Wednesday, Nov 20, 2019
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) Los gobiernos de El Salvador y Honduras revindicaron en las últimas horas su alianza con EEUU a pesar de la decisión del presidente Donald Trump de suspenderles la asistencia, junto a Guatemala, por «no hacer nada» para frenar las caravanas de migrantes.

«El Salvador ha realizado importantes avances en cada uno de los ejes establecidos en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, por lo que confiamos que la cooperación del pueblo de Estados Unidos se mantendrá para la región», publicó el Gobierno salvadoreño en su cuenta de Twitter.

La ​Casa Presidencial agregó que hasta el momento no ha recibido un anuncio oficial de Washington referente a la cancelación de esta ayuda económica, que según el diario estadounidense The Washington Post, rondó los 700 millones de dólares el pasado año.

​A su vez, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó que espera que la ayuda estadounidense «se reanude e incluso incremente al entrar el nuevo Gobierno», que tomará posesión por cinco años el próximo 1 de junio.

​»Tenemos que entender que no saldremos adelante con solo ayuda humanitaria, sino con inversión, fortalecer el comercio, el crecimiento económico y generar empleos», acotó Bukele, quien retomó así el concepto que manejó durante su reciente discurso ante la conservadora Fundación Heritage, en Washington.

Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras calificó en un comunicado de «contradictorias» las políticas de las agencias gubernamentales de EEUU y los distintos poderes del Estado, aunque abogó por seguir fortaleciendo la relación bilateral.

«Honduras propone a los países vecinos de El Salvador y Guatemala, mientras se resuelven las discrepancias internas sobre la cooperación regional, evaluar conjuntamente las iniciativas del Triángulo Norte, velando por la soberanía y dignidad de cada nación», señala el pronunciamiento.

En tanto, el Gobierno de Guatemala no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, a pocos días de que el Departamento de Defensa de EEUU confirmó la suspensión de la ayuda militar a esa nación centroamericana por el presunto uso irregular de unos vehículos donados para combatir el narcotráfico.

En Washington, la representante demócrata de origen latino Norma Torres estuvo de acuerdo en pedirles cuentas a los gobiernos de América Central, pero estimó en Twitter que «la administración de Trump quiere castigar a los pueblos de la región por los fallos de sus gobernantes».

Además, en un comunicado emitido por su oficina, Torres consideró que el cese de la ayuda «echaría a la basura los cientos de millones de dólares provenientes de los impuestos ya invertidos en la región».

«El presidente Trump amenaza con finalizar muchos programas de asistencia no gubernamental que han probado su eficacia en la reducción de la malnutrición, la búsqueda de empleos para jóvenes, y hacer los vecindarios más seguros», sostuvo la representante por el estado de California (oeste).

Un portavoz del Departamento de Estado (Cancillería) de EEUU anunció el 30 de marzo el comienzo de las negociaciones con el Congreso para detener la asistencia al Triángulo Norte de Centroamérica, como indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo, a partir de órdenes del presidente Trump.

El mandatario, defensor de la política «tolerancia cero» contra la inmigración irregular, advirtió en diciembre pasado que cesaría la asistencia a los países del Triángulo Norte tras la salida de varias caravanas de indocumentados rumbo a territorio estadounidense.

Según Trump, EEUU vive una «tremenda emergencia nacional», ante el ingreso de miles de migrantes indocumentados por la frontera sur, en tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Krijsten Nielsen, afirmó que el sistema está colapsado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La suspensión de la ayuda ordenada por EE.UU. al Triángulo Norte de Centroamérica podría afectar programas de salud, educación y el combate a la corrupción que realizan algunos organismos, dijo hoy el secretario de la Presidencia Ebal Díaz.

El funcionario comentó que Honduras ha hecho «grandes esfuerzos» para frenar la inmigración irregular de connacionales que huyen hacia el país del norte por la extrema pobreza y violencia que asola a la región.

En declaraciones a periodistas, el colaborador del gobernante Juan Orlando Hernández externó que «lamentan» la orden emanada la semana anterior por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de cortar cualquier asistencia financiera, porque -según Díaz- «el combate a la migración es combatiendo la violencia y la inseguridad y en eso Honduras ha hecho su tarea”.

No obstante, afirmó que respetarán la decisión de Washington de no proporcionar más fondos federales para asistencia financiera, a pesar de que el gobierno se jacta de ser aliado de EE.UU. y que el trabajo de «frenar el crimen y narcotráfico» es reconocido por agencias norteamericanas.

Sostuvo que “no compartimos que Honduras que no ha hecho sus esfuerzos y sostenemos que es una responsabilidad compartida”.

Según el alto funcionario, EE.UU. no aporta dinero al presupuesto del Estado, sino a través de agencias, aunque el impacto en la salud y educación será alto.

La reacción gubernamental ocurre luego de que el Departamento de Estado procediera a frustrar cualquier transferencia hacia Honduras, Guatemala y El Salvador porque no han hecho nada por frenar la masiva oleada migratoria.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, vio como «correcto» que se encarcelen a periodistas y que nadie tiene el derecho a cuestionar a los altos funcionarios.

Y es que la cuestionada dama celebró el arresto del director de Radio Globo ConfidencialHN, David Romero, ordenada por el jefe del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, por una desproporcionada condena contra el comunicador interpuesta por el sistema judicial, leal a los intereses del gobernante.

Según Castellanos, las denuncias hechas por Romero por actos de corrupción del exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar “se excedió en sus declaraciones», por lo que deben imponerse «límites».

Estimó que ningún servidor estatal puede ser criticado, por lo que aseguró que debe proseguir la criminalización contra la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento.

“Se deben de seguir implementando los delitos de injuria y calumnia, ningún funcionario debe ser injuriado y calumniado”, expresó en tono soberbio.

“Cuando hay ciudadano que no conocen los límites de su profesión, deben ser penalizados. ¿Cuál es el privilegio de los periodistas para no ser penalizados? Los periodistas no deben tener privilegios, esas intenciones de despenalizar estos delitos solo muestra el miedo se tienen”, alegó.

La exrectora ha sido cuestionada por actores sociales y la comunidad estudiantil por haber criminalizado la protesta social, sumado al excesivo gasto en defensa y seguridad y la contratación de paramilitares para atacar a los manifestantes.