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TEGUCIGALPA, HONDURAS

En respuesta al deceso de hondureños durante desalojos en Colón, la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva no descartó la existencia de “una estrategia” para justificar la criminalización, estigmatización y judicialización de las personas que defienden sus territorios.

“Es lo que miramos con enorme preocupación, hay un actitud que hemos venido denunciando persistentemente, ahora el sistema de justicia es el utilizado contra los demandantes de sus derechos reclamados”, manifestó.

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Para la titular del Cofadeh, la orden de desalojo contra los que estaban en “resistencia pacífica” se convirtió en una autorización legal de represión que permite el atropello a los derechos humanos y fundamentales de los manifestantes.

Consideró que si se mandan a mil 500 policías y militares a realizar un desalojo, no es “pacifico” si demuestran su armamentismo y prepotencia, “era una orden legal de jurisdicción nacional, ahí está el punto, los están persiguiendo en cualquier parte utilizando el sistema de justicia”, advirtió.

Resumió que los habitantes de Colón son víctimas de un Estado que quiere demostrar su poder para imponer una cultura de trabajo y de desarrollo a través de la explotación de recursos naturales y de las personas.

“Las muertes pudieron evitarse, desde la autorización para que esa compañía ingresara sin el consentimiento de las comunidades y población, pero hay algo más grave el golpe de Estado del 2009 fue utilizado para aprobar leyes en contra del pueblo y la población”, finalizó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera, manifestó su consternación ante las muertes provocadas por enfrentamientos entre militares y civiles en el sector de Guapinol en Tocoa, Colón y solicitó al Estado mediar entre las partes en conflicto para establecer un diálogo.

Tras la muerte de dos militares que participaban en el desalojo de manifestantes que se oponen a la extracción minera, Herrera solicitó a las autoridades escuchar a las comunidades para garantizar la dignidad y seguridad de los hondureños.

Según el ombudsman, el Estado debe actuar con inmediatez para restablecer un mínimo común denominador pacificador para que las personas puedan sentarse a dialogar para evitar los incidentes.

“Estamos verdaderamente consternados por lo que sigue ocurriendo en Guapinol con la muerte de compatriotas hondureños, es decir que continúe la lucha violenta entre hermanos, eso trae mucho dolor a la familia”, manifestó.

“La violencia es para aquellos que no quieren encontrar solución a los problemas, el interés de la comunidad y de las personas es resolver para obtener mejores condiciones de vida, por eso debemos trabajar enfocados en el respeto de los derechos humanos de todos”, añadió.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El apoderado legal de la familia de Berta Cáceres Rodil Vásquez denunció que no están en la “farsa de juicio” contra los supuestos implicados en la muerte de la ambientalista, porque el Estado— que promovió el asesinato— decidió excluirlos.

“Fuimos excluidos así como en el mismo momento del asesinato, como desatendieron a Bertita previo al crimen en la cantidad de denuncia que ella presentó ante las autoridades sobre la amenaza y persecución que era víctima”, detalló el jurista.

A criterio del defensor, el Estado a través del Ministerio Público (MP) y resoluciones judiciales “los mantuvo al margen” porque los querían fuera del juicio para que este salga “al gusto del Estado” y los sectores que representa “para garantizar impunidad”.

En sus consideraciones, el jurista afirmó que no se retiraron ni se retirarán, y este solo es el primer caso en la causa Berta Cáceres “el Tribunal convocó a juicio encontrándose recusado, comparecimos al Tribunal en las distintas audiencias a las que nos convocó, fuimos y presentamos por escrito porque no comparecíamos”, detalló.

“Ilegalmente nos declararon en abandono por eso el juicio es ilegal, esto no es de inocencia ni casualidad esa es la estrategia, hay suficientes razones y cantidad de irregularidades en el transcurso del proceso que darán lugar a recursos de casación más allá del fallo”, adelantó.

Por su parte los familiares de la extinta dirigente indígena, reiteraron a través de un comunicado que el Estado debería evitar que del juicio contra los primeros imputados en el crimen contra Berta se genere impunidad.

En la misiva leída, exigieron que se evite el riesgo de “libertad” de los imputados a quienes se les vence la medida de prisión preventiva, denunciaron la falta de transparencia durante todo el proceso y señalaron que los verdaderos autores intelectuales siguen escudándose con el dinero y con campañas de desinformación.