Wednesday, Sep 18, 2019
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MADRID, ESPAÑA

(Spútnik) El referéndum convocado por el Gobierno catalán fue anulado por el Estado de derecho, aseguró el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, después de que agentes de la Guardia Civil intervinieran los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados para la votación.

«Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo: este referéndum ilegal convocado por la Generalitat [el Gobierno catalán] ya ha sido anulado por el Estado de derecho», afirmó el ministro portavoz en declaraciones a los medios.

Agentes de la Guardia Civil acudieron en la mañana del 30 de septiembre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) del Gobierno catalán para, en cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), suspender servicios informáticos que podrían ser utilizados en el referendo.

De esta manera, los agentes bloquearon un total de 29 aplicaciones señaladas por el TSJC como posibles herramientas para la gestión del voto telemático o el recuento de los sufragios.

Las diligencias ordenadas por el tribunal catalán también incluyen la adopción de «medidas necesarias para la detención de puntos de votación electrónica en diferentes colegios electorales».

Todas estas actuaciones judiciales en contra del referéndum se derivan de la suspensión del mismo por parte del Tribunal Constitucional y de la insistencia del Gobierno catalán de celebrar el referendo pese a la prohibición.

Según Méndez de Vigo, el nuevo «golpe» policial a la logística del «referéndum ilegal» evita «que se pueda hacer el voto telemático o el recuento de los votos».

El ministro portavoz destacó que todas estas actuaciones se están realizando por orden judicial dentro del marco de la ley.

«Este referéndum ilegal no tiene ningún apoyo internacional, no tiene Sindicatura Electoral, no tiene papeletas oficiales, no hay lista de censo, no hay constitución de las mesas y no hay recuento telemático», dijo Méndez de Vigo para desacreditar la validez de la convocatoria.

Según explicó Méndez de Vigo, el Gobierno español está siguiendo «con tranquilidad y serenidad» el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña y tomará «las decisiones oportunas» a lo largo de la mañana del 1 de octubre en virtud de lo que ocurra.

Pese a los múltiples golpes policiales contra la logística del referéndum, el Gobierno catalán aseguró de forma reiterada tener planes de contingencia para llevar a cabo la votación.

CHOLUTECA, HONDURAS 

El alcalde de El Triunfo, Choluteca, sur de Honduras, Edan Bonilla, falleció la tarde del sábado producto de un paro cardiorrespiratorio.

Bonilla, quien aspiraba a la reelección por el Partido Liberal, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional del Sur y murió mientras era atendido por los médicos.

El ahora occiso será velado en San Lorenzo, en el sureño departamento de Valle, aunque se desconoce si será enterrado en esa ciudad o en otra zona.

Dirigentres liberales lamentaron el deceso del reconocido dirigente rojiblanco que gobernó el municipio fronterizo con Nicaragua.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH) Juan Jiménez Mayor, participó la noche del viernes en la protesta contra la amnistía que se pretende dar al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado por jefear una mafía mientras gobernó ese país.

Jiménez y su colaborador Julio Arbizu se manifestaron en Lima, la capital del país suramericano, en rechazo a la pretensión del Parlamento -de mayoría fujimorista- de presionar al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que dé el indulto humanitario al exmandatario que se encuentra detenido en una cárcel militar.

«En la protesta contra posible indulto a Alberto Fujimori en la Plaza San Martín en centro de Lima con @julioarbizu y muchos peruanos», posteó en su cuenta de Twitter el jefe anticorrupción.

Jiménez partió el jueves desde Tegucigalpa para participar en la marcha convocada por el bando antifujimorista, quienes exigen que el expresidente cumpla su condena por actos de corrupción y violaciones a DDHH que se cometieron durante su gobierno (1990-2000).

El exjefe de Estado cumplirá en diciembre una década de permanecer arrestado luego que el Poder Judicial de Chile lo entregara en extradición para que respondiera por delitos que se le imputaron.

El condenado permaneció unos siete años prófugo tras haber renunciado por fax desde Japón en 2000, cuando acudía a una cumbre de presidentes y se refugió en ese país, del cual es también ciudadano.