Monday, Dec 9, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, reafirmó la acusación contra la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla de Lobo de haberse apropiado de más de 12 millones de lempiras.

El organismo, añadió la funcionaria, acusó a Bonilla en julio de 2016 por supuesta apropiación indebida y falsificación de documentos, pues halló responsabilidad en la sobrevaloración en la adquisición de uniformes y zapatos por más de seis millones de lempiras.

Castellanos se limitó a leer el comunicado en el que señaló que la esposa del expresidente Porfirio Lobo habría incurrido en malversación de caudales porque retiró de una cuenta asignada a Casa Presidencial la multimillonaria cantidad de dinero y la depositó en una cuenta personal.

«Al mismo tiempo manifestamos que en octubre de 2017, el CNA remitió el informe sobre el supuesto manejo irregular de un acto celebrado en agosto de 2013, según la resolución 32-2013 en donde el consejo directivo del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) dirigido por Golda Santos a quien se le autorizó el retiro de la Secretaría de Finanzas unos 150 millones de lempiras para financiar programas sociales, fondos que fueron entregados al Ejecutivo y administrados por la ex primera dama…los respaldos enviados al Ministerio Público determinan participación por la red de corrupción», explicó la directora del organismo.

Mandó a decir a los operadores de justicia que la captura de la esposa del expresidente Lobo «sea el comienzo de la desarticulación de los grupos criminales organizados que se conformaron para sustraer fondos públicos».

El CNA insistió la semana anterior que la otrora primera dama incurrió en irregularidades a pocos días de dejar el cargo que fungió entre 2010 y 2014.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Autoridades hondureñas aseguraron este miércoles alrededor de nueve propiedades a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue acusada por el Ministerio Público por malversación de caudales.

Sobre el tema, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que se procedió con la enajenación de las propiedades pertenecientes a la esposa del expresidente Porfirio Lobo, entre los que se encuentran viviendas y terrenos.

Sobre los detalles de la captura, indicó que la MACCIH proporcionará más datos de cómo ocurrió la captura de Bonilla de Lobo, quien se encuentra detenida en la sede de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quien será presentada en breve ante un juez para que le formalice la causa.

La cónyuge del exmandatario fue arrestada la mañana de hoy en su vivienda ubicada en la periferia nororiental de Tegucigalpa junto a su cuñado, Mauricio Mora.

Hasta el momento, el extitular del Ejecutivo nacionalista no se ha pronunciado en torno a la captura de su esposa.

(Por Joaquín Mejía) 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257 detenciones. 1 persona detenida desaparecida, 38 personas asesinadas y 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud.

105 personas desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos y 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y son consideradas personas prisioneras políticas. 73 personas defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas y otras acciones. Absoluta impunidad de los responsables de estos crímenes.

Estos datos fueron denunciados por la Coalición contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en el marco del 167º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Bogotá, Colombia, y representan la grave situación de derechos humanos que vivimos en el país desde las elecciones fraudulentas del pasado mes de noviembre.

En palabras de Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), institución miembro de la Coalición contra la Impunidad, lo que hoy estamos viviendo y denunciando, “es que estamos en los peores momentos registrados en los últimos 30 años del país. Retrocedimos en la construcción de un Estado de derecho”.

La Coalición contra la Impunidad y CEJIL demandaron que el Estado hondureño cese el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones, la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales, la obstaculización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y los graves ataques a la libertad de expresión.

A su vez exigieron la realización de investigaciones prontas y efectivas, y denunciaron que el Ministerio Público encabezado por Óscar Chinchilla, ha presentado acusaciones criminales contra decenas de personas que participaron en las manifestaciones contra el fraude electoral, pero no contra policías y militares responsables de las graves violaciones a derechos humanos documentadas.

El enorme trabajo de documentación realizado por la Coalición contra la Impunidad y este primer paso en la denuncia ante órganos internacionales, nos llena de esperanza y fuerza para trabajar en otras acciones de justicia hasta lograr reparar a las víctimas y evidenciar a los criminales en el Estado.