Sin cumplir requisitos, Estado hondureño dio a multinacional el ‘privilegio’ de construir autopista

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Estado de Honduras, gobernado por una élite neoliberal, ha implementado para sus oscuros intereses la máxima  laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) alegando que es incompetente, ineficiente y que la empresa privada es mejor administradora de los recursos que le pertenece a la sociedad.

Al respecto, en la concesión del corredor turístico a la multinacional Autopistas del Atlántico, S.A. (Adasa) se revela la complacencia y desentendimiento de la extinta Secretaría de Obras Públicas, transporte y vivienda (Soptravi), la actual Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) para que se cumpliera a cabalidad el contrato de pavimentación del tramo comprendido entre Santa Rita, en Yoro y Tela, en Atlántida, cuyas obras se han atrasado hasta por años.

Queda al descubierto de la constitución de un monopolio de empresas que han operado a través de conexiones políticas (en este caso, del Partido Nacional) para beneficiarse con fabulosos contratos en detrimento de la economía de los hondureños ya que, en caso de las constructoras que están integradas en Adasa fueron las responsables de la edificación del Canal Seco -que une la zona norte con El Salvador- y que a la fecha no ha concluido.

En la primera entrega se evidenció que la carretera del atlántico, operada por Adasa, no cuenta con los parámetros mínimos de seguridad y muchas de las obras que debieron estar concluidas no han sido entregadas, en el mejor de los casos; el resto se sigue sin construir.

En esta relación de hechos, se explica cómo el actual titular de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Públicas y Privadas (Coalianza), Miguel Ángel Gámez, firmó en 2012 en su condición de secretario de Obras Públicas el contrato del Corredor Seco a David Alberto Cabrera Santos, representante del consorcio Cash (conformado por Grodco Panamá, Grodco Colombia y Profesionales de la Construcción, Prodecon) para la pavimentación de la autopista que une el Valle de Comayagua con la aduana El Amatillo, en Valle, la cual no ha sido concluida en su totalidad.

El presidente Juan Orlando Hernández se comprometió en entregar la vía en su totalidad en año anterior. La promesa fue incumplida, apenas se ha construido el 60 por ciento del total de las obras que fueron licitadas y que están bajo control de la empresa.

El contrato de concesión a la empresa Adasa para la construcción del corredor turístico fue firmado en tiempo récord, según la documentación que tiene en su poder ConfidencialHN.

ALGUNAS OBRAS YA ESTABAN HECHAS. Este antecedente demuestra la negligencia de Adasa ya que ha incumplido las condiciones expresadas en los pliegos de la concesión de las obras que, para el caso de la carretera que conecta Yoro con Cortés y Atlántida, debieron empezar 270 días después de haberse autorizado la cesión de la infraestructura; a la fecha, apenas se han pavimentado algunos tramos y las casetas de peaje que fueron inutilizadas por los pobladores de El Progreso y áreas circunvecinas ya que reclamaron el derecho constitucional a la libre movilización.

La mayoría de las obras que fueron asignadas al consorcio ya se encontraban en mantenimiento por Insep, es decir, reparación de aceras, bacheo, limpieza de orillas, por lo que resulta tan raro el grado de eficiencia que se plasman en los informes de ejecución ya que refiere un cumplimiento de hasta un 99.13 por ciento, de acuerdo a un informe de inspección de obras puesta a punto en la carretera enviado al Comité de Aceptación de Obras el 5 de julio de 2016; pero las observaciones de los funcionarios de la secretaría y la Superintendencia de las Alianzas Públicas y Privadas (SAPP) fueron demasiadas acerca de los fallos que encontraron en los tramos supervisados.

En cuanto al ámbito financiero, también resulta beneficioso al holding ya que se efectuaron modificaciones a los contratos ya que el acuerdo original exigía el ciento por ciento de los fondos, pero Adasa no tenía los recursos a la mano a pesar de tener el respaldo del banco estadounidense JP Morgan, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) y el banco local Ficohsa.

CIFI, por su parte, publicó en su portal web que “ha cerrado satisfactoriamente un proyecto de 145 millones de dólares con Autopistas del Atlántico, S.A. (Adasa) para el diseño, la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha del proyecto del Corredor Turístico, una autopista de 220 km en el norte de Honduras (Departamentos de Cortes, Yoro y Atlántida). De los 220 km, 99 km serán ampliados y modernizados, 6 km serán de nueva construcción y cerca de 115 km solamente serán rehabilitados”. “Se trata de uno de los proyectos más destacados concedidos bajo la reciente ley para la Alianza de Promoción Público-Privada (“PPP”) en el país, pues se trata del segundo mayor proyecto de PPP según el valor de la inversión”.

No obstante, siempre se realizó la modificación al apartado 3 de la concesión y la multinacional no logró presentar el dinero de respaldo, pero se le permitió ser el concesionario de la calle que une el Valle de Sula con la región atlántica.

“Si en el plazo señalado en el numeral 3.10 el concesionario no lograse acreditar al menos el 75 por ciento del monto de la inversión referencial de las obras Coalianza podrá invocar la caducidad de la concesión por causa del concesionario, en tal caso Coalianza ejecutará, previa opinión a la SAPP la garantía de la calidad de la obra por un monto equivalente a un cien por ciento de la misma como única compensación por daños y perjuicios”, reza el apartado 3.12 del contrato original que fue elaborado y el plazo fue extendido por 12 semanas a favor de Adasa.

Tampoco existe un informe oficial que certifique qué obras se realizaron durante este periodo.

A pesar de los incumplimientos de las obras de infraestructura encomendadas a Adasa, la Secretaría de Infraestructura decidió proseguir con la concesión a pesar de que no se han cumplido

ConfidencialHN analizó detenidamente la documentación a la que accedió y no se detallan las mejoras, obras, correcciones que hubiere hecho el concesionario ya que el contrato suscrito entre el Estado y Adasa esteblece de forma clara que los plazos de entrega de los tramos debieron ocurrir entre los 10 y 24 meses, los cuales consisten en pavimentación y ampliación de los carriles en las zonas comprendidas entre San Pedro Sula y Tela y Santa Rita y El Progreso.

El incumplimiento del convenio, cuya vigencia data desde 2012, acarrea fuertes multas; no obstante, en los papeles en poder de este periódico no reflejan que Insep o la Superintendencia hayan procedido a sancionar al consorcio.

Otro de los beneficios para Adasa se refleja en cómo se elevó el costo de la concesión, por lo que se procedió a implementar la figura del Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), a fin de que tuviera jugosos ingresos anuales, pero las protestas protagonizadas por pobladores de El Progreso, Santa Rita y San Manuel le impidieron que se agenciara de más de 100 millones de lempiras.

En conclusión de este apartado, Adasa ha participado con la tesis de ganar-ganar y el Estado, en consecuencia, ha sido el principal perdedor porque ha entregado una vía que, a pesar de las pésimas condiciones que ha permanecido en los últimos años, fue objeto de mantenimiento por Soptravi y la incidencia de accidentes de tránsito fue muy baja.

IMPUESTAZO CARRETERO. Con relación a los ingresos que recibirá Adasa por el cobro de peaje, se puede afirmar que el IMAG será un pesado blindaje para la inversión del concesionario.

“Los montos anuales del IMAG aprobados en el contrato de concesionamiento en diciembre de 2012 sufrieron modificaciones exorbitantes. El 30 de enero de 2015 se efectuó un añadido al contrato aprobada por el Estado a través de Coalianza y el concesionario ya que se creó una comisión extraparlamentaria para que fueran modificados”, denunciaron algunos actores que se han opuesto a la multinacional.

“Nos resistimos a aceptar que el IMAG solamente blinda económicamente a la concesionaria, la falta de transparencia crea la duda que un porcentaje significativo de las cantidades de esa figura podrían destinarse para otros fines y creemos que el caso del IMAG merece mayor atención de la que le hemos dedicado, y es necesario decidir estratégicamente posiciones legales y publicitarias para denunciar lo que podría ser un nuevo caso de corrupción, el cual implementarán en al menos todas las concesiones del sistema vial nacional, tenemos la impresión que podríamos estar ante un caso monumental de corrupción”, sentenciaron.

NEGLIGENCIA MORTAL. De hecho, la negligencia en la que ha incurrido el concesionario ha provocado varias muertes en el tramo El Progreso-Tela, ya que debió instalar una central de emergencias, adquirir ambulancias de alta tecnología y técnicos en urgencias médicas o paramédicos para atender los accidentes que ocurrieran en este eje.

Los servicios de carácter obligatorio que debió proveer Adasa es un call center para recibir llamadas de emergencia las 24 horas del día y atender los incidentes que ocurrieran en la ruta y coordinar con cuerpos de socorro y Policía Nacional los eventos que pudieran pasar. Tampoco ha cumplido con tal obligación.

Adasa debió tener personal y equipos en los 15 días posteriores a la entrega de los tramos, pero nunca ocurrió. En los dos primeros meses de 2018 se han reportado varios accidentes que han dejado unas 10 personas muertas y la atención prehospitalaria total ha correspondido al Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. No hay datos -siquiera en el portal web de la empresa- sobre la existencia de paramédicos y auxiliares que puedan hacer frente a las emergencias que ocurren en la zona.

Tampco existe en el corredor subestaciones policiales, grúas y otros que fueran de ayuda a los conductores, según la información recabada por ConfidencialHN. Sin embargo, uno de los apartados establece de forma expresa que el concesionario “será el único responsable porque los servicios obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente”.

El bufete Cuéllar resultó beneficiado de las obras estatales. Este documento certifica que también participó en la concesión del corredor que une el Valle de Sula con la región atlántica.

BENEFICIOS PARA EL FISCAL ADJUNTO. La mayoría de las concesiones (llámese jugosos negocios) que hizo Coalianza mediante la entrega de bienes estatales tuvo como bufete de confianza a la firma legal Cuéllar, Cerrato, López y Gálvez, para “autenticar” cada uno de los contratos suponiendo credibilidad y confianza.

Pero, resulta que esta oficina tiene como socio al cuestionado fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar e incurrió en tráfico de influencias ya que sus colegas, en particular, la notaría Celeste Aída Cerrato Chinchilla fue testigo de honor de la entrega de la carretera, según consta en el 24 del acta notarial otorgada para sí mismo por el expresidente de Coalianza, José Antonio Pineda Cano el 7 de diciembre de 2012.

Al encuentro, que se encuentra plasmado en la escritura, explica que participaron los representantes de las tres empresas, junto a los miembros del Comité Técnico del Concurso, conformado por Francisco René Flores Bonilla, Ramón Alberto Santos y Humberto Miller Solórzano, así como el secretario de Coalianza, Marco Tulio Padilla, el representante de la auditora PriceWaterhouseCoopers, Carlos Roberto Enamorado.

De la precalificación, fueron aprobadas las participaciones de la concesionaria Autopistas del Valle de Sula y Consorcio Canal Seco (cuyos socios formaron Adasa); en cambio, Concein quedó fuera. La firma del contrato de concesión se realizó en tiempo récord: el 14 de diciembre de 2012, o sea siete días después que fuera adjudicado al consorcio multinacional.

No se pierda la tercera parte…

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