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MANAGUA, NICARAGUA

(Spútnik) El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró en rueda de prensa que la violencia que enlutó el 31 de mayo una marcha de madres de víctimas de las últimas manifestaciones se debió a actos delictivos perpetrados por civiles.

Moncada sostuvo en una comparecencia ante la prensa que el 30 de mayo se produjeron «hechos es que afectaron la paz».

«El Gobierno (…) condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de Abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer, cuando las familias nicaragüenses honraban a las madres en estos días de dolor, y alimentábamos nuestro corazón de fe y esperanza, para alentarnos a seguir trabajando con firmeza, por la reconciliación, el diálogo y la paz», dijo Moncada leyendo un comunicado oficial.

El canciller sostuvo que la actual «violencia » fue generada «por grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias» lo cual «constituye una conspiración que viola la Constitución».

El segundo jefe de Policía, Francisco Díaz, sostuvo que «los lesionados y fallecidos por grupos delincuenciales que operan encapuchados, con morteros, total de fallecidos: 15; total de lesionados: 91, y total de policías lesionados: 36».

«Grupos delincuenciales dañaron instalaciones de la UCA [Universidad Centroamericana], UNI [Universidad Nacional de Ingeniería], Caruna [Cajara Rural Nacional] y edificios cerca de la Plaza de las Victorias», dijo Díaz.

El jerarca policial aseveró que individuos agrediendo a «pobladores que participaron en la cantata en honor a las madres y agentes de la Policía que aseguraban la zona» y que sujetos encapuchados secuestraron vehículos.

Mientras, la ministra de Salud, Sonia Castro, aseveró que en los hospitales públicos «se atendió a 199 personas heridas» y que 15 resultaron «muertas».

«Todos los hospitales están abiertos y reforzados para atender a cualquier persona, sea quien sea; estamos para proteger la vida», aseguró la ministra.

La fiscal general, Ana Julia Guido, sostuvo por su parte que el Ministerio Público viene investigando los hechos de violencia que estallaron el 18 de abril.

«Investigamos todo, las denuncias de familiares de víctimas fallecidas de la policía y civiles, lesionados de los dos lados, daños causados a instituciones públicas y privadas y saqueos», dijo Guido.

La fiscal aseveró que «hemos acudido a las casas de las víctimas y las hemos atendido».

Mientras, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Corina Centeno, aseveró que «solicitamos a la fiscalía que se individualicen los casos para que se pueda encontrar a los responsables, independientemente de quienes sean».

Además, Moncada añadió, «con todo respeto, pedimos a las autoridades del diálogo nacional [el episcopado católico] llamar a la calma y al cese de toda violencia».

Más temprano, medios de prensa y grupos opositores cifraron en 70 heridos y al menos 11 muertos la cantidad de víctimas del miércoles 30, cuando una multitudinaria manifestación recorrió Managua, convocada por las Madres de Abril, como se conoce a las mujeres que perdieron sus hijos en la ola de violencia que estalló el mes pasado.

Estas víctimas deben sumarse a 81 fallecidos entre el 18 de abril y el pasado lunes, según las cuentas de Amnistía Internacional.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Sala Constitucional del Poder Judicial de Honduras determinó que la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) violó normas legales concernientes a la Carta Magna y Ley orgánica del Ministerio Público.

En la resolución que dejó clara la constitucionalidad de la MACCIH, se estableció que la UFECIC se apartó de los preceptos que ordena la Ley fundamental ya que el fiscal general Óscar Chinchilla determinó mediante una resolución conformar el brazo investigador de la misión anticorrupción de la OEA y no siguió «las directrices» que exige la norma.

Estableció en el falló que «que en el Diario Oficial La Gaceta 34,262 del 10 de febrero de 2017, el Fiscal General de la República dispuso publicar las siguientes disposiciones gubernamentales, Acuerdo No. FGR-001-2017 y Acuerdo No. FGR002-2017, así como la firma de un mecanismo de entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público, de los que se puede observar el seguimiento de directrices que no siguen los estándares que esta Sala Constitucional reconoce como válidos, como la subrogación en la toma de decisiones en materia de política de persecución penal pública…».

«…Práctica que se observa con la conformación de una supuesta acción penal integrada entre el Ministerio Público y un organismo internacional, competencia constitucional indelegable, así como el desarrollo de procesos de nombramiento que no siguen lo expuesto en esta sentencia y deben de ser orientados para el correcto cumplimiento de la supremacía constitucional; en ese sentido, se debe de instar al Ministerio Público a que acate los parámetros ofrecidos en esta Sentencia», establece el fallo.

En consecuencia, el organismo manda a decir al Ministerio Público que la conformación de la UFECIC  no fue apegado a la Constitución.

Y es que el referido acuerdo, rubricado por Chinchilla, creó la unidad especializada al trasluz del acuerdo suscrito entre el Estado hondureño y la OEA respecto a la MACCIH y que estaría adscrita a la fiscalía general «con el fin de que se desarrolle en forma exclusiva y mediante la investigación y persecución penal…a través de su actividad, en cumplimiento de su finalidad constitucional y legal, mediante la investigación objetiva, el prcoesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de la comisión de delitos de corrupción».

El alto funcionario, según el acuerdo firmado en 2017, utilizó sus prerrogativas legales al justificar el principio de especialidad para conformar la estructura de la UFECIC, así como la contratación de fiscales, técnicos forenses, informáticos y otras especialidades a fin de colaborar con la misión que dirige en la actualidad la peruana Ana María Calderón.

Esta argumentación fue analizada por los magistrados de la Sala Constitucional para dejar en firme la ilegalidad de la fiscalía especial que preside Luis Javier Santos.

Cabe recordar que la resolución fue emitida la noche del miércoles tras varias horas de deliberación de los altos jueces; el fallo emitido por el tribunal se basa en el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles, respecto a que debe «ser clara, precisa y exhaustiva y en acatamiento a la Constitución de la República, la supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación, persecución penal, establecido en el convenio, deben ser interpretados y aplicados conforme a nuestra Constitución Política”.

La sentencia fue enviada a los titulares del Ejecutivo y Legislativo, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, de forma respectiva, así como a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público y Procuraduría General de la República, a fin de que se notifiquen sobre el fallo.

En consecuencia, la resolución de la Sala Constitucional es definitiva, es decir, que no hay espacios para la interposición de otros recursos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado nacionalista, David Chávez, aclaró que no apoyará una Asamblea Nacional Constituyente porque no está de acuerdo en “abrir una ventana” para cambiar la Constitución y permitir el aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y cancelar las extradiciones.

Según el parlamentario su postura se mantendrá porque la propuesta de una constituyente es impulsada por personas que “van en contra de las leyes de Dios, valores morales y éticos”.

“No me voy a prestar para eso, si toca a la comisión tomar una decisión, razonaré mi voto, además por otro lado eso es un tema que genera bastante incertidumbre, ¿cómo se pone a creer que los empresarios van a invertir si se convoca una constituyente?, discutió.

Chávez, el diputado de Francisco Morazán más votado, mandó a decir a los que apoyan “las bodas gays” que no participará en el proyecto porque no deben permitirse reformas que atenten contra las leyes divinas.

Aunque algunos dirigentes nacionalistas han expresado que si el tema de una Constituyente es la salida de la crisis debe discutirse,  y que el oficialismo es conocido por imponer la “aplanadora azul”; el parlamentario  aseguró que no recibirá ninguna línea de su partido y solo seguirá su “convicción moral”.

 

Confidencial HN