Cura expulsado por cardenal pide indemnización de 74 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(SEGUNDA PARTE) Por los daños que recibió del cardenal Óscar Andrés Rodríguez al suspenderlo del sacerdocio, el religioso Bernardo Font Ribot está exigiendo una compensación de unos 74 millones de lempiras ya que los perjuicios se volvieron hasta incuantificables ya que le causaron penurias emocionales y enfermedades crónicas como diabetes.

ConfidencialHN confirmó que las angustias vividas por Font Ribot desde 2005 lo llevaron tener angustias, aflicción física y espiritual ya que Rodríguez, quien se basó en los consejos del vicario judicial Juan José Pineda y del canciller Carlo Magno Núñez, decidió expulsarlo luego que un abogado vividor lo acusara de haber estafado a una señora al permutarle una propiedad, sin que hasta la fecha haya efectuado las pesquisas de forma exhaustiva a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.

Una investigación respecto a este incidente, señala que hubo “un desajuste sicológico, que gracias al tratamiento especializado se mantiene vivo, pero está destruido sicológica y moralmente por el abuso cometido por el señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez“.

“Por cuanto el padre Bernando Font Ribot reconocido por la feligresía como el padre Font, perdió su solvencia moral a raíz de las circulares emitidas por el vicario de la Curia Arzobispal y por el señor cardenal Rodríguez, provocando un rechazo de quienes lo conocen” al dar por válidas las decisiones de las autoridades eclesiásticas, formándose una mala imagen de su persona y optando por romper sus vínculos de amistad con él para evitar cualquier tipo de acercamiento”, establece el análisis.

En el peritaje se dejó claro que el sacerdote Bernardo Font Ribot sufrió fuertes traumas emocionales que le provocaron enfermedades crónicas como diabetes, sumado a la depresión que casi le cuesta la vida.

El afectado se vio dañado en su honor porque nadie de la cúpula que preside el purpurado se dignó en consultarle o crear, al menos, una comisión investigadora que pudiera proporcionar de manera concreta las conclusiones de la investigación que lo absolviera de las acusaciones hechas en 2005 por Andrés Maradiaga, apoderado de Lucía Filomena Torres, supuesta afectada, por la permuta que fue disuelta por un notario a satisfacción de ambas partes.

En el caso de Font, se pudo estalecer que sí hubo un daño moral porque todavía persiste el sufrimiento ocasionado directamente por las drásticas medidas tomadas por la jerarquía católica en contra del religioso a pesar de tener una trayectoria empresarial “reconocido en todo el mundo” menos en su arquidiócesis, aún cuando nunca ha existido una acusación sólida en su contra que haya provocado algún daño.

La acción unilateral tomada por el jefe católico, violó el derecho constitucional de la presunción de inocencia al fundamentar su expulsión de forma arbitraria; a Font Ribot -de acuerdo al dossier en manos de este periódico-, se le libró de cualquier acusación judicial. Sin embargo, el cardenal Rodríguez pasó por alto cualquier norma, aplicó el derecho canónico sin dar opción a una debida defensa y tampoco se cumplió el debido proceso respecto al sacerdote.

La indemnización que está pidiendo el marginado cura si bien es de dificil cuantía, por ser daños inmateriales y sicológicos, pero obedece a un patrimonio perdido motivado por los traumas que ocasionó su marginamiento. En consecuencia, un grupo de peritos estableció que por cada dolencia que sufrió Font Ribot, se estima un costo imputado que oscila entre un millón y nueve millones de lempiras. 

Para el caso, el sentimiento de depresión de la autoestima se tasó una indemnización de un millón de lempiras, mientras que los sentimientos de pena, sentimiento de la dignidad lastimada, conductas compulsivas y consumo frenético de fármacos para controlar los problemas emocionales se estimó en dos millones de lempiras cada uno. Asimismo, el deshonor público o particular alcanzó una suma de nueve millones. Estas valoraciones son calificadas como abuso de autoridad que incurrió la iglesia católica por lo que se pide una reparación preliminar de 30 millones de lempiras. 

En el cálculo global, se estima que por los daños, abusos incurridos por Rodríguez, Pineda y Núñez y por enfermedades crónicas, el cura español tendrá que recibir 62 millones de lempiras, más los honorarios legales que ascienden a 12 millones 400 mil y un peritaje privado por 300 mil, por lo que la iglesia pagaría por pisotear el honor del religioso alrededor de 74 millones 700 mil lempiras.

BIENES PERDIDOS Y ARRUINADOS. El sacerdote, quien tiene 76 años y cumplió 13 de no brindar misas o actividades religiosas, perdió muchos bienes heredados por su familia. Se vio obligado a pagar las hipotecas que contrajo con Dollar Bank de Puerto Rico al entregarles 97 mil 750 dólares (dos millones 340 mil 027 lempiras al cambio actual) a fin de no perder sus negocios, propiedades y posesiones que le heredó su padre, aunque quedaron abandonadas porque cayó en una depresión por la irresponsabilidad de su superior.

También se vio obligado a vender una vivienda tasada en 4.2 millones de lempiras que tenía en la colonia Centroamérica Este, en Tegucigalpa, cuyos fondos le han permitido vivir durante los últimos años de forma modesta -ha pagado sicólogos, peritos, abogados y fármacos para controlar la enfermedad- y ya no tiene recursos para reponerse económicamente, de acuerdo a datos recabados por ConfidencialHN.

Al cierre de esta investigación, el perjudicado se encuentra lúcido en un 85 por ciento, por lo que optó por exigir la restitución de sus derechos y entablar los reclamos ante la iglesia a través de sus apoderados. Abogados consultados por este periódico indicaron que a Font Ribot se le violentaron los preceptos constitucionales de la defensa y que a nadie se le podrá imponer pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y “sin que se le haya sido impuesta una resolución que haya emanado un juez o autoridad competente”.

De hecho, la documentación obtenida deja constancia que el supuesto acusado respondió en tiempo y forma a la anomalía suscitada con la permuta, por lo tanto, las cédulas de citación para que respondiera por el delito de estafa no tenían sentido ya que un documento firmado por Rosafa Rodríguez Torres, Lucía Filomena Torres, Rodimiro Pérez Maradiaga y Font Ribot reza de forma clara que “quedan anulados todos los documentos del traspaso de propiedad que fue vendida en el barrio El Brasil de Choluteca”.

A pesar que la supuesta afectada y el “denunciado” dieron por superada cualquier diferencia, para el cardenal, su subalterno “incurrió en delito” y lo abandonó a su suerte. Al cierre de esta segunda entrega, ninguna autoridad eclesiástica ha vertido comentarios en torno a los reclamos que está realizando el sacerdote Bernardo Font Ribot.

Cabe mencionar que el cardenal mandó en 2005 a través de una lacónica carta a su otrora aliado que “debido a sus responsabilidades personales para con la justicia, a partir de esta fecha (9 de febrero) no tiene licencias para la celebración de los sacramentos…asegurándole mis oraciones, me suscribo”. Los favores que pidió para, presuntamente, beneficiar a la milenaria iglesia, se fueron al olvido y cualquier atisbo de misericordia, amor, comprensión  y contricción desaparecieron del expapable.

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