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CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió una medida de protección para ella y los demás empleados el Ministerio Público ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Solicité ante la CIDH medidas cautelares para proteger a todos los funcionarios que trabajamos en el Ministerio Público», expresó la fiscal.

El pasado 12 de junio Ortega responsabilizó al Gobierno de Venezuela de cualquier daño del que pueda ser objeto su familia.

«Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas», dijo la titular del Ministerio Público en una entrevista con la emisora local Unión Radio.

En 2013, la fiscal general de Venezuela acusó a la CIDH de estar a favor de las decisiones de Estados Unidos, y de no reaccionar ante las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas en su país ante la llegada del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y avaló la salida de este país de esa institución.
«Desde su creación, las actuaciones (de la CIDH) han estado parcializadas y encaminadas a favorecer el país hegemónico, Estados Unidos, que se erige como promotor de condenas contra sus enemigos», añadió hace cuatro años Ortega.

Sin embargo, desde el pasado 31 de marzo las declaraciones del fiscal general dieron un vuelco, no solo con respecto la CIDH, a la que solicitó protección, sino por sus pronunciamientos contra el Gobierno.

Desde hace tres meses Ortega, considerada cercana al oficialismo, ha emitido declaraciones contra el presidente Nicolás Maduro, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando que existe una ruptura del orden democrático, y una violación de Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad.
Además, la fiscal se ha opuesto firmemente a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le ha valido el apodo de «traicionara» por parte del jefe de Estado, su tren de Gobierno y gran parte de sus seguidores.

Ortega asegura que para convocar a una constituyente se debe realizar previamente un referéndum consultivo, algo que fue desmentido por el TSJ tras una interpretación de los artículos de la Constitución que se refieren al tema (347 y 348).

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte reiteró que  “a través del análisis jurídico, el tribunal se pronunció sobre una nulidad que estaba pendiente de responder, en ese sentido se declaró no Ha lugar la nulidad impuesta  por la defensa la cual cuestionaba el procedimiento de las escuchas”.

En ese sentido, después de la explicación, quedó claro que todo el procedimiento fue señalado en base a la ley y las escuchas están fundamentadas en derecho tanto en su procedimiento y con la legitimidad de la juez que las ordenó.

Posteriormente se pronunciaron sobre la responsabilidad penal que se encuentra en el imputado, es decir un fallo condenatorio por el delito de tráfico de influencias con el agravamiento de la pena de 6 a 9 años como lo establece el código penal por las consecuencias y beneficios que se comprobaron.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El exconcejal de la judicatura Teodoro Bonilla fue declarado culpable por haber traficado con influencias por pedir libertad para dos primos mafiosos.

Con la condena del ex hombre fuerte del Poder Judicial, cae uno de los bastiones de la impunidad que ha corroído ese poder público en donde la justicia se volvió arma política para perseguir, apresar y humillar a quienes eran considerados como objetivos.

Jueces probos, periodistas que denuncian la corrupción, magistrados y rivales fueron víctimas de la implacabilidad con la que actuaba del exconcejal protegido por el poder y por el expresidente Rafael Callejas, un corrupto confeso quien lo apadrinó, aupó y encubrió hasta que EE.UU. lo sacó de circulación.

A partir de ahora, Bonilla pasa de ser un cuadro del poder a un apestado del sistema que se blinda para seguir navegando en las turbias aguas de la corrupción e impunidad, el karma lo alcanzó y lo está haciendo pagar una pesada factura que deberá cumplir en la cárcel donde quiso ver a sus adversarios, ya fuera por su voluntad o en cumplimiento de alguna orden.

LAS VÍCTIMAS DE TEODORO 

José Dimas Agüero Echenique: Exjuez de sentencias y actual asesor de la defensa pública. Fue perseguido por el exconcejal al «pedirle» que condenara al director de Radio Globo, David Romero, a petición de el Hombre (Juan Orlando Hernández). Su confesión logró revelar cómo Bonilla ejerció el sicariato judicial para defender los intereses de sus patrocinadores, más aun, cuando se perfilaba para convertirse en el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la delación hecha por el exjuez de sentencias, el ahora condenado procedió mediante una demanda a bloquearle su jubilación y, en la actualidad, el togado sigue esperando que se destrabe la denuncia en su contra para poder ser dado de baja del Poder Judicial. Tras haber salido de una comparecencia, el exjuez soltó en llanto y cargó contra su verdugo: «Que no joda Teodoro».

Nelly Martínez: Por no haber enviado a la cárcel al exsecretario de la presidencia Enrique Flores Lanza, fue despedida por Bonilla al alegar «retardo de justicia».  El exconcejal anunció en aquel momento que serían «implacables» contra aquellos jueces que no cumplieran con su función de impartir justicia y en el caso de Martínez, fue echada del cargo sin derechos laborales. Días después, fue reintegrada en cargo, pero el exconcejal y colegas rechazaron la medida.

“Si el fallo es a mi favor, yo siempre he reclamado y siempre he manifestado desde un inicio que soy inocente de lo que se me acusó. Nunca dejé de confiar en la justicia, como impartidora de la misma, yo sabía que esto iba a suceder”, reaccionó la jueza. «Le pedí humildemente al señor que escuchara mis plegarias», dijo la togada Martínez, tras haber conocido la resolución que la reintegró a sus labores.

María Dolores López: Fue otra de las víctimas del exconcejal Bonilla. En 2015 fue separada de forma arbitraria por el temerario Consejo de la Judicatura sin el pago de su indemnización laboral. Se vio obligada a presentar una denuncia penal contra los concejales por su destitución ya que determinó admitir -bajo su independencia judicial- admitir un recurso a favor de Flores Lanza.

“Esta actitud me impide, ejercer por un lado mi derecho a petición ante los juzgados de lo contencioso administrativo quienes me pusieron un previo en vista que no está firme la resolución de despido y por otro lado tampoco puedo trabajar en el ejercicio de mi profesión”, contó la jueza a un periódico capitalino hace unos dos años.

Melvin Bonilla: Denunció el «terrorismo» que implantó el exconcejal en el Poder Judicial. «…La gente del Consejo de la Judicatura se sintió calumniada e injuriada porque manifesté que ese era un terrorismo judicial, me referí al hostigamiento y eso me ha representado una denuncia la que considero, una represalia a lo que dije en derecho», narró.

 

Confidencial HN