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NUEVA YORK, EE.UU.

El hondureño Fabio Lobo deberá entregar unos 13 millones de dólares que habría recibido de operaciones con el narcotráfico, pidieron hoy fiscales estadounidenses.

Información de la agencia The Associated Press (AP) indicó que Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, tendrá que devolver la fuerte suma de dinero a las autoridades judiciales de EE.UU. que “es una estimación conservadora” y “razonable” que se basa en las ganancias que obtuvo con el narcotráfico.

“Lobo se prepara para ser sentenciado en Nueva York tras haberse declarado culpable el año pasado de participar en una red de tráfico de cocaína. Su abogado no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de The Associated Press”, indica la información.

El gobierno de EE.UU. responsabiliza a Lobo de haber recibido multimillonarias cantidades de dinero cuando colaboró con el cártel “los Cachiros”, ya que actuó “como conexión entre éste y funcionarios hondureños corruptos”.

“Según los fiscales, el cartel avisó entre cinco y ocho veces a Lobo de la llegada de drogas para que éste ofreciera protección en caso de que las autoridades interceptaran los cargamentos. Lobo también ayudó al cartel a lavar dinero al facilitar la entrega de contratos del gobierno a una empresa de ‘Los Cachiros’ a cambio de sobornos”, explica el cable internacional.

Datos a los que tuvo acceso la agencia en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, señala que en 2012, el acusado se habría inspirado “por avaricia y por pensar que tenía derecho debido a su estatus familiar, el acusado intensificó su actividad criminal al participar de forma más directa en el violento tráfico de drogas que destruía su país”, aseguran los fiscales Emil Bove y Matthew Laroche.

El acusado, reza la declaración, propuso a los hermanos Rivera Maradiaga recibir “aviones llenos de cocaína en el Departamento de Olancho y ayudó a otro narcotraficante, Carlos Lobo, a intentar recuperar sus bienes incautados a cambio de un soborno de 100.000 dólares. Carlos Lobo no es pariente de Lobo”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, aseguró que si el Poder Legislativo no deroga el articulo 335B, que violenta la libertad de expresión, procederá a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según el representante del CPH, no tolerarán ninguna reforma o modificación de la Ley Bozal Óscar Álvarez, porque lo que están exigiendo es que se derogue por completo el artículo que vulnera la libertad de expresión.

“Nuestro argumento es que violenta el articulo 72  y 74 de la Constitución de la Republica  y el 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si deciden no derogarlo, acudiremos a presentar un recurso de institucionalidad ante el Poder Judicial”, manifestó el periodista.

Reiteró que si el “el congreso va a tomar su propia decisión” al “presentar una iniciativa por su propia cuenta”, el CPH no la apoyará.

De igual manera, el representante del CPH aseguró que agotaran todas las instancias nacionales conforme al Derecho y si la CSJ no emite una respuesta favorable para la libertad de expresión, procederán a visitar las instancias internacionales.

Lea: Presidente de periodistas pide a colegas “andar pianito” por ley bozal

Cabe destacar que después de ser aprobada la Ley Bozal Óscar Álvarez, el pasado 21 de febrero, Rodríguez manifestó que el titular del legislativo, Mauricio Oliva, le había propuesto “una salida elegante y caballerosa” que consistía en derogar la ley después de los comicios internos.

En ese sentido, el comunicador se mostró muy satisfecho por la “promesa” de Oliva y manifestó que “van a sancionar toda la ley incluyendo el artículo que introdujo el diputado Oscar Álvarez, entre tanto se publique en La Gaceta y cuando los diputados retornen, se procederá a la nueva redacción y reforma del 335B”.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público de Honduras denunció este lunes que la Corte de Apelaciones designada por el Poder Judicial desestimó el antejuicio  contra la magistrada de apelaciones Delmy Paz, vinculada a la liberación de dos primos mafiosos del exconcejal Teodoro Bonilla.

El organismo acusador anunció que presentará hoy un recurso de reposición contra la resolución del tribunal de alzada, compuesto por los magistrados Rina Alvarado, Miguel Pineda Valle y Abilio Serrano, quienes decretaron la nulidad del antejuicio contra Paz por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

“…Resolvió declarar nulidad absoluta de actuaciones en este Antejuicio promovido por los delitos de Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad, al comprobarse que la encausada, junto a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez Cardona y el ex Vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, favorecieron a parientes de éste último procesados por delitos de criminalidad organizada”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El tribunal se basa en una decisión de la Sala Penal que indica que “en nombre de la Corte Suprema de Justicia dicha resolución en lugar de hacerlo como un Tribunal de Primera Instancia”.

“Lo anterior, como se puede evidenciar es una cuestión meramente de forma en la redacción a la hora de designar a un tribunal, que puede considerarse un error material, que en todo caso no puede ser considerado objeto de nulidad, sino que puede ser subsanado vía resolución aclaratoria”, reclamó el operador de justicia.

Cabe recordar que en por esta causa, el ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, presionó a las dos exfuncionarias judiciales para que permitieran la liberación de dos primos mafiosos, quienes fueron condenados en fecha reciente por delitos de delincuencia organizada.