Tuesday, Sep 17, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Varios dirigentes sociales coincidieron que la criminalización de los hondureños —que defienden los recursos naturales en la zona del Bajo Aguán—, demuestra que el Estado ejecuta una acción terrorista al servicio de las transnacionales y sus proyecto extractivistas, asimismo advirtieron que esas acciones son como “echarle combustible al fuego” porque los oprimidos por el gobierno ya se están cansando.

Desde las afueras de los flamantes Tribunales en Materia de Extorsión, centenares de personas cuestionaron la persecución y posible encarcelamiento de doce lugareños de Guapinol, porque esa acción “es una advertencia” para los disidentes de las ilegales concesiones.

Lea: Exigen liberación de pobladores de Guapinol criminalizados por el Estado

“Los hermanos de Guapinol lo que han hecho es asistir y hacer realidad su derecho de defender el agua, sus ríos y derechos… la población ya no le tiene miedo a la policía ni al ejercito porque es más fuerte su derecho y conciencia por defender sus bienes que la represión ofrecida por el Estado”, advirtió el sacerdote jesuita Ismael Moreno.

Debe mencionarse que las doce personas fueron arrestadas y enviados hasta Tegucigalpa tras ser acusadas de cometer los delitos de daños, usurpación, incendio agravado, privación de la libertad y asociación ilícita.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Lanzar candidaturas prematuras dentro de Libre manda el mensaje que “todo está bien” cuando en realidad estamos bajo una terrible dictadura, advirtió hoy el líder del Movimiento 5 de Julio Nelson Ávila.

Para el doctor, el actuar electoral de los que dirigen la formación rojinegra es “lamentable” tomando en cuenta que lo que debería realizarse es buscar cómo sacar del poder a la “dictadura” y no arrojar precandidaturas irracionales.

“Están mandando un mensaje de normalidad en el contexto de instituciones espurias, corruptas y fraudulentas como el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas entre otras”, cuestionó.

Para Ávila en su movimiento se está unificando una acción y plataforma ciudadana para buscar sacar del poder al mandatario Juan Hernández en el transcurso del 2019 porque ´no puede gobernar un “no ciudadano y traidor a la patria”.

Acotó “se terminó en ellos (‘el fuera JOH’) y tengo la impresión que nunca fue parte de su forma de pensar, para nosotros ese lema significa fuera todo el sistema de corrupción, impunidad, inmunidad y violación de la Constitución”, argumentó.            

Durante su discernimiento, el pensador dejó claro que JOH y toda su  camarilla incrustada en todas las instituciones deben ser terminados.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) El juez federal argentino Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa en la que está procesada la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por el supuesto lavado de activos de 86 millones de pesos (2,2 millones de dólares en la actualidad) a través de la sociedad hotelera Hotesur.

«Ercolini envió el caso a un tribunal oral para su debate oral», informaron fuentes judiciales consultadas por Spútnik.

El magistrado cerró la tapa de instrucción de esta causa en la que también serán llevados a juicio oral los hijos de la exmandataria, Florencia y Máximo Kirchner.

Por este caso, además, se sentará en el banquillo el detenido empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, por supuestamente participar en las maniobras de lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de distintos hoteles.

En total son 20 acusados que formaron parte de «un complejo entramado societario» que permitió «poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado», de acuerdo a la causa judicial.

Este mes la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, reclamó que la expresidenta y senadora sea juzgada ante un tribunal oral por el caso Hotesur.

El caso judicial, que empezó en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer señala a Fernández de Kirchner como la jefa de una asociación ilícita que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 y que diseñó «un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se legitimó (…)una porción de dinero de procedencia ilegítima», detalla la resolución del juez.

Esos fondos eran canalizados «por las empresas del grupo Báez, producto de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (sur) a favor de la acusada, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner», añade la resolución.

En suma, los acusados «crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera, económica y contable en la que intervinieron con distintos roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos».

Éste es el segundo juicio oral que debe afrontar la mandataria, después de que el expediente que investiga la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) fuera elevado a juicio para el 21 de mayo.

La senadora no ha anunciado todavía si se presentará a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.