La elección del Fiscal General y las deudas históricas con las víctimas

(Por Joaquín Mejía) A la clase política hondureña no le interesa elegir a un fiscal independiente que defienda los intereses generales de la sociedad, sino a un fiscal que proteja a los corruptos y de los violadores a derechos humanos.

Por ello, se ha garantizado un mecanismo de elección impregnado de influencia política vernácula y bajo la lógica de la repartición partidista en la que el fiscal general pertenece a uno de los dos partidos tradicionales y el adjunto al otro.

En términos generales, los titulares del Ministerio Público no han sido elegidos por sus mejores capacidades técnicas, integridad y experiencia profesional, sino por sus lealtades políticas, contactos, amiguismos y compromisos políticos.

Gracias a ello, esta institución que debería impulsar las investigaciones contra los criminales, se ha convertido en un elemento esencial para mantener la impunidad y aumentar la enorme deuda histórica con las víctimas.

Así, los 184 casos de desapariciones forzadas documentados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 se mantienen en completa impunidad.

Los crímenes de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el contexto del golpe de Estado de 2009 también se encuentran en la más absoluta impunidad.

Y las decenas de asesinatos y otras graves violaciones a derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Coalición contra la Impunidad parecen avanzar hacia el mismo camino de negación de justicia para las víctimas.

Así las cosas, no es de extrañar que, de acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 82.8% de la población cree que jueces, fiscales y magistrados protegen los intereses de los poderosos y ricos, o corruptos.

Desafortunadamente, el actual proceso de elección parece seguir con la misma lógica de garantizar que los poderes fácticos continúen controlando esta institución para que siga siendo un ente bipolar que muestra su fortaleza o debilidad dependiendo de quien tenga enfrente.

Por un lado, el Ministerio Público se muestra eficiente para criminalizar la protesta social, la lucha por la tierra o la defensoría de derechos humanos, pero, por el otro, se muestra ineficiente para luchar frontalmente contra las personas corruptas y las violadoras a derechos humanos.

Por mucho que los sectores oficialistas de sociedad civil se empeñen en alabar la imagen del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, sus hechos han demostrado que él es cómplice de que el Ministerio Público sea una institución al servicio de la corrupción y la impunidad.

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