Tuesday, Sep 17, 2019

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Nicaragua ha sufrido un agravamiento de la violencia institucional desde el informe sobre Nicaragua que presentó Amnistía Internacional (AI) el 29 de mayo pasado, dijo a Sputnik la directora de la ONG internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

«Desde el momento que lanzamos este informe (en mayo pasado) hemos visto un agravamiento en el nivel de violencia institucional, una violencia ya mucho más selectiva con ataque a población civil, han desmovilizado los tranques (barricadas y bloqueos de vías realizados por la oposición) de manera brutal en manos de la policía y, sobre todo, de grupos paraestatales que operan en colusión con las autoridades», dijo Guevara-Rosas quien se encuentra de visita en Montevideo para presentar el informe «Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua».

Esa información brindada por Guevara-Rosas a esta agencia se trata de datos preliminares de la misión de investigación de 10 días en Nicaragua que culminó AI el 31 de julio «en varios puntos del país en donde se han cometido graves ataques en contra de la población civil», indicó.

Con los últimos datos, la organización actualizará el informe «Disparar a matar» que se basó en una misión de investigación de AI en ese país centroamericano entre los días 4 y 13 de mayo.

Guevara-Rosas añade que en la última misión de julio, AI ha visto «un número importante de personas que han sido detenidas arbitrariamente, vemos una persecución y una criminalización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y de líderes que representan diferentes sectores ante el diálogo, una Alianza (Cívica) que se ha creado de distintos sectores de la sociedad».

Además de la activista, la delegación de AI en Uruguay incluye a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a Graciela Martínez, representante del Movimiento de Madres de Abril, que reúne a familiares de víctimas de la violencia en Nicaragua.

El 1 de augusto de tarde, AI presentará su informe en el parlamento uruguayo, donde también hablará de los datos preliminares de la misión de julio.
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Guevara-Rosas dijo que los fallecidos en el país por la crisis son más de 300, sin embargo la cifra de víctimas fatales varía de acuerdo a las fuentes que la proporcione.

La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio en conferencia de prensa que, según sus datos, 448 personas fallecieron en el país desde que comenzaron las protestas.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, informó el 24 de julio pasado, a través de la red social Twitter, que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas.

Sin embargo, el presidente de Nicaragua negó esas cifras y dijo esta semana a la cadena de noticias CNN que en su país murieron 195 personas desde abril pasado.
El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un «golpe blando» en su contra, mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.

A raíz de la situación que vive Nicaragua, en los últimos meses «ha aumentado exponencialmente» el número de solicitudes de asilo de habitantes de ese país en Costa Rica, informó en un comunicado la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde abril Costa Rica ha registrado alrededor de 8.000 solicitudes de la condición de refugiados de nicaragüenses y alrededor de 15.000 más recibieron citas para su posterior registro debido a que las capacidades nacionales de procesamiento se vieron desbordadas, según autoridades costarricenses, consigna Acnur en el texto de prensa.

TEGUCIGALPA, HONDURAS   

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, detalló que el viernes presentarán su informe con conclusiones y recomendaciones, mientras tanto seguirán documentando y registrando denuncias.

Durante sus declaraciones ante los medios, Abrao explicó que unos cuatro grupos de la Comisión se han reunido con distintos funcionarios y han realizado visitas en cárceles y otros lugares del país.

“Hasta hora recibimos todo el apoyo del Estado, nos ha dado acceso integral a las informaciones e instalaciones”, alabó.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En el análisis que hemos visto donde se ha bajado el precio del combustible nunca se ha beneficiado en bajar la tarifa, nunca”, aseguró la secretaria  de Finanzas Rocío Tábora, concerniente a las demandas de los transportistas.

Recomendó que el Gobierno debe sentarse a dialogar con todos los actores sobre temas de finanzas principalmente los que afectan a los hondureños.

“Siento que Honduras grita  la necesidad de un  dialogo y de un pacto fiscal que beneficie a las personas que más lo necesitan y en ese sentido en esa mesa hay que hablar del  tema de las exoneraciones”, explicó.

Con respecto al tema del aumento al salario de los maestros indicó que dialogarán con el gremio para revisar sus propuestas.

“Tenemos que sentarnos a escuchar a los maestros, no solo  cuáles son sus demandas salariales sino de cómo mejorar la educación en el  país porque estamos viendo números donde los niños no están saliendo bien”.

Y es que la desigualdad que existe en el país donde los parlamentarios se aumentan el salario y el pueblo tiene que pagar los aumentos, mantiene molesta a los hondureños.

“El tema de los salarios  a los parlamentarios, no fue aprobado por la Secretaría de Finanzas ni por el Poder Ejecutivo, en materia de presupuesto quien lo aprueba es el Congreso Nacional”.

Añadió que “es la única ley que el Poder Ejecutivo no puede vetar, estemos o no de acuerdo, ellos sabrán  como responder a la ciudadanía sobre este tema”.

Tábora reiteró la necesidad de un pacto fiscal a fin de restructurar las políticas fiscales que afectan a la población.

“Esos son los temas que  hay que dialogar, hay que revisar quien gana quien pierde, sentarnos en una mesa para revisar toda una estructura tributaria, políticas fiscales el que gana más tiene que pagar más”.

El Gobierno necesita una política salarial que defina cuanto debe pagar a las personas con capacidad hay que pagarles bien, hay que hacer una política salarial y eso es parte de un pacto fiscal para pagarle a cada quien según su capacidad y responsabilidad, recomendó.

Según la funcionaria en este año se ha dejado  de percibir  36 mil millones de lempiras en exoneraciones.

“Exoneraciones que son buenas porque generan empleo las que vamos a revisar son las que no le dejan algún beneficio a la ciudadanía”, concluyó.