión. Pero debemos decirle que esta misión sí tiene capacidad de investigación con el Ministerio Público; seleccionamos y certificamos los fiscales que trabajaran con nosotros y estamos en este momento poniéndonos de acuerdo con la fiscalía de cómo va a ser ese mecanismo en el futuro.

Nuestra incidencia va a estar orientada a desplegar la arquitectura o el esquema para poder combatir la corrupción con eficacia y está vinculado a fortalecer los órganos de control, contralorías, fiscalización del poder, el mecanismo de juzgamiento de las personas que van a ser sometidas a la justicia. Por este motivo estamos trabajando en la creación de estas nuevas unidades en la fiscalía como en el Poder Judicial.

Ya se aprobó la jurisdicción nacional contra la corrupción y estamos en todos los procesos de selección de los jueces que van a trabajar en este circuito y los circuitos en Tegucigalpa y San Pedro Sula que van a trabajar con los jueces de letras, tribunales de sentencia y cortes de apelación, exclusivamente en casos de corrupción. Estos jueces van a tener protección y carros blindados para poder trabajar en el país.

Uno de los aspectos importantes –a pesar que la opinión pública no lo ha resaltado así– es el haber logrado que la Procuraduría General de la República no concilie casos de corrupción. El Estado podía conciliar un delito de corrupción para que no sea investigado y sancionado; la nueva política anticorrupción que está planteando la Procuraduría es que ya no se pueden conciliar casos de corrupción y que todo caso de corrupción será planteado por la justicia para que se determine la responsabilidad penal de la persona y es un elemento estratégico de la MACCIH.

– ¿Cuál es la similitud entre la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y la MACCIH? ¿Qué los diferencia?

–  Somos una misión que tenemos cuatro meses (de operar) en el país y la CICIG tendrá 10 años de estar en Guatemala. La CICIG entró hace tiempo en un proceso de cierre; iban a cerrar la misión. La relevancia está en función de las acciones que uno tiene, por ejemplo, cuando se instaló la CICIG en 2006, se tardó siete meses en conseguir fondos y la MACCIH se ha demorado tres meses y tenemos recursos con los que estamos iniciando. La CICIG se tardó dos años en crear la jurisdicción de mayor riesgo que es la jurisdicción anticorrupción y a nosotros nos ha tomado tres meses de trabajo.

En el asunto de facultades de investigación, la CICIG tiene facultades de investigación con la fiscalía general de Guatemala y la MACCIH tiene facultades de investigación y tenemos la potestad de trabajar en investigaciones que es el tema principal de la MACCIH y puedo garantizar que el principal legado de la misión será dejar una fiscalía en el ámbito de los casos de corrupción, bien preparada, en investigación de casos con herramientas muy modernas. Estamos trabajando en las posibilidades de generar el descubrimiento de la corrupción en Honduras a través de seguimiento de dinero que los corruptos han estado sacando del Estado, los malos empresarios que han estado coludidos con empresarios a través de operaciones económicas. Nuestra incidencia estará muy vinculada a la inteligencia financiera para descubrir dónde está el dinero de las personas y la incidencia de la MACCIH está en la búsqueda de sanciones penales en la recuperación de los activos.

El balance entre la CICIG y la MACCIH es así; adicionalmente tenemos una incidencia mayor que ellos porque podemos desarrollar formas en el plano institucional, en el campo legislativo y un observatorio que lo trabajamos con la sociedad civil. La CICIG no tiene estos componentes orientados a la sociedad civil que es muy importante si hablamos de la corrupción. Se combate con juicios y con un sistema de ciudadanía activa, ciudadanos que están viendo y fiscalizando sus políticos e instituciones y eso es lo que vamos a trabajar con la sociedad civil.

– ¿Por qué se incorpora a la sociedad civil en este proceso?

– Es para incidir de manera directa en cómo se ejercen derechos, reclamar a sus autoridades en casos de corrupción. Hace poco tuvimos una capacitación con los periodistas sobre técnicas de periodismo de investigación. Una prensa libre, sí, y que investigue también. Es importante que la prensa tenga un papel fiscalizador y que pueda desarrollar estas capacidades que en otros países están bien desarrolladas; en Honduras podrían desarrollarse más. La idea es que podamos desarrollar desde la sociedad civil una mayor incidencia de fiscalización que es un elemento que para la misión es muy importante.

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El periodista de ConfidencialHN, Brayan Flores, se entrevistó con el vocero de la MACCIH para saber a profundidad el trabajo que realizará la misión anticorrupción de la OEA. (Foto: Miguel Martínez / OEA).

– En Honduras, hay estructuras criminales que se enquistaron desde hace décadas en el Estado, ¿cómo los van a sacar?

– Lo vamos a hacer con inteligencia, con inteligencia financiera, saber cómo están funcionando los flujos, saber quiénes son sus testaferros, dónde están operando, qué operaciones realizan de manera ilegal y se van a trabajar en temas sensibles del país: el tema de las compras públicas, el sector extractivo, ambiental, obras públicas y también el sector farmacéutico. Estamos construyendo la misión y vamos a trabajar con dedicación para que los casos sean los que marquen la diferencia porque la corrupción se tiene que combatir, no sólo con prevención, sino con represión que está basada en las investigaciones y el trabajo que la MACCIH tiene la capacidad de hacer y que ya estemos haciendo en el caso concreto del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que lo venimos trabajando desde hace varias semanas.

– ¿Cómo puede confiar la MACCIH en una institucionalidad que fue infiltrada por la delincuencia y criminalidad organizada?

– Porque tenemos la posibilidad de seleccionar y certificar jueces y fiscales. Para eso hay una jurisdicción especial. No podemos trabajar con todos los jueces, ni con los jueces de sentencias ni de apelación, la idea es que podamos hacer una incidencia muy fuerte con unidades especializadas que trabajarán en la lucha contra la corrupción. El enfoque es estratégico en unidades especiales, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en el Poder Judicial y Procuraduría para que se mentalicen y que sepan cuál es su objetivo que es determinar el daño patrimonial al Estado, perseguir patrimonio estatal para recuperarlo.

– ¿Hay receptividad en las instituciones que trabajarán con la MACCIH?

-A diferencia de la CICIG, que estuvo durante dos años en permanente conflicto con la fiscalía y el Poder Judicial; en el caso de la MACCIH ha tenido mucha apertura del fiscal general Óscar Chinchilla y el presidente de la Corte, con quienes hemos venido trabajando y nos han abierto las puertas para poder trabajar de manera cómoda.

– ¿La Misión Anticorrupción de la OEA es una apuesta del presidente Juan Orlando Hernández o es un clamor?

– Hay que mirar la ejecutoria en estos cuatro meses y hay que rechazar esas frases que la misión no es independiente. Es una misión autónoma e independiente del gobierno, somos una misión internacional que sólo obedece a su mandato y a las instrucciones del secretario general. Nuestro mandato es combatir la corrupción.

– Hasta se advierte que la MACCIH podría dejar Honduras en poco tiempo por la falta de colaboración con el Estado.      

– No tengo que plantear si existe o no colaboración, la mejor colaboración es la que permite hacer las cosas en el país que tengamos la libertad de cumplir nuestro mandato sin ninguna imposición respecto a lo que hacemos. No tengo observaciones a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el trabajo que la misión está realizando.

– ¿Cómo van a convencer a los hondureños sobre el trabajo de la MACCIH?

– Con los resultados y eso es lo que verán los hondureños.

–  Los hondureños pedían una CICIH pero se han desencantado con la MACCIH, ¿qué debe esperar la sociedad?

– Es un proceso. Ninguna investigación se hace en siete días. Una investigación seria toma un tiempo de maduración e investigación; trabajamos con estándares altos y mecanismos que están vinculados a la inteligencia financiera y a otros elementos. No trabajamos necesariamente con prueba testimonial que es uno de los temas de mucho uso en el país, vamos a trabajar con elementos probatorios de prueba científica a las personas que hayan incurrido en delitos y la misión debe lograr un trabajo serio.

Comprendo la ansiedad de la población, pero les pido que vean cuáles han sido las experiencias en la región, sobre todo, la vivida por la CICIG. Tomó ocho años en ver los resultados y no es el caso de la MACCIH. No va a demorar ocho años como no ha demorado conseguir sus fondos, ha logrado conseguir la jurisdicción nacional anticorrupción y lograremos informar a la ciudadanía de manera adecuada sobre nuestro mandato.

– ¿Cuáles son las prioridades de la MACCIH?

– Tenemos dos áreas: la investigación en donde estamos trabajando en el caso del IHSS con la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público y es nuestra prioridad. Estamos llegando al tercer año de investigaciones y creemos que vamos a comenzar las audiencias públicas y que no sean abreviadas sin el conocimiento de la gente. Creemos que las personas tienen derecho a saber qué pasó en el IHSS, a saber la verdad.

Las otras prioridades están enfocadas a las reformas que queremos plantear, como la Ley de financiamiento de las campañas políticas, las otras tienen que ver con las estrategias de la MACCIH que es el procesamiento de casos de la unidad especializada del Ministerio Público que trabajará con la misión que es la jurisdicción nacional anticorrupción…

Estamos trabajando en el caso del IHSS con la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público y es nuestra prioridad. Estamos llegando al tercer año de investigaciones y creemos que vamos a comenzar las audiencias públicas y que no sean abreviadas sin el conocimiento de la gente. Creemos que las personas tienen derecho a saber qué pasó en el IHSS, a saber la verdad.

Vamos a trabajar con la Procuraduría en la recuperación de activos, vienen las indemnizaciones de quienes han dañado al Estado y estamos creando la arquitectura sin perjuicio de trabajar en el IHSS. Estamos trabajando en diversos frentes, estamos consiguiendo fondos y armando los equipos de trabajo.

– A propósito del IHSS, ¿cómo quedó el caso del periodista Henry Gómez que ya se considera como cosa juzgada?  ¿Lo van a retomar?

– Ese caso que comenta, es cosa juzgada…en el caso de Gómez la condena fue de cuatro años y es conmutable. Pagó 17 mil lempiras y se salvó de pasar cuatro años en prisión.

– ¿Se recuperarán esos fondos?

– Estamos trabajando con la procuraduría para recuperar ese dinero y los daños que causó su actuar delictivo. ¿Los jueces actuaron legalmente? Sí, señor. A él lo pasaron a juicio abreviado y la MACCIH considera que todos los juicios que tienen que ver con corrupción tendrán que pasar a juicio oral y público porque la población hondureña tiene derecho a saber la verdad. ¿Era legal que el juez pase a proceso abreviado y no a juicio oral y público? Sí, pero consideramos que era ilegitimo. Las cosas pueden ser legales, pero ilegitimas. La MACCIH reclamó una aplicación enérgica y sin contemplaciones contra los corruptos.

Quien comete un acto de corrupción tiene que ser sancionado con mucha energía. Nos han dicho, “nos metemos con los chiquitos y no con los grandes”, ¡no es cierto! La cuestión es que si la MACCIH se mete con chiquitos, ¡imagínese cómo se va a meter con los grandes!

– ¿O será que se aplica esta modalidad para dejar libres a los autores intelectuales de la corrupción en el IHSS y en la corrupción estatal?

– Eso no es verdad. Al contrario, si así como actuamos con una persona con el perfil delictivo del señor Gómez, imagínese con los casos de mayor impacto.

– ¿Qué pasará cuando llegue ese momento?

– Vamos a actuar con mucha energía, con ciencia y aplicar la ley; le vamos a pedir a las autoridades que haya una aplicación enérgica de la ley y de forma correcta.         

– ¿Cuándo veremos resultados?

– Ya tenemos resultados…estamos trabajando en la Ley de financiamiento de partidos políticos que es muy relevante, estamos hablando de una reforma muy importante que no sólo se queda en la reforma legislativa, la MACCIH va a trabajar en cambio de la ley, en la aprobación de esta ley y hemos exhortado al Congreso para que se apruebe. La misión va a trabajar fuertemente en la unidad de fiscalización. La gran novedad en esta normativa es que vamos a tener una legislación muy moderna y una unidad que va a permitir hacer investigaciones sobre el financiamiento de los candidatos y partidos políticos. Es muy relevante. El objetivo no es la ley, es que tengamos una unidad que fiscalice a los partidos y candidatos políticos; la MACCIH apoyará esta unidad en las investigaciones.

– Estamos a pocos días que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones y si esa ley no está aprobada antes del 11 de septiembre  ¿no se podrán auditar los gastos que incurran los candidatos en la contienda interna de marzo de 2017…?

-…Eso no es así. Sería conveniente y estamos a tiempo…ojalá. Eso no impide que la ley se pueda aprobar después. Para la MACCIH era importante la fecha, básicamente, por el simbolismo que implica que antes de la convocatoria se aprobara, se puede dar después al igual que otras reformas. Jurídicamente, no hay impedimento para eso.  La nueva ley tiene novedades importantes, como los techos de gastos y ni podrán gastar más de determinado monto. Se establece la suspensión de la publicidad estatal.

Aun el candidato que haya ganado la elección, si se comprueba que financió su campaña con dinero ilegal, puede ser sujeto que se le pueda levantar el secreto bancario, tributario de operaciones sospechosas por empresarios o personas que hayan querido contribuir con el candidato. Tampoco impide que las elecciones primarias sean auditadas, pero el inconveniente será el tiempo para aprobarlas, porque se tiene que nombrar un jefe de la unidad y si se tarda habrá problemas; la ley tiene un catálogo de sanciones que van desde multas hasta la cancelación de la inscripción del partido que no rinda cuentas sobre los gastos del campaña ni del registro de sus donantes.

Los candidatos que van a la reelección no pueden inaugurar obras. El candidato que vaya a la reelección, si inaugura una obra, podrá ser sancionado por la unidad con la suspensión o destitución de su cargo. La MACCIH también planteará nuevas sanciones penales en materia electoral. No se pueden usar instalaciones y camionetas del Estado…hay una serie de elementos que son novedosos.

Se pondrá como novedad la prohibición de los fondos públicos para las campañas electorales y desvío de fondos que no había hasta este momento.

– ¿Este control será al ciento por ciento, abogado?

– Todos los candidatos, movimientos, alianzas y partidos tienen que informar a la unidad de fiscalización. Quien no informe será sujeto de investigación y sanción por la unidad. Quien informe con datos falsos será sancionado y quien mienta también.  Estamos hablando de una herramienta novedosa que va a permitir inclusive con el levantamiento del secreto bancario y pedirle a la unidad de inteligencia financiera para poder descubrir el dinero ilícito. Esta es una ley que se hace para frenar la corrupción, el dinero del narcotráfico y crimen organizado y evitar que penetre en el sistema político. Es una ley que si se aprueba tal cual como lo ha planteado la comisión de Asuntos Electorales del Congreso que ha trabajado en conjunto con la MACCIH en esta materia, vamos a tener la ley más avanzada de la región.

– En la actualidad, quienes quieren reelegirse utilizan el bono 10 mil y la bolsa solidaria para conseguir capital político, ¿esa ley los alcanzará?

No se pueden usar fondos públicos para campañas electorales. La unidad tendrá facultades legales para hacer en su momento las investigaciones. Lo que hay que dejar claro que no hay normas que prohíban determinadas conductas y, a partir de esta ley, habrá una serie de sanciones y prohibiciones para las personas que infrinjan la legislación, incluyendo las penales. La autoridad tiene que imponerse e impedir, como ocurre en otros países, este principio que los recursos del Estado no se pueden desviar hacia el proselitismo político.

– ¿Hay corrupción en el gobierno cuando se utilizan programas institucionales que son para combatir la pobreza pero las desvían para conseguir caudal político?

– Eso afectaría en principio si se está dando. En cuanto comience la campaña electoral, las cosas van a cambiar porque no se podrá hacer publicidad estatal ni con los recursos del Estado. No se podrá usar los bienes del Estado para campañas electorales y toda acción, actividad de un partido o un candidato tendrá una valorización; todo se va a valorar: los aportes, las contribuciones, los gastos.

Las contribuciones tendrán que registrarlas y comunicarlas a la unidad y tendrá que determinarse cuánto se está gastando. No sólo se habla de contribuciones económicas, también en especies…una persona le podrá regalar a un candidatos unos spots de televisión, radio o le regala gasolina para sus camionetas; le regala panfletos y todo eso tiene que contabilizarse. Todo debe tener un techo de gasto y quien se exceda será sujeto de sanción.

Si hay dinero del narcotraficante o no se puede justificar su origen, habrá hasta la cancelación de la candidatura.

– El exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, reveló que cárteles del narcotráfico financiaron campañas políticas, ¿serán perseguidos esos candidatos?

– Con inteligencia financiera. Será con registros y quien no lo haga será sancionado y cuando se determine operaciones sospechosas de dinero ilegal, ya sea de un narcotraficante que está enviado miles de dólares a una zona del país, la unidad podrá iniciar una investigación contra ese candidato y levantar el secreto bancario para saber de quién se trata y sabremos si dio el dinero o no. De hecho, se está poniendo en el dictamen que la simulación de la entrega de dinero y contribuciones están prohibidas y serán sujetos de sanciones penales, no puede haber simulación de contribuciones, es decir, que se pone a una persona pobre para que transfiera contribuciones y es prohibido.

–  ¿…Incluyendo al presidente?

(Repite una de las respuestas y al haber finalizado la entrevista y se le repreguntó, limitándose a decir: ahí está la ley).

– Un escenario: ¿ustedes tendrían en este momento la capacidad de investigar y auditar a los diputados para saber de dónde obtuvieron dinero?

– Estamos hablando de la próxima campaña electoral. La unidad de fiscalización trabajará en el proceso electoral de 2017.   

– ¿Qué pasará con el dinero que provenga del exterior para financiar las campañas?

– Está prohibido. No puede haber dinero extranjero en las campañas. Ni empresas ni gobiernos extranjeros pueden donar dinero a las campañas. Es un dinero ilegal y puede acarrear la cancelación de la candidatura.

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La OEA se juega su última carta en Honduras con la MACCIH y prevén el fracaso de la misión, en consecuencia, del organismo regional presidido por el cuestionado Luis Almagro.

– ¿Ustedes podrán hacer una auditoría previa a los partidos?

– (El vocero de la MACCIH guarda silencio por cuatro segundos y reacciona a la pregunta) Los partidos tienen que informar sus cuentas. En el portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, no todos los partidos han cumplido con dar informes financieros y han tenido la sanción que ha dado el organismo. La ley lo establecerá de manera tajante, si se aprueba.

– Ustedes propusieron la Ley de colaboración eficaz para desbaratar redes criminales, pero el presidente del Congreso sostiene que no negociarán con delincuentes.

– No es un mecanismo de negociación con delincuentes, busca determinar el conocimiento de una red criminal y la posibilidad que tenga una herramienta que ya existe para los delitos de asociación ilícita para delinquir y lo que estamos planteando que sea usado para casos de corrupción. Planteamos que exista una herramienta del fiscal, no de los políticos, para que pueda recibir información que aporte para el descubrimiento de quiénes integran una red criminal, quiénes son los miembros de la organización.

Por ejemplo, el contador de una empresa dice cómo son los movimientos financieros y quiénes participan en la organización. El contador, si aporta la contabilidad paralela que existe y los nombres de quienes la conforman, podría tener un efecto de beneficio respecto a su pena, una rebaja o incluso una exoneración de la responsabilidad penal. Lo que pasa que la legislación que hay en Honduras es que se aplica esta figura en el delito de asociación ilícita para delinquir enfocado a la persona condenada. El condenado tendrá el beneficio si coopera con información. Nosotros estamos planteando que una persona imputada pueda dar información mediante estos mecanismos.

Guatemala, mediante este mecanismo, pudo llegar al caso “La Línea”, en Perú toda la estructura de (expresidente) Alberto Fujimori y (el asesor) Vladimiro Montesinos y ha funcionado en Brasil en el caso “Lava Jato” (que imputa al expresidente Luiz Lula da Silva) y en EE.UU. Eso ha permitido descubrir organizaciones criminales. Con esto podremos saber quién es la persona que está detrás, el que da las órdenes y no se aplica para los líderes de las organizaciones criminales.

– La OEA ha entrado en un avanzado desgaste y  analistas consideran que la MACCIH es la apuesta para recuperar su prestigio en la región, ¿qué pasará si la misión fracasa?

– Hablamos de una nueva OEA, revitalizada, implicada en los asuntos hemisféricos. Está concentrada en el caso de Venezuela (NR: el secretario general Luis Almagro se tomó como personal la confrontación con el ejecutivo de Nicolás Maduro por el apresamiento del opositor Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel por actos vandálicos) y el otro gran proyecto de la OEA es la MACCIH, es la primera en su tipo de la OEA.

Hemos venido en la idea, no de cumplir un protocolo o una posición cómoda de ser una misión internacional que viene el país a pasarla bien. Ha venido a trabajar duro, muy duro, si se puede proyectar lo que se ha hecho en cuatro meses sobre lo que la gente espera pero conseguir fondos; la CICIG con (el primer comisionado de la comisión antimafias de la ONU para Guatemala) se tardó siete meses en conseguir fondos e inaugurar su oficina en Ciudad de Guatemala y nosotros ya vamos a inaugurar la oficina, montar el equipo de trabajo. Son procesos internos que a la gente no le importa, sólo los resultados de impacto de la misión, pero que es importante considerar que una misión que comienza de cero y hemos venido a controlar una misión para expandirla y producir los resultados.

– Sabemos de su pasado en Perú como ministro de Justicia  (del gobierno de Ollanta Humala), de su trayectoria profesional, pero al venir a un país como Honduras donde la corrupción se convirtió en política de Estado, ¿no es poner en total riesgo su prestigio como jurista?            

– En mi país no fue hacer fácil lo que hicimos. En mi país se robaron seis mil millones de dólares, existió una organización criminal que operaba desde la presidencia de la República, una organización criminal que conformaron ministros, diputados, generales, almirantes, periodistas, empresarios, magistrados y fueron todos investigados y sancionados.

En mi país, ninguna persona de cuello blanco había pisado un tribunal y no soy de los que cree que nos desafíos no son posibles. Son posibles y en Honduras hay una oportunidad para poder enfrentar a la corrupción. Les pido a los hondureños que esta misión no puede sola. Esta misión, sin el respaldo de la gente pasará inadvertida. No le pidan sólo a la MACCIH lo que le corresponde hacer a los hondureños. Si se tiene que indignar, ¡indígnese! No he visto a nadie indignado con el caso de Henry Gómez, nadie dijo nada, sólo la MACCIH dijo lo que tenía que decir y creo que todos tienen que tener un papel si quieren cambiar las cosas. En mi país las cosas cambiaron porque la gente así lo quiso, no porque lo quiso un tribunal o un grupo de iluminados, fue una decisión política y de la población de decir “hasta aquí llegamos”, lo que queremos es que haya un cambio.

Respecto a la Ley de financiamiento, veo que hace falta el pronunciamiento de una parte de la sociedad…

– ¿…De quién, precisamente…?

– Dígame usted…

– …Usted es el vocero de la MACCIH.

– Lo que estoy pidiendo es que la gente se pronuncie a favor o en contra, pero que se pronuncie. Lo peor que puede pasar en una sociedad es la indiferencia o la apatía y en temas tan importantes, creo que la sociedad debe tener una posición. Lo que planteamos es que la gente se informe de temas de interés público, que opinen y tomen posturas. No estamos diciendo que tomen la posición nuestra porque podremos estar equivocados, pero que por lo menos digan que están a favor o en contra, pero que en el país existan controles de financiar las campañas, de quienes violen la ley.

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  • Jose Navarro mi correoes lempira794@gmail.com 11 septiembre, 2016 at 5:40 am

    esta muy bien el periodico,lo que ,e falta es que publiquen noticias frescas pues hay algunas que ya tienen mas tres semanas,pienso que es lo mas limpio que sucede en mi pais,pues los demas periodicos son amarillistas y van de la mano con la corrupcion del gobierno.sigan adelante senores,aca tienen un fiel lector de todos los dias. a proposito quisiera conseguir una noticia del confidencial que aparecio alli por los dias 23 de agosto creo,dice ,bueno salen unos campesinos y dice que el instituto nacional agrario esta ya desapareciendo.si pudieran incarme como recuperar esa noticia les agradeceria.

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  • El Sureño Fuereño 20 septiembre, 2016 at 12:18 pm

    La OEA se equivoco de mandadero, ese Sr. Juan Jimenez Mayor no discimula su afinidad con el Delincuente que Preside Honduras. Se le sale la zaya cuando se lo mencionan en un tema X, aqui se quemo la ORGANIZACION DE ESTADOS ACOMODADOS.

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