Una Coalición de la esperanza

(Por Joaquín Mejía) 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257 detenciones. 1 persona detenida desaparecida, 38 personas asesinadas y 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud.

105 personas desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos y 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y son consideradas personas prisioneras políticas. 73 personas defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas y otras acciones. Absoluta impunidad de los responsables de estos crímenes.

Estos datos fueron denunciados por la Coalición contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en el marco del 167º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Bogotá, Colombia, y representan la grave situación de derechos humanos que vivimos en el país desde las elecciones fraudulentas del pasado mes de noviembre.

En palabras de Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), institución miembro de la Coalición contra la Impunidad, lo que hoy estamos viviendo y denunciando, “es que estamos en los peores momentos registrados en los últimos 30 años del país. Retrocedimos en la construcción de un Estado de derecho”.

La Coalición contra la Impunidad y CEJIL demandaron que el Estado hondureño cese el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones, la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales, la obstaculización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y los graves ataques a la libertad de expresión.

A su vez exigieron la realización de investigaciones prontas y efectivas, y denunciaron que el Ministerio Público encabezado por Óscar Chinchilla, ha presentado acusaciones criminales contra decenas de personas que participaron en las manifestaciones contra el fraude electoral, pero no contra policías y militares responsables de las graves violaciones a derechos humanos documentadas.

El enorme trabajo de documentación realizado por la Coalición contra la Impunidad y este primer paso en la denuncia ante órganos internacionales, nos llena de esperanza y fuerza para trabajar en otras acciones de justicia hasta lograr reparar a las víctimas y evidenciar a los criminales en el Estado.

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