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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Vía Actualidad RT) En vísperas del primer aniversario de la muerte de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, Amnistía Internacional califica de vergonzosa la ausencia de una investigación efectiva al respecto.

Este homicidio no solo reforzó el sentimiento de inseguridad entre los ecologistas del país, sino que dio paso a que el Congreso aprobara una ley para proteger a los activistas. Sin embargo, aún hay fallos tanto en su aplicación como en la investigación de los casos de violencia.

HONDURAS: UN RIEGO PARA LOS ACTIVISTAS.  Según datos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN), más de 110 activistas ambientales han sido asesinados entre 2010 y 2016.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que los defensores del medio ambiente que intentan denunciar el acoso y la inseguridad que viven, no obtienen respuestas eficaces por la gran corrupción que hay en el Gobierno.

Al respecto, la investigadora de Amnistía Internacional México Ariadna Tovar señala que hay una serie de «intereses económicos y  políticos de distinto tipo» en donde además, los ambientalistas y activistas son tratados de delincuentes y amenazados, así como su círculo íntimo más cercano.

«Pasan por la vigilancia y la criminalización», destaca.

BERTA Y SU LEGADO. Al parecer, existe un vínculo entre la violencia contra los ambientalistas y su oposición a compañías que buscan la explotación de tierras en Honduras. Sobre todo, si el defensor se convierte en una figura relevante para la sociedad, como era el caso de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015 y asesinada en marzo de 2016.

Para Axela Romero, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de México, Cáceres «señalaba un rumbo de acción» a favor de las necesidades de las comunidades indígenas y se oponía al modelo capitalista que «nos está causando muchos estragos».

CIFRAS ALARMANTES.  La ONG Global Witness reveló que tres cuartas partes de los asesinatos a ambientalistas en el mundo suceden en Sudamérica y América Central.

Honduras presenta el mayor número de asesinatos per cápita y ha sido catalogado como el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos ambientales y de la tierra. Una zona de alto riesgo para una labor que no solo requiere dedicación, sino también una gran valentía.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik Mundo) Estados Unidos utilizará su autoridad para asegurar que otras naciones reciban de vuelta a los inmigrantes ilegales que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense, dijo el secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions.

«Tenemos la capacidad, el poder y el requerimiento legal de confrontar a esos países que se niegan a recibir (a los inmigrantes) de vuelta y emprender acciones contra ellos si no los acogen», señaló Sessions en una reunión de la Asociación Nacional de Fiscales Generales de EEUU celebrada en Washington.

Sessions señaló que Estados Unidos alberga actualmente inmigrantes que han cometido crímenes en territorio estadounidense porque sus países de origen no les permiten volver.

Dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU hechos públicos la semana pasada pedían al Gobierno federal la inmediata reanudación del programa de información compartida «Comunidades Seguras», que utiliza recursos de la policía local y estatal para facilitar que las autoridades identifiquen y deporten inmigrantes con antecedentes criminales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un humilde fontanero rompió en llanto este día ante la cámara de este rotativo mientras denunciaba con impotencia que agentes de la Policía Nacional, asesinaron la noche del lunes a su hijo en el barrio La Ceibita en San Lorenzo, Valle, zona sur de Honduras.

Según el relato del acongojado padre, identificado como Leopoldo Cruz, su hijo fue acribillado por varios agentes policiales a las 10 de la noche del lunes 27 de febrero; “de repente me dieron la noticia que él estaba tiroteado, venía de ver a su niño cuando la policía me lo mató”.

“Ellos lo tirotearon y después lo llevaron al hospital de San Lorenzo, él llegó con vida, pero no dejaban entrar a ningún familiar adentro y no pode verlo; cuando regresé en la madrugada me dijeron que ya estaba muerto y que lo habían mandado a la morgue en Tegucigalpa”.

El padre identificó a su hijo como Leopoldo Ravaneli Cruz Canales de 21 años de edad, y exigió justicia argumentando que no es posible que los que están para proteger, terminen asesinado a las personas.

De igual manera aseguró que aunque los lugareños de la Ceibita saben lo que pasó, nadie tendrá el valor de denunciar el crimen porque “La policía mata a cualquiera, porque ellos no están para defender a nadie solo están para joderlo a uno y para matarnos”.

“Allí hay una pulpería y una iglesia católica, había gente, pero si les van a preguntar no van a decir nada porque saben que corren peligro, ahora en cualquier lado aparecen sacos”.

“Quiero que investiguen el caso y hagan justicia para que las cosas vallan teniendo seriedad, si ya me mataron a mi hijo que no sigan haciendo lo mismo con los demás, porque esto que se está dando nunca se había vivido”, finalizó.

Confidencial HN