De nuevo la Sala de lo Constitucional

(Por Edmundo Orellana) Desde que se declaró inconstitucional la Constitución nada debe sorprendernos. Por eso, era de esperar que la sentencia, resolviendo la acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el convenio de la MACCIH, fuese un absurdo más.

El primer disparate fue el auto de admisión. Se le dio curso a la acción pese a que era evidente la falta de interés directo, personal y legítimo del actor, requisito necesario para admitirla, lo que la Sala, en la sentencia, reconoce paladinamente cuando afirma que la ley por la que se aprueba el convenio de la MACCIH “no contraviene derechos constitucionales”, y, por ello, no procede la declaratoria de inconstitucionalidad, “en este momento”, es decir, que en otro momento podría proceder (?). La amenaza es manifiesta.

El segundo dislate es “declarar la constitucionalidad” de dicha ley. La acción de inconstitucionalidad se interpone para que se declare inconstitucional una ley y, en caso de no proceder, la Sala debe desestimarla, relacionando en los considerandos los argumentos jurídicos pertinentes. Declarar en sede judicial “la constitucionalidad de la ley” es desconocer que todos los actos gozan de la presunción de legitimidad, es decir, que son emitidos conforme a la Constitución y las leyes; es, pues, una declaración inocua.

El tercer desatino es acusar a la MACCIH de ejercer las funciones del MP, esto es, las funciones de formular la política de la persecución penal, ejercer la acción pública penal, recabar información para la preparación de casos y de nombramiento del personal. Según la sentencia, el Fiscal General irresponsablemente permitió que la MACCIH ejerciese sus funciones constitucionales. La distorsión es manifiesta. Pretenden, con ese falaz argumento, hacer ver como una intromisión en las funciones del fiscal, lo que, claramente, es una acción de asistencia técnica de la MACCIH al MP.

El cuarto disparate es señalar que la cooperación debe ser en abstracto y no en concreto, para no atentar contra la independencia del fiscal y del juez. Es decir, que habrá de seguir la fórmula del maestro-alumno, con clases magistrales y la técnica de casos hipotéticos. Con este criterio habrá de juzgarse, a partir de ahora (porque se trata de una interpretación con carácter general), la colaboración, por ejemplo, de la DEA en los casos de narcotráfico y lavado de activos. Ya no podrán, en consecuencia, asistir en casos específicos a los agentes de investigación y a los fiscales, y de hacerlo la defensa, invocando este criterio, podrá solicitar sea excluida del conocimiento del tribunal toda diligencia en la que, de hecho, los expertos o agentes de la DEA participen.

El quinto despropósito es afirmar que la MACCIH atenta contra la independencia judicial. “Ninguna institución del Estado o externa a él, en su totalidad o a sus integrantes, podrá legítimamente realizar acciones y/o omisiones que sometan a posibles limitaciones para el cumplimiento de sus funciones por parte de instituciones fuera del Poder Judicial”, dispone la sentencia que nos ocupa. Sin embargo, esto no ocurre con la MACCIH, pero sí con el denominado “pacto de impunidad”, al que, sin embargo, sumisamente se sometió la Corte Suprema de Justicia, pese a que suspende temporalmente las funciones de investigar y de ejercer la acción pública penal de oficio al MP y a los tribunales la potestad de juzgar, en el caso conocido como “La Red de Diputados”.

El sexto desacierto es que la Sala se arroga la potestad de interpretar la ley, con efecto general y obligatorio, usurpando atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Invoca su condición de intérprete de la Constitución para justificar la intromisión, afirmando que cuando se pide la inconstitucionalidad de la ley, la Sala (aunque no proceda la interpretación constitucional) tiene potestad para, según la sentencia, “señalar la interpretación adecuada que se le debe dar a la norma impugnada, la cual debe ser observada por los poderes públicos”. No encontró mérito alguno para declarar la inconstitucionalidad, pero sí razones suficientes para fijar el sentido de la ley, ordenando a los poderes (incluido el Congreso) atenerse a su interpretación cuando sea aplicada.

El séptimo disparate es conceder lo que no se le ha pedido. Es decir, interpretar el mecanismo de entendimiento entre la MACCIH y el MP, así como normas reglamentarias de este, a la luz de “estándares” (que no identifica) y a los cuales, supuestamente, debe apegarse el MP, para reconocer como válidos esos actos, y, justamente, por no apegarse a esos misteriosos “estándares”, exige a este rectificar esos instrumentos y normas.

El propósito es evidente. Desmontar la estructura institucional MACCIH-UFECIC-JURISDICCIÓN ANTICORRUPCIÓN. ¿Cómo lograrlo? Desde que se declaró inconstitucional la Constitución, las sentencias de la Sala de lo Constitucional se constituyeron en la Ley Suprema del Estado, sometidas únicamente a los límites que se autoimpongan. Son, pues, estas sentencias el medio idóneo para lograrlo.

Nunca como hoy ha cobrado tanta vigencia la máxima de Lasalle de que “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder”. Por eso, cuando no existen límites visibles para el ejercicio del poder, auténticas arbitrariedades pasan por manifestaciones de juridicidad. ¡Pobre Honduras!

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