Friday, Nov 15, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Ante la incertidumbre de la prórroga en la elección del nuevo fiscal general de Honduras, el actual titular del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, se inscribió para repetir en el cargo.

Aunque la Junta Proponente no ha oficializado el cierre de inscripciones, alrededor de 27 personas se postularon para el cargo que podría dejar Chinchilla.

El actual funcionario fue propuesto por algunos barrios y a petición de un pastor protestante, por lo que podría ser tomado en cuenta para seguir cinco años más al frente del aparato acusador del Estado.

La integrante de la Junta, Melissa Elvir, confirmó a este periódico sobre el ingreso de Chinchilla en el listado de los propuestos por actores sociales. «El actual fiscal fue añadido al listado», indicó Elvir.

En consecuencia, el número uno del Ministerio Público se alista para ser reelecto en el cargo, pero deberá convencer a los 86 diputados que lo ratifiquen en el cargo.

Asimismo, se inscribieron:

1. Anibal Federico Izaguirre Maradiaga
2. Omar Bonilla Jiménez
3. Mario de la Cruz Melgar Portillo
4. Juan Rafael Soto Aguilar
5. Marcio Cabañas Cadillo
6. Sara Patricia Sagastume Rico
7. Miguel Ángel Maldonado Rodríguez
8. Carlos Roberto Cálix Hernández
9. Nilia Raquel Ramos Gonzáles
10. Daniel Arturo Sibrian Bueso
11. Doris Imelda Madrid Zerón
12. Efrén Alexander Aguilar Ramírez
13. Francisco Medardo Cerrato Flores
14. Hermes Omar Moncada
15. Mario Roberto Ríos Amador
16. Oscar Armando Vásquez Tercero
17. Nery Mauricio Miranda Sanabria, presentado en Santa Rosa de Copán
18. Raúl Henríquez Interiano
19. Abraham Alvarenga, presentado en CONADEH
20. Ricardo Antonio Castro Barrientos
21. Eduardo Antonio Lagos Galindo

Propuestos: 6
1. Mayra Lizeth Aguilera Torres, propuesta por la CTH
2. Ricardo Alfredo Montes Nájera, propuesto por la CTH
3. Lidia Estela Cardona, propuesta por la CTH
4. Vilma Morales, propuesta por la AHDIS
5. Juan Carlos Barrientos, propuesto por la Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible (AHDIS)
6. Oscar Fernando Chinchilla, propuesto por 5 comités de colonias con La Era, 3 de Mayo y otras, y por el pastor protestante Moisés Aguilar que presentado en Conadeh.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) Un grupo de entre 150 a 200 indocumentados, de casi 2.000 que comenzaron la caravana de migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica, esperan recibir asilo en EEUU en el estado de California, y otros fueron por otras rutas por protección, dijo a Spútnik la dirigente de la Organización Binacional Migrante Aztlán.

«La caravana organizada por [la organización] Pueblo Sin Fronteras se disolvió por una estrategia de protección, algunos grupos decidieron seguir juntos hacia San Diego, California, y otros se fueron por otras rutas, para no ser detectados ni detenidos en la frontera», indicó la dirigente de la Organización Binacional, María García, que apoyó a los migrantes a lo largo de casi 4.000 kilómetros de carreteras por México.

Agregó que varios de los migrantes centroamericanos están siendo asesorados por abogados de la organización en EEUU y México para hacer sus solicitudes de refugio, «hay mucha gente que huye de la violencia de sus países».

Los registros de las personas que intentan cruzar a pedir protección «no son confiables, porque cientos de nuestros compañeros se dispersaron después de las amenazas de EEUU», afirmó.

A raíz de la caravana que comenzó el viaje a principio de este mes por territorio mexicano hacia EEUU, el presidente Donald Trump reaccionó con el anuncio de militarizar la frontera sur.

Trump también amenazó con condicionar la culminación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a las acciones antiinmigrantes que, según el mandatario, México debería emprender.

Los integrantes del TLCAN, integrado por EEUU, México y Canadá, se encuentran en negociaciones para actualizar el tratado.

El Gobierno de México rechazó esa condición y la Cancillería dijo el 25 de este mes que la política migratoria de su país «se decide de manera soberana».

El dirigente de la Organización Binacional, Juventino Montiel, dijo a esta agencia que coadyuvan «como facilitadores de la caravana, en rechazo de las acciones punitivas y militares que Trump tenía planeadas en la zona fronteriza de México, con la intención de reiniciar la construcción de nuevas partes del muro».

El muro comenzó a construirse en el mandato del expresidente Bill Clinton (1993-2001) y cubre casi 1.000 de los 3.200 kilómetros de la frontera terrestre.

La caravana cruzó de la frontera con Guatemala por la ciudad mexicana de Tenosique, en el estado de Tabasco (sureste), tradicional refugio en la travesía hacia el norte, que cruzó por el estado de Puebla (centro- este) y la Ciudad de México, donde a mediados de abril celebraron un acto simbólico frente a la embajada de EEUU.

Otras organizaciones apoyaron la caravana, tales como el Movimiento Binacional por la Esperanza, la Coalición Binacional contra Donald Trump y la asociación política Partido Migrante.

A diferencia de los muros de Clinton y de Barack Obama (2009-2017), «Trump pretende utilizar tecnología militar, con apoyo de las organizaciones supremacistas, que practican la ‘cacería’ de migrantes», afirmó Montiel.

Cada año ocurren muchas marchas de distintas organizaciones que defienden el derecho a la migración, pero «el viacrucis fue tomado como pretexto para arremeter contra los migrantes y la soberanía de México», indicó el dirigente de la Organización Binacional.

En efecto, otras demostraciones similares son organizadas anualmente desde hace más de una década, tales como la Antorcha Guadalupana de México a Nueva York y la Marcha de Madres y Niños Migrantes, que partieron de Centroamérica durante el mandato de Obama.

«El objetivo de las caravanas es sensibilizar a las autoridades mexicanas y humanizar a los funcionarios estadounidenses, es una deuda con miles de familias sin seguridad, ni protección ni derecho a su identidad», dijo Montiel.

Las organizaciones esperan renovar los debates sobre la reforma migratoria, un tema clave en la reelección de Obama en 2012.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció  hoy  las acciones de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones, respecto al caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, a quien se le quitaron los delitos de lavado de activos y malversación de caudales.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos dijo que los operadores de justicia han actuado de forma irregular, principalmente en desapego al ordenamiento jurídico.

“Lo que estamos denunciando, básicamente es a los tres magistrados propietarios de la Corte de Apelaciones, en virtud de que vemos que hay una resolución que favorece de manera directa a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, el Consejo Nacional no se puede permitir quedarse callada”, señaló.

Prosiguió que “entendemos que otros sectores se van a pronunciar, no es posible tanta corrupción, e impunidad  y que  se genere precisamente de los operadores de justicia. En este caso el Ministerio Público ha hecho su trabajo y nosotros estamos acompañando y utilizando las herramientas para este tema”.

Según Castellanos, el operador de justicia presentará el recurso de reposición cuando sea notificado.

Por su parte  el jefe de investigación del CNA, Odir Fernández, indicó  que “creemos que lo se pretendía en este caso era desacreditar la tesis de que la señora Rosa Elena Bonilla, es funcionaria. Hemos podido establecer de que las convenciones así lo dicen”.

Añadió que las convecciones internacionales en materia de corrupción suscritas por el país determinan que la señora fue funcionaria.

“El CNA está solicitando  de que se les investigue y que se les judicialice la causa por prevaricato a los tres magistrados, porque creemos que han cometido ese delito, y hay suficientes elementos para determinar responsabilidad penal”, sentenció.

Los tres magistrados denunciados por la oficina que dirige Castellanos son Edin Yobany de la O Ramos, Telma Consuelo Burgos Y Karla Martínez miembros de la Corte de Apelaciones de los Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.