Adasa se quedará con 33 mil millones al finalizar concesión en 2042

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los negocios torcidos del gobierno de Honduras que preside Juan Orlando Hernández para beneficiar a particulares tampoco podría pasar desapercibido en la concesión del denominado corredor turístico ya que siempre pagará una “penalización” al consorcio Autopistas del Atlántico, S.A. (Adasa) aunque esta no cumpla con las condiciones impuestas en el contrato.

Incluso, se violaron normas legislativas para modificar de forma arbitraria el contrato ya que se hicieron varios adendas a la concesión; un análisis hecho por ConfidencialHN demuestra que el Estado pagó entre el 7 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017 dos millones 896 mil 705 dólares (68 millones 308 mil 648 lempiras al cambio del 25 de febrero de 2018).

Es decir, que Adasa recibió durante 266 días unos 256 mil 799 lempiras diarios a través del denominado Impuesto Mínimo Anual Garantizado (IMAG) que lo beneficia con creces ya que lo recibe en dólares, el cual se devalúa a diario por por mandato del Banco Central de Honduras (BCH).

VIOLENTAN CONSTITUCIÓN. Respecto a la comisión extraparlamentaria, este periódico halló que hubo una flagrante violación al artículo 205 constitucional, apartado 19, que da facultades al Parlamento de crear, interpretar, reformar y derogar leyes y de aprobar o improbar contratos cuyos efectos se extiendan a los futuros gobiernos; también se trastocó el artículo 206 que las facultades de ese poder público son indelegables.

En otras palabras, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Comisión para la Promoción de las Alianzas Públicas y Privadas (Coalianza) y el concesionario usurparon las funciones que competen al Congreso Nacional. No obstante, ningún diputado reparó en el ilícito a fin de que interpusiera las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

En uno de los apartados del contrato explica de forma clara acerca de una comisión tripartita extraparlamentaria para resolver cualquier solicitud de enmienda o modificación del contrato por cualquiera de las partes. Por consiguiente, esta agrupación efectuó alrededor de cinco adendas a la concesión entre noviembre de 2013 hasta el 30 de enero de 2015.

En uno de los agregados se cambió la tasa del IMAG la que será aplicada en los primeros 15 años de la concesión, previo a consultas y una opinión técnica de la Secretaría de Finanzas, dirigida entre 2014 y enero anterior por el actual presidente del BCH, Wilfredo Cerrato. En esta investigación, se deja en evidencia que el impuesto pasó de 308 millones de dólares (siete mil 263 millones 102 mil lempiras) a 512 millones (12 mil 073 millones 728 mil lempiras exactos) equivalente a un 66 por ciento a beneficio de Adasa.

ESTADO PIERDE EN CONCESIÓN. Además, en la relación perder-perder que aplicó el gobierno nacionalista, se deja claro que el Estado deberá pagar de todos modos la diferencia en la tasa anual de ingresos de Adasa en caso que las recaudaciones de cada estación de peaje resulten inferiores al IMAG. En este caso, cada 15 de febrero, Finanzas tendrá que aportar el impuesto faltante, ya que se estableció que el periodo anual de recaudación del concesionario es del 1 de julio al 30 de junio de cada año fiscal.

La cláusula 10.2 establece que “el concedente (Estado hondureño) se compromete a pagar al concesionario (Adasa) un nivel mínimo de ingresos por peaje y durante el periodo que resulte menor entre 15 años o el plazo correspondiente al repago de deuda, contados, en ambos casos, desde la fecha de aceptación de la totalidad de obras a cargo del concesionario…” y fue modificada en los siguientes términos: “por consiguiente, el concedente se compromete en asegurar al concesionario un nivel de ingresos mínimos anuales por peaje” durante el periodo de 28 años y que en total suman 718 millones 398 mil 764 dólares y que arroja un total preliminar de 16 mil 940 millones 920 mil 453 lempiras con 26 centavos.

No obstante, la suma en lempiras irá creciendo en la medida que este y los próximos gobiernos devalúen la moneda; en una proyección hecha por la redacción de este diario revela que si para 2042 –año que finaliza la concesión– el dólar costara 47.16 lempiras y la depreciación fuera total y completamente descontrolada, el valor real de la autopista que une el Valle de Sula con la zona atlántica alcanzaría los 33 mil 879 millones 685 mil 710 lempiras con 24 centavos.    

Estos costos se basan en el índice de precios al consumidor que publique de forma periódica el Departamento de Trabajo de EE.UU. y dependerá de la tasa de cambio que determine a diario el BCH mediante el precio promedio del dólar en el sistema financiero nacional. Además, Adasa tendrá que “informar” a la superintendencia y al gobierno de las tarifas que cobrará por el uso de la carretera, la cual será oficializada cada noviembre, desde luego, tomando como referencia de los precios al consumidor que se establezca en la nación del norte.

El gran beneficiario de la administración de la autopista serían las empresas Grodco de Panamá y Colombia y la hondureña Profesionales de la Construcción (Prodecon) cuyos representantes tienen fuertes vínculos con el Partido Nacional. Los hermanos Marco Tulio y el exdiputado oficialista Darío Gámez Panchamé también resultarán favorecidos con la piñata de concesiones que han hecho los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Conocedores del tema explicaron por correo a ConfidencialHN que la concesión de la carretera atlántica fue mal concebida porque el mecanismo de concesionamiento de obras públicas “implica un impacto demoledor para la población y aumenta la riqueza en pequeños grupos de poder”.  Por tanto, afirmaron, “la modificación del IMAG es una acción deleznable, comparable económicamente con el triste caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”. A fin de cuentas, todos los arreglos hechos en estos años son de beneficio exclusivo para Adasa.

Otro de los hallazgos que se realizan en esta entrega está la modificación de la cláusula 17.1 respecto a la suspensión de las obligaciones por las que se rige el contrato, en la que se constató que uno de los deberes “del concedente de desembolsar el IMAG conforme a lo previsto en la cláusula 10.4 no se suspenderá en ningún caso antes de la fecha en la que se declare la caducidad del contrato”.

Acerca de la suplantación del Congreso, el capítulo XIX referente a las modificaciones del contrato se establece que “toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente contrato por cualquiera de las partes deberá ser presentada a la otra con copia a la SAPP (Superintendencia de las Alianzas Públicas y Privadas) con el debido sustento técnico y económico y financiero y con la conformidad con los acreedores permitidos según lo establezcan los actos y contratos de endeudamiento garantizado permitido…el acuerdo de modificación será obligatorio para las partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes”.

A pesar de la fuerte suma de dinero que tendrán que pagar los hondureños, las obras para que el corredor funcione al ciento por ciento siguen siendo nefastas. Un informe elaborado en mayo del año anterior por uno de los ingenieros de la superintendencia deja al descubierto la lentitud en los avances que ya deberían estar disponibles al público.

“Actualmente la actividad en el puente La Democracia ha sido suspendida en el sitio del puente por el subcontratista Mexpresa registrándose el retiro de todo su personal el 3 de marzo de 2017 y de esta manera la actividad de rotación del puente y otras están suspendidas”, explica uno de los apartados del informe que tiene en su poder este periódico.

“Los subcontratistas Williams & Molina, Sedeco y Prodecon no han cumplido la mayorías de las obligaciones del contrato. Para el caso, Prodecon “no continuó con la actividad de imprimación de la base como se acordó en la reunión que se llevó a cabo entre Entidades Financieras-Concedente y Concesionario- y que consiste en concluir los tramos ya trabajados para dejarlos a nivel de base imprimada”, señala otro de los apartados.

Los comentarios del supervisor señalan de que hay “preocupación por el gran desfase entre lo programado y lo ejecutado de las obras de ampliación y construcción y rehabilitación de los puentes Santa Rita donde el avance mensual está por debajo de lo planificado y La Democracia, respectivamente; así como el resto de las obras”.

EL CONCESIONARIO SIEMPRE GANA. En esta investigación, se deja por sentado que todas las adendas no son de beneficio para la sociedad, ya que en caso de existir diferencias, Adasa acudirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -adscrita al Banco Mundial y con sede en Washington-, para resolver cualquier problema que llegara a tener con el Estado hondureño.

La experiencia indica que todos los Estados siempre pierden y les corresponde pagar las sanciones que el ente establezca.

En la cuarta adenda, se estableció el arbitraje internacional entre las partes en materia jurídica “que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo…Las partes reconocen que la solución de controversias mediante el arreglo directo no resultará aplicable para el caso de controversias de pago”.

DELITO A LA VISTA. El cuerpo del delito –al trasluz de los artículos constitucionales 205 y 206–  está contemplado en el apartado 19.1 del contrato que reza: “contiene el procedimiento para realizar enmiendas, adiciones o modificaciones al contrato, con el debido sustento técnico y económico financiero y con la conformidad de los acreedores permitidos, según lo establezcan los actos y contratos de endeudamiento garantizado permitido”.

La mayoría de las modificaciones fueron autorizadas y firmadas por los titulares de Insep, Roberto Ordóñez y  Roberto Pineda de manera respectiva; Miguel Ángel Gámez firmó por Coalianza y los  representantes de las empresas que tienen a su cargo la edificación de la autopista.

En síntesis, la concesión del corredor turístico se convirtió en un “negociazo” para el consorcio multinacional porque en la medida que la moneda se devalúe recibirán fuertes sumas de dinero de los usuarios de la derruida carretera, pues el Estado le dará dinero en caso de incidentes de fuerza mayor, tal como ocurrió con la aerolínea española Air Europa a quien debe pagarle una penalización en caso que no puedan llenar los asientos del avión que cubre la ruta San Pedro Sula-Madrid.

Además, las protestas de los pobladores de la Zona Metropolitana del Valle de Sula por la imposición del peaje, ha venido a trastocar los planes del gobierno y el concesionario ya que dejó de percibir unos 97.5 millones de lempiras en el punto de control de San Manuel y que constituye alrededor del  59.2 por ciento de los ingresos que recibirá Adasa durante los próximos 28 años que dure la concesión. En tanto, las restantes cuatro estaciones recibirán entre un cinco y 11 por ciento del peaje.

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