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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La cadena de eletrodomésticos “La Curacao” ha entrado con fuerza al mercado de la “intermediación financiera”: hacen préstamos a los hondureños que tienen necesidad de dinero para solventar problemas financieros.

No obstante, la empresa subsidiaria del grupo Unicomer, con sede en la capital, carece del permiso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para realizar este tipo de gestiones, según el comunicado emitido el 29 de septiembre de 2016.

El organismo regulador del sistema financiero nacional informó que sólo bancos comerciales y estatales, las sociedades financieras y administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras y organizaciones privadas de desarrollo, bolsas de valores y casas de bolsa pueden hacer labores de intermediación financiera. Quien opere al margen de la Ley del Sistema Financiero Nacional, será sujeto de sanciones.

En consecuencia, Unicomer no tiene autorización para realizar operaciones de préstamos, según la postura oficial de la Comisión de Bancos que fue divulgado este jueves.

“Las instituciones que no aparecen en la presente publicación y están realizando operaciones de intermediación financiera, dé aseguramiento de bienes y personas, administrando fondos de pensiones o realizando operaciones propias de una bolsa de valores y casas de bolsa, lo hacen al margen de la ley”, advierte de CNBS en el comunicado oficial.

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ConfidencialHN buscó en los registros públicos de la entidad estatal para corroborar si la empresa tiene autorización para realizar funciones de intermediación financiera y no existen documentos o resoluciones que avalen las operaciones de la financiera.

Se buscó, asimismo, registros a nombre de Unicoservi, S.A. de C.V., otra operadora de La Curacao y no se hallaron registros; tampoco aparece en la comunicación oficial del 29 de septiembre, por lo que ambas empresas no están operando dentro de la norma legal de la Comisión de Bancos y Seguros.

Según la institución –señala el comunicado– los que no figuran en el listado de entidades supervisadas, que realicen intermediación financiera, serán sancionados según el artículo 394 del Código Penal vigente.

Este apartado, según incisos A y B rezan de manera taxativa: Artículo 394-A. Delito Financiero. Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de la tipificación delictiva establecida en este Capítulo. Para los fines de este Capítulo se denominará a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como la comisión, y cuando se refiera a la Instituciones, se entenderán comprendidas todas aquellas supervisadas por la comisión de conformidad con el Artículo seis (6) de la Ley de la Comisión.

Artículo 394-B.- Realización de Intermediación Financiera sin Autorización y Captación Irregular de Recursos del Público. Quien, sin la previa autorización de la Autoridad competente, realice operaciones de Intermediación Financiera, captando recursos del público para prestarlos o darlos a otro bajo cualquier concepto jurídico o modalidad será penado de tres (3) a seis (6) años, cuando la intermediación no cause daños a terceros; y de seis (6) a doce (12) años cuando lo cause.

curacao

 

PRÉSTAMOS CARÍSIMOS. Aparte de operar fuera de las normas que exige la legislación financiera, La Curacao realiza préstamos “en cuotas chiquitas”, pero a elevadas tasas de interés que superan, incluso a las que ofrecen los bancos y cooperativas supervisadas.

Por ejemplo, un préstamo de 10 mil a 30 mil lempiras paga una tasa de interés del 3.75 por ciento mensual, en apariencia, es dinero barato, pero al realizar una sumatoria anual de intereses, estos pueden alcanzar hasta el 45 por ciento y se ubica en la escala de la tasa de interés (valor del dinero prestado) que ofrecen las tarjetas de crédito.

A grandes rasgos, los prestatarios terminan teniendo una tarjeta de crédito, sin tenerlo, a juzgar por el valor el dinero que les provee el prestamista.

Por un préstamo de 10 mil lempiras, el deudor termina pagando 14,500 lempiras incluyendo los intereses; en cambio, las cooperativas suelen prestar a una tasa anual del 14 por ciento, a un promedio del uno por ciento mensual.

Una visita hecha por este por periodistas de este periódico –que se hicieron pasar por clientes necesitados de dinero a una de las sucursales de esta financiera, ubicada estratégicamente en los mercados capitalinos–, pudo comprobar de la boca de los oficiales de crédito que el interés es del 3.75 por ciento; nunca le dicen al prestatario que ese dinero es muy caro…todo el monto debe ser pagado en un plazo máximo de 24 meses.

Quien quiera acceder al dinero, debe cumplir una serie de requisitos que también son exigidos en los bancos tradicionales y cooperativas, para ser sujetos de préstamos.

Toda institución supervisada transfiere datos de los candidatos a créditos a una denominada “central de riesgos” que opera la Comisión de Bancos y burós de créditos particulares. La rama financiera de Unicomer, realiza tales operaciones.

Se les consultó a dos oficiales de la sucursal de La Curacao y confirmaron que, en efecto, los datos de los clientes que solicitan un préstamo son enviados al buró de créditos para comprobar si, en efecto, tienen deudas o si son sujetos de crédito.

Los oficiales aseguraron que deben hacer las gestiones en unos dos días para saber si pueden o no prestar el dinero, que se ha convertido en otra de las actividades del grupo Unicomer, sin que estén regulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Miguel Ángel Mejía manifestó hoy que no puede referirse a las labores que Hilda Hernández desempeña como “ministra asesora”, luego de ser nombrada a dicho cargo por su hermano el líder del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández.

En ese sentido, manifestó que el TSC, no puede emitir de manera irresponsable ninguna opinión sobre ese tema, ya que a pesar que han trascurrido más de dos años de haberse realizado dicho nombramiento, “no han hecho una auditoria de recursos humanos” y así “determinar las condiciones en que fue contratada”.

El titular del TSC de igual forma aseguró que es natural que los funcionarios nombren personas para determinados puestos por lo que  consideró que “no creo que sea un delito que el presidente nombre un pariente de él”.

Contradictoriamente, el magistrado en sus declaraciones aseveró que “todo funcionario que no cumpla con la ley debe ser separado de su cargo”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro de la junta directiva del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), José Luis Baquedano, advirtió que ya están buscando los mecanismos para devolver  5 mil 317 millones de lempiras en excedentes a más de un millón de personas afiliadas a dicha institución.

“En los 25 años que tiene el RAP, se afiliaron un millón 400 mil personas que aportaban un 1.5 por ciento del salario de aquel entonces sin límite, igual aportaba el empresario y eso genero una gran cantidad de dinero que fue invertido”.

“Esas inversiones generaron la cantidad de 8 mil 157 millones de lempiras que son los excedentes, de esa suma vamos a restar 2 mil 400 millones de lempiras que es el capital que manda la ley porque es el patrimonio del RAP, y se van a distribuir 5 mil 317 millones en efectivo, ya que con lo restante se les dará a los trabajadores un certificado de participación patrimonial”.

De igual manera, recalcó que el RAP continuará operando como institución con ese patrimonio, ya que también es parte de los trabajadores, como lo establece el marco de la ley del RAP en el artículo 31, donde dice que el patrimonio no debe ser menor del 10 por ciento del capital, y en este momento, dicha entidad cuenta con 18 mil millones de lempiras.

Baquedano explicó que la entrega de excedentes ya está categorizada por lo que los trabajadores activos (tienen cuenta en el RAP y siguen laborando) 272 mil trabajadores recibirán 2mil 300 millones de lempiras que irán a la cuenta de cada trabajador.

La segunda categoría, la cual está conformada por los trabajadores que ya no laboran, pero aún tienen fondos en el RAP, los cuales son 547 mil trabajadores, recibirán en concepto de excedentes, mil 100 millones de lempiras.

Por su parte la tercera categoría, integrada por 563 mil trabajadores retirados, los cuales ya no tienen aportaciones en el RAP, recibirán mil 900 millones de lempiras.

“Vamos a buscar el mecanismo en como entregar ese dinero,  para atender ese millón de trabajadores, el RAP solo tiene tres oficinas con un total de 115 empleados muy eficientes, y cuando empezamos, lo aremos con la entrega de los excedentes a las personas que ya cumplieron los 65 años, los hombres y 60 las mujeres”.

Afirmó que la próxima semana el consejo directivo tomará la decisión de como será el mecanismo para la devolución de los excedentes y afirmó que “todos van a recibir de esos excedentes incluyendo los que ya retiraron sus aportaciones del RAP, incluso los que tenían fondos y fallecieron, sus hijos pueden declararse herederos para gozar de ese derecho”, finalizó.