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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El depurador de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, afirmó que el compromiso del organismo de seguridad de seguir proporcionando medidas de protección a grupos vulnerables o que son sujetos de ataques.

Al respecto, comentó que “en la nueva estructura se detalla el mandato que la Policía tiene que ubicar a los grupos que están en extrema vulnerabilidad…son cientos de personas que están con medidas cautelares y que no se les ha dado la debida protección”.

“La Policía carga con esa responsabilidad cuando alguien fallece o se atenta contra su vida y la responsabilidad del Estado cuando no se le ha dado el cuidado necesario. La nueva Ley de Policía establece que una unidad especializada debe tener un grupo élite que pueda garantizar los derechos y libertades que deben tener estas personas y grupos vulnerables como los periodistas y defensores de DDHH”, añadió.

Lamentó que en este momento cuentan con el 50 por ciento de policías para cubrir la protección ciudadana y “organismos como Naciones Unidas han dicho que se requieren hasta 300 policías por cada 100 mil habitantes; hemos acompañado en el proyecto de cobertura de agentes y esperamos que en 2022 hayan 26 mil policías en las calles y podríamos cumplir con las normas internacionales”.

“Hemos acompañado al gobierno en un plan de crecimiento de policías que llegaría a 2022 para satisfacer las demandas de seguridad y protección a la sociedad y grupos vulnerables”, aseguró el depurador.

Se ha tomado en consideración varios estudios que hicieron en su momento la OEA, EE.UU. y la extinta comisión de reforma a la seguridad  para poder fortalecer la Policía Nacional. “Cuando uno va a las comunidades, municipio y aunque se ha incrementado la cantidad de patrullas, los recursos no son suficientes”.

Junto al crecimiento de recursos para volver eficiente la labor de la Policía, dijo, se debe «evaluar el personal de las diferentes fiscalías y juzgados”.

Aseguró que se tiene que realizar una depuración de los operadores de justicia para que sean funcionales «y cumplan a cabalidad su papel en el ámbito de su mandato y no pueden fallar”.

 

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik Mundo) El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, cree que los partidos políticos brasileños se organizaron internamente para saquear la empresa semiestatal Petrobras en los últimos años.

Janot resaltó este jueves que los partidos tenían un esquema horizontal que funcionaba como una cooperativa y uno vertical, que era donde se tomaban las decisiones.

«Algunos miembros de determinadas agremiaciones se organizaron internamente, valiéndose de sus partidos y en una estructura jerarquizada para cometer crímenes contra la administración pública», considera Janot.

El fiscal pidió al Tribunal Supremo Federal que para facilitar las investigaciones divida en cuatro el caso de la Operación Lava Jato que indaga si existió una organización criminal para esquilmar la petrolera compuesta por políticos y empresarios.

Janot propone investigar por una parte todas las sospechas relacionadas con el Partido de los Trabjadores (PT) —con 12 investigados— y por otra los del Partido Progresista, con 66 nombres implicados.

Las otras dos corresponderían a los integrantes del oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde hay 15 y nueve investigados respectivamente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El oficial de Policía Ludwig Criss Zelaya Romero permanecerá más tiempo en Honduras luego que el tribunal especial determinara admitir el recurso de amparo alegando que los delitos por los que es acusado por EE.UU. no están incorporados a la legislación nacional.

El apoderado legal de Zelaya, Jorge Valladares, informó este jueves que el documento que presentó el martes anterior fue admitido y contiene argumentos para que su representado no sea sujeto de extradición al país del norte.

No se cumplieron normas internacionales relacionadas a imputaciones que deben estar incluidas en países que poseen convenios de entrega de connacionales a otros Estados, por lo que hubo violación del denominado “Código de Bustamante” que ya establece qué parámetros deben incluirse en casos de extradición.

No dio más detalles sobre futuras acciones legales a favor de su defendido; aunque señaló que estará vigilante que se le respeten las garantías que establece la Constitución hondureña.

El oficial guarda prisión en una unidad militar de la periferia de Tegucigalpa mientras se agota el proceso para ser entregado a EE.UU. donde sería juzgado por una corte de Miami acusado de tráfico de armas y drogas.

En caso que se concrete la extradición, Zelaya Romero se enfrentaría a una condena entre 40 años de cárcel y cadena perpetua porque supuestamente conspiró para introducir armas de manera ilegal a territorio estadounidense.

El acusado formaba parte del grupo de seis oficiales de Policía solicitados en extradición por EE.UU. por conspiración para introducir cinco kilogramos de cocaína; el resto de los señalados se entregaron de manera voluntaria.