Poder Judicial advirtió posibles abusos sobre Ley de privación de dominio

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las sugerencias hechas por la anterior Sala Penal del Poder Judicial de Honduras respecto a la Ley de privación de dominio fueron hechas conforme a las normas constitucionales, pero no fueron implementadas en su totalidad por el Congreso Nacional a fin de que el aseguramiento y quita de bienes no se convirtiera en confiscación.

De acuerdo a la resolución emanada por los exmagistrados Jacobo Cálix, Carlos David Cálix y Raúl Henríquez Interiano, señala que la actual norma legal tuvo que ser aprobada “en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento de enjuiciamiento criminal, para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador”.

Los magistrados advirtieron en su dictamen que la actual ley podría contradecir el estado de inocencia del imputado, ya que los legisladores plantearon en su momento la “presunción de ilicitud, cuando lo que se debe presumir es lo lícito; en todo caso se debería hablar de sospechas e indicios para iniciar la investigación y poder probar la procedencia de los bienes, pero no establecer a priori que la presunción de que los bienes son Ilícitos”.

“Si bien la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hace mención en su artículo 7 que cada una de las partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba, respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, también establece dicha normativa internacional que la implementación de la inversión de la carga de la prueba se hará en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno de cada país suscriptor y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y demás”, plantea la respuesta al oficio PCSJ-128/2010 del 19 de marzo 2010.

En cuanto a la independencia de otras acciones, plantea la resolución, es de tener en consideración lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República y el artículo 11 del Código Procesal Penal, en cuanto la observancia del principio del non bis in ídem, o doble juzgamiento, planteándose la problemática de si una vez iniciada una causa penal, por lavado de activos, por ejemplo, sería o no procedente iniciar la acción de privación definitiva de dominio de bienes vinculados a los mismos hechos por los cuales esta siendo enjuiciado el acusado en la causa penal.

“También debe analizarse con detenimiento la problemática que podría presentarse en el caso de si una vez privada una persona del dominio sobre los bienes, esta es posteriormente sometida un proceso penal por las mismas conductas por las que se le privó previamente de los bienes con una acción de extinción del dominio”, advierte la providencia emanada por la sala adscrita a la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, la resolución explica que sobre el principio de licitud, el cual establece que los bienes serán reconocidos “cuando el titular del dominio acredite que su derecho ha sido originado o adquirido a través de los medios o mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico”, podría tener conflictos con el artículo 94 constitucional que consagra que la persona debe ser oída y vencida en juicio.

“En todo caso el titular del dominio tiene la facultad de probar la licitud de los bienes, pero en ningún momento la obligación o deber, ya que el origen ilícito de los bienes debe ser acreditado, ya sea mediante prueba directa o indiciaria, por el que promueve (por parte del acusador) la acción de privación de dominio.

Entre los cuestionamientos que realizó la Sala Penal respecto a las medidas que contempla la Ley de privación de dominio, está la falta de términos para que el Ministerio Público realice su función con base a ley ya que de la forma cómo fueron planteadas afecte al dueño de los bienes que han sido asegurados.

Además, advirtió el posible riesgo de retención ilegal de bienes que podrían ser devueltos a sus propietarios, sin que se aplicaran normas para su aseguramiento y “el Ministerio Público siempre debe estar sujeto a las reglas generales para dictar medidas precautorias no permitiéndole en ningún caso actuar sin la posibilidad de control judicial, como por ejemplo la retención de bienes sin medidas de aseguramiento o la incautación del protocolo del notario, que en opinión de esta Sala siempre debería estar sujeto a las reglas de las medidas precautorias y bajo el control judicial”.

OPINION

La Corte Suprema de Justicia, en atención al Oficio Número PCSJ-128/2010 de fecha 19 de Marzo 2010, remitido por el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el oficio número 113-2010/CN, de fecha 23 de Marzo de 2010, suscrito por el Abogado RIGOBERTO CHANG CASTILLO, Primer Secretario del Congreso Nacional, sobre el Proyecto de Decreto contentivo de la LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES, en que solicita emitir opinión sobre el Proyecto de Decreto respectivo. En cumplimiento a lo solicitado, se emite la siguiente opinión:

1.- El Proyecto de Ley referido pretende incorporar al ordenamiento jurídico hondureño, un instrumento legal de lucha contra la criminalidad organizada, en armonía con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y otros instrumentos internacionales ratificados por Honduras, en protección del interés público y beneficio de la sociedad en general, mediante el “desapoderamiento de bienes, productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o derivados en contravención a la ley”. (Artículo 1 de la ley).

2.- En el artículo 2 letra d) del Proyecto de Ley se establece como objeto de la ley, regular: “las obligaciones de las personas naturales o jurídicas encargadas, que se dedican al ejercicio de profesiones o actividades susceptibles para ser utilizadas en las transferencias, uso, ocultamiento y circulación de bienes, productos, instrumentos originados en actos delictivos, actos ilícitos o surgidos como producto de la criminalidad”, sin embargo, en el articulado de la ley, no se determina con claridad cuáles son esas personas o profesiones que quedan reguladas y en que consisten tales obligaciones, pues únicamente se enuncian algunas obligaciones de proporcionar informes requeridos por la autoridad competente en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de la ley.
Al efecto, sería conveniente determinar con mayor claridad cuales son las profesiones a las que se refiere el articulado de la ley que se pretende aprobar.

3.- Dentro de las definiciones del artículo 3 numeral 7 del ante proyecto, está el Comiso o Decomiso, y en el segundo párrafo se establece que “La aplicación del comiso o decomiso, de acuerdo a esta ley, no es vinculante a responsabilidad penal del titular o del que posea el bien, producto, instrumento o ganancia”.-
Es de hacer notar que el Comiso es una pena accesoria según el artículo 38 del Código Penal, y se impone al condenado como consecuencia jurídica de la realización de un hecho punible, por lo que no es posible separarlo de responsabilidades penales, seria preferible utilizar en vez de Comiso o Decomiso, la denominación de “Privación Definitiva de Dominio”, para evitar la confusión con el Comiso que actualmente se encuentra expresamente configurado en el Código Penal como una pena accesoria,.-

De este modo, en ese texto punitivo se trata de una medida que se dirige “ad personam”, asociada a la responsabilidad del autor de un hecho punible, y no meramente “in rem”, o hacia el objeto.

4.- Dentro de las definiciones también del artículo 3 numeral 8, se introduce como novedad la “Entrega Vigilada”.
Para la adopción de esta técnica de investigación consideramos que el legislador debe adoptar todas las precauciones y salvaguardias posibles en la ley para evitar su desnaturalización en la práctica, de tal modo que se eviten los abusos con efectos contrarios a los que se pretende obtener en orden a combatir actividades delictivas realizadas habitualmente en el ámbito de la criminalidad organizada.

En este sentido tales precauciones serían las siguientes:
a) El artículo 3 No. 8 de la Ley debería redactarse en los siguientes términos:

ENTREGA VIGILADA: Es la técnica de investigación que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas o de sustancias por las que se haya sustituido las antes mencionadas o dinero en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, municiones artefactos explosivos y otros objetos o instrumentos relacionados con el tipo de delito que se investiga, se entreguen, ingresen, transiten o salgan del territorio hondureño, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de:
1) identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de delitos, y
2) identificación de bienes, productos o instrumentos, para lograr su desapoderamiento, recopilar elementos probatorios o con el objetivo de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.
Esta técnica de investigación deberá acordarse por resolución debidamente motivada, en la que se determine expresamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia, instrumentos, ganancias y otros objetos de que se trate.
Esta técnica se adoptará cuando sea necesaria para los fines de la investigación, por lo que deberá tomarse en cuenta la importancia del delito y las posibilidades de una eficaz vigilancia.
La técnica de la entrega vigilada se implementará caso por caso y, en el ámbito internacional, se atenderá a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales.
a) El artículo 28 debería redactarse de la siguiente manera:

ARTÍCULO 28: La autorización para que se lleven a cabo las técnicas de la entrega vigilada, agente encubierto e intervenciones telefónicas, será emitida por el Órgano jurisdiccional en resolución debidamente motivada.
Excepcionalmente el Ministerio Público podrá autorizar en casos de urgencia la entrega vigilada y agente encubierto, pero deberá informar dentro del término de veinticuatro (24 horas) al Órgano jurisdiccional quien convalidará o anulara lo actuado.

5.- Dentro del capítulo III, el artículo 5 del ante proyecto, establece que “la acción de privación definitiva del dominio, es autónoma e independiente de cualquier acción, ya sea que se trate de acción o acciones de naturaleza penal, que se haya o hayan iniciado simultáneamente”.
En primer lugar la acción de privación definitiva de dominio además de autónoma e independiente debe también ser de orden público.

En cuanto a la independencia de otras acciones, es de tener en consideración lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República y el artículo 11 del Código Procesal Penal, en cuanto la observancia del principio del “non bis in ídem”, o doble Juzgamiento, planteándose la problemática de si una vez iniciada una causa penal, por lavado de activos, por ejemplo, sería o no procedente iniciar la acción de privación definitiva de dominio de bienes vinculados a los mismos hechos por los cuales esta siendo enjuiciado el acusado en la causa penal.- También debe analizarse con detenimiento la problemática que podría presentarse en el caso de si una vez privada una persona del dominio sobre los bienes, esta es posteriormente sometida un proceso penal por las mismas conductas por las que se le privó previamente de los bienes con una acción de extinción del dominio.

Es de mencionar que esta acción de privación de dominio no puede verse separada de la conducta humana, con relación a los bienes objeto de la misma, ya que no se juzgan los bienes sino comportamientos del ser humano vinculados a los bienes. (Siempre en relación a este tema vid. artículos 8, 11 num. 6 del ante proyecto).
En el artículo 10 se consigna que habrá casos en los que será preciso resolver la situación jurídica de una o varias personas que estén privadas de libertad o cuando se trate de asuntos relacionados con la niñez, lo que viene a contradecir la denominada autonomía de la acción. En este sentido se advierte una falta claridad con respecto a cuáles son esos supuestos.

6.- En cuanto a los artículos 6, 11 num. 8 del ante proyecto, sobre el principio del Licitud, que establece que los bienes solo serán reconocidos como legales y lícitos “cuando el titular del dominio acredite que su derecho ha sido originado o adquirido a través de los medios o mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico”, podría entrar en contradicción con el artículo 89 de la Constitución que recoge el principio-derecho a la presunción de inocencia y 94 de la misma Carta Magna en cuanto a que la persona debe ser oída y vencida en juicio, y con el principio acusatorio que rige el procedimiento penal, en tanto en cuanto que la carga de la prueba corresponde al acusador.- En todo caso el titular del dominio tiene la facultad de probar la licitud de los bienes, pero en ningún momento la obligación o deber, ya que el origen ilícito de los bienes debe ser acreditado, ya sea mediante prueba directa o indiciaria, por el que promueve la acción de privación de dominio.
También en el artículo 7 podría contravenirse el Estado de Inocencia, porqué se habla de Presunción de Ilicitud, cuando lo que se debe presumir es lo lícito; en todo caso se debería hablar de sospechas e indicios para iniciar la investigación y poder probar la procedencia de los bienes, pero no establecer a priori que la Presunción de que los bienes son Ilícitos.

Si bien la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hace mención en su artículo 7 que cada una de las partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba, respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, también establece dicha normativa internacional que la implementación de la inversión de la carga de la prueba se hará en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno de cada país suscriptor y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y demás.

7.- En lo referente a los Art.16, 63 y 64, la Corte Suprema de Justicia estima pertinente la intervención de la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, de manera que al admitirse la acción se requiera a la Procuraduría para que dentro de un término específico (que no está en el proyecto) se persone como parte y permitir su intervención en el procedimiento en los mismos momentos en que participa el Ministerio Público, en este sentido no se estima apropiado el término coadyuvante para la Procuraduría General de la República, en tanto que, como figura propia del Derecho Administrativo, condiciona o supedita en cierta medida su intervención, a la acción del actor principal e impone normalmente la obligación de litigar bajo una misma dirección.

8.- El Proyecto de Ley contiene un capítulo dedicado a las medidas precautorias sobre el cual esta Sala de lo Penal opina lo siguiente: a) Una vez ejecutadas las mismas, no se deja establecido un término dentro del cual deba el Ministerio Público incoar la acción correspondiente so pena de dejarlas sin valor ni efecto, de lo contrario podrían darse los casos en que pase mucho tiempo sin que se inste la acción y el propietario de los bienes se vea perjudicado por estas circunstancias al no preverse en la ley un término límite para instaurar la acción una vez asegurados los bienes. b) Al establecer simplemente que excepcionalmente el Ministerio Público está facultado para dictar las medidas precautorias en los mismos casos que pueda hacerlo el órgano jurisdiccional, se le dota a este órgano de la posibilidad de ser siempre el que dicte las medidas en virtud de que no se especifica ni siquiera en forma general cuales son los presupuestos de la excepcionalidad, que pudieran dar lugar a ello, que bien pueden ser aspectos tales como: que se trate de bienes que puedan ser ocultados o que pudiera hacerse difícil su persecución, etc. c) Esta Sala opina que siempre que se retenga un bien será necesario dictar un proveído que disponga la medida precautoria correspondiente, y no dejar abierta la posibilidad de que se retengan bienes sin este proveído, de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la seguridad de aquellos bienes que eventualmente podrían ser devueltos a los propietarios afectados. d) El Ministerio Público siempre debe estar sujeto a las reglas generales para dictar medidas precautorias no permitiéndole en ningún caso actuar sin la posibilidad de control judicial, como por ejemplo la retención de bienes sin medidas de aseguramiento o la incautación del protocolo del notario, que en opinión de esta Sala siempre debería estar sujeto a las reglas de las medidas precautorias y bajo el control judicial, por ello en el artículo 3 numeral 5), cuando se conceptualiza la medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, debería expresarse que se hará por mandamiento del Ministerio Público en los casos expresamente determinados en esta ley.

9.- Sobre el Art. 55. La temática abordada por esta ley representa problemas de solución compleja en la sociedad hondureña de manera que su tratamiento requiere de la implementación de instrumentos legales que garanticen el conocimiento del órgano jurisdiccional con la mayor independencia posible, en ese sentido, se considera de mayor eficacia que el órgano jurisdiccional que conozca de estos casos sea de jurisdicción nacional, lo que permitirá garantizar mayor independencia y seguridad a los operadores de justicia que eventualmente pudieran sentirse amenazados o influenciados por la criminalidad organizada, permitiéndole al Estado mayor eficiencia en la protección de los funcionarios judiciales, debido a que se tendría mayor acceso a la logística requerida para proporcionar seguridad a los operadores de justicia en el ejercicio de las funciones asignadas por la ley.
Es de hacer notar que por disposición del artículo 1 de la ley, la finalidad de la misma es la lucha contra la criminalidad organizada de conformidad a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los demás instrumentos ratificados por Honduras, entre los cuales puede mencionarse: La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y el Convenio Centro Americano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, de manera que la Justificación de la Ley tiene su origen en disposiciones de Instrumentos jurídicos Internacionales en materia Penal, en consecuencia, resulta contradictoria e improcedente asignar la competencia de ese trámite a un Juzgado especializado en materia de privación de dominio debiendo ser los jueces del ámbito penal los que conozcan de este procedimiento, pues el origen, justificaciones y valoraciones son de naturaleza penal.

10.- Art. 64, 65. Con respecto a la sentencia que ha de pronunciarse en este proceso, falta claridad en relación al momento en que ha de dictarse la misma, pues se hace alusión a dos momentos, uno, inmediatamente después de expresadas las conclusiones de las partes y otro a una audiencia que se celebrará dentro del término de cinco días hábiles, lo que se observa tanto en primera como en segunda instancia.
De igual forma falta claridad con respecto a la tramitación del recurso de apelación, pues no se deja establecido cuando se expresan los agravios ni cómo ni donde se contestan los mismos. También considera esta Sala, que sería procedente consignar requisitos mínimos del contenido de la sentencia, tomando en consideración que eventualmente se producirán efectos jurídicos que implican el cambio en la titularidad del dominio de los bienes objeto del proceso y que por disposición de la ley se trata de un título (la sentencia) traslaticio de dominio sujeto a inscripción que requiere de la observancia de ciertos requisitos para su inscripción tal y como lo disponen los artículos 2312 y 2313 del Código Civil.

11.- En el artículo 84 del ante proyecto, se establece que “En los casos que el órgano jurisdiccional requiera nombrar apoderados de oficio a los titulares de derechos reales o accesorios dispondrá de los profesionales del derecho asignados a la defensa pública, en tanto entra en funciones la defensoría civil”.- Esta acción de privación de dominio, que es de naturaleza penal, debería sustanciarse ante un Juez penal, es por ello que lo correcto seria que los defensores públicos que deben actuar en este procedimiento deben ser los asignados a la Defensa Pública en materia penal.

12.- Art. 85 y 87. La implementación de esta ley requiere de la preparación técnico-jurídica del personal del Órgano jurisdiccional que tendrá a cargo su aplicación y el estudio pertinente para la asignación presupuestaria suficiente que permita su correcto desempeño e implementación, razón por la cual se estima necesaria una mayor “Vacatio Legis”, no menor de seis meses.

En conclusión, esta Sala de lo Penal, estima que el Proyecto de Decreto, denominado LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES, de ser aprobado por el Congreso Nacional de la República, deberá serlo en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento de enjuiciamiento criminal, para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador.
Tegucigalpa, M. D. C., 21 de Abril de 2010

JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ
COORDINADOR

CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO
MAGISTRADO

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO

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