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(Por Edmundo Orellana) Es a lo que recurre el gobierno cuando le conviene destruir el prestigio de personas, movimientos e instituciones.

A los líderes de la oposición los ataca despiadadamente, pero sin mancharse las manos. El ataque, aunque orquestado por el gobierno, aparece como noticia, como tema de debate para los programas de TV o como denuncia. Iniciaron su campaña de desprestigio con Mel, utilizando medios de comunicación para atacarlo sistemáticamente y sin piedad, siguieron con Salvador Nasralla, de quien dicen todo lo que se les antoja, para luego continuar con Luis Zelaya, con quien se han ensañado cruelmente.

El turno ahora es de la MACCIH. Lo sospechoso es que los ataques contra la MACCIH ya no solo vienen del gobierno, sino también de la oposición, con la diferencia de que las arremetidas del gobierno resultan más inteligentes que las de la oposición.

El gobierno tiene el poder y lo utiliza muy bien, disponiendo de los medios de comunicación bajo su control para desprestigiar o suprimiendo, inutilizando o desactivando cualquier cosa que le incomode. La MACCIH le incomoda, por eso la tiene bajo ataque desde que nació, algunas veces la agrede sin contemplaciones, como cuando logró que se fuera Jiménez Mayor, otras sofisticadamente como cuando dicta leyes u ordena sentencias en su contra, y desde que inició es víctima de las embestidas de la prensa acogida al programa de canje de impuesto por publicidad.

La oposición se ha sumado a la estrategia del gobierno, acusando a la MACCIH de no investigar los casos que esa oposición quiere que investigue, con lo que evidencian su ignorancia del convenio constitutivo de ese mecanismo anticorrupción. En ninguna de sus estipulaciones se establece que es responsabilidad de la MACCIH investigar directamente los casos, porque esta competencia es, por disposición constitucional, del MP. De ahí, que no tenga fundamento alguno esa acusación.

Una vez más, el gobierno logra lo que quiere. Se aproxima la fecha de renovación del convenio de la MACCIH y necesita con urgencia desprestigiarla para no renovarlo. En este empeño requiere de todos los esfuerzos y acompañamientos. Como no puede invitarlos directamente, crea las condiciones para que los opositores caigan en la trampa, sumándose a la campaña de desprestigio.

La desesperación de la población por ver caer a todos los “peces gordos”, es aprovechada por el gobierno con ese fin. Hace creer a la población que la MACCIH es lenta y que no está haciendo lo suficiente, incluida la oposición. Por eso, la ruidosa entrega de documentos que, supuestamente, involucran al gobernante y a su entorno en actos de corrupción, en lugar de servir al fin que pretendía el que lo promovió, fue aprovechada para desprestigiar a la MACCIH, porque a nadie se le ocurrió que esos documentos se presentaran en la UFECIC, unidad del MP, al que, constitucionalmente, compete la investigación.

A esa campaña se sumaron también, ingenuamente, manifestantes que coreaban consignas anti MACCIH, frente a sus oficinas, como si esta fuera la responsable de lo que el gobierno provoca. Como ellos, también caen candorosamente, todos los, que creyendo que hacen lo correcto, reclaman a la MACCIH investigaciones que competen al MP.

Esas manifestaciones generan la percepción de que la MACCIH es negligente. A lo que contribuyen algunos medios de comunicación aprovechando esos eventos en los que participan opositores, para insistir en desprestigiar a ese mecanismo anticorrupción, así como esas cuentas falsas en Facebook y Twitter, manejadas por el gobierno, que atacan constantemente a la MACCIH, en lo que, curiosamente, coinciden algunos opositores en sus respectivas cuentas de Facebook y Twitter.

Esos manifestantes y los líderes opositores que suben a la red sus cometarios en contra de la MACCIH, olvidan de que si algún avance ha habido, y lo hay, indiscutiblemente, en la lucha contra la corrupción, se debe a la MACCIH y que de irse esta, todo lo que se construyó bajo sus auspicios desaparecerá y, con ello, la lucha contra la corrupción; sueño acariciado por el gobierno desde siempre.

Los que han caído en la trampa ingenuamente, recapaciten. El enemigo del pueblo no es la MACCIH; lo son, quienes quieren que no haya lucha contra la corrupción, entre estos, y particularmente ellos, los que quieren que se vaya la MACCIH.

Y usted, distinguido lector, ¿de qué lado está?

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ordenó incrementar el personal y los recursos en la frontera sur para afrontar la «creciente crisis de seguridad», así como ampliar la política de devolución de indocumentados a México hasta que concluyan sus trámites de inmigración.

«La secretaria [Kirstjen M. Nielsen] le ordenó al comisionado [de la Patrulla Fronteriza, Kevin] McAleenan que incremente las operaciones de forma urgente y aumente la reasignación temporal de personal y recursos de la agencia para afrontar el flujo de migrantes», señaló la cartera en un comunicado.

Asimismo, Nielsen pidió a la Patrulla Fronteriza que expanda la política del Departamento «para devolver extranjeros a México mientras estos esperan que concluya el trámite de su proceso de inmigración», añade el texto.

El pasado 29 de marzo, el presidente de EEUU prometió cerrar la frontera con México, o una gran parte de ella si el país latinoamericano no colabora en evitar que la migración ilegal.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa Ana Rosalinda García Carías, se convirtieron en los todopoderosos dueños de un emporio empresarial y llama la atención el enriquecimiento que tuvieron en tiempo récord.

En las investigaciones realizadas por Radio Globo ConfidencialHN se logró determinar que los esposos Hernández García compraron el ciento por ciento de las acciones que la sociedad mercantil Inversiones del Río a Juan Antonio Tony Hernández, por lo que se volvieron los únicos socios del vasto conglomerado.

Este periódico investigó que Tony vendió todas sus acciones, según consta el acta de la asamblea general extraordinaria de esta empresa, celebrada el 21 de marzo de 2013, y que está incorporada en la escritura 60 y autorizada por el notario y exprocurador general Abraham Alvarenga Urbina, tanto a Hernández como a García Carías.

«El socio presidente dio lectura a la agenda en los términos siguientes: 1) comprobación de cuórum para la realización de la asamblea por estar presentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Juan Antonio Hernández Alvarado…(y se concretó la venta) de la parte social (acciones) de Juan Antonio Hernández Alvarado», reza la parte toral de la escritura con registro 60.

El principal motivo por el que Tony vendió sus acciones fueron por «motivos personales» y el valor de las acciones -comprados por García Carías- fueron por 10 mil lempiras cada uno y pasó a ser la principal socia de Inversiones del Río. 

El principal motivo que motivó a Tony a vender sus acciones fue por motivos personales, según consta la documentación en poder de Radio Globo y ConfidencialHN. El socio vendió sus acciones por un monto de 10 mil lempiras y la esposa de Juan Orlando Hernández se convirtió en accionista de Inversiones del Río. 

En consecuencia, el matrimonio presidencial se quedó con todas y cada una de las acciones que tienen en las empresas que fueron creadas en poco tiempo.

Por tanto, los esposos Hernández García se han venido dedicando desde hace varios años a negocios relacionados con la industria hotelera y turística, el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas; inversiones inmobiliarias relacionadas con la construcción, compra, venta, arrendamiento de inmuebles y «toda actividad de lícito comercio», según indica el instrumento público 262, autorizado por Alvarenga Urbina el 1 de diciembre de 2010, precisamente, 11 meses después que el actual presidente ocupara la titularidad del Legislativo.

Entre los hallazgos realizados por los equipos de investigación destacan que los hermanos Hernández Alvarado crearon la sociedad con un capital inicial de 20 mil lempiras, depositados en el Banco de Occidente, a una razón de 10 mil lempiras cada uno.

Sin embargo, ambos socios -incluida la primera dama- comenzaron a incrementar de manera desproporciona el capital de la compañía a través de adquisiciones de terrenos y bienes inmuebles, de urbanizadoras y hasta venta de granos básicos y reses a grandes empresas.

Cabe recordar que durante este periodo se crearon varias oenegés como Fundeimh y Fundeih, controladas por la esposa del gobernante, y usó a cuadros de confianza que accedieron a la movilización de recursos que llegaron hasta los  dos mil millones de lempiras. Asimismo, se reactivaron otras organizaciones que están siendo investigadas por las autoridades por presuntos ilícitos.

Mientras esto ocurría, la justicia de EE.UU. investigaba a Tony –quien deberá acudir en septiembre a juicio por narcotráficopor nexos con la delincuencia organizada ya que la fiscalía del distrito sur de Nueva York lo califica como un gran capo porque envió toneladas de estupefacientes a EE.UU. y traficó con armas entre 2004 y 2016, según la investigación que realizó la Fuerza de Tarea Antidroga norteamericana (DEA, en inglés) y el Departamento de Justicia.

Mientras Tony trasegaba drogas, en alianza con otros cárteles del narcotráfico, el gobernante se jactaba de asestar fuertes golpes a varias agrupaciones criminales, entre ellas, los Cachiros, jefeada por los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga, el cártel de los hermanos Valle Valle, el transportista Héctor Emilio Fernández Rosa Don H y montó una parafernalia mediática para mostrar sus logros.

A la fecha, el Ministerio Público no ha querido emprender aseguramientos de propiedades controlados por la familia presidencial, bienes inmuebles y varias empresas a fin de poder determinar el grado de responsabilidad respecto al desmedido aumento de capital ocurrido en tan poco tiempo.

Algunos actores sociales consideran que la institucionalidad no pretende perseguir penalmente al alto funcionario ni su cónyuge porque hay un fortísimo control de las entidades encargadas de hacer aplicar la ley.

No obstante, en otras latitudes como Ecuador, donde la Fiscalía determinó emprender una investigación  contra el presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y tres personas más por la causa denominada INA Papers.

Ante tal hecho, Moreno calificó estas acusaciones de «campaña de desprestigio» y acusó al expresidente Rafael Correa de estar detrás de la campaña.

El caso tarta sobre una presunta realización de compras irregulares en beneficio del mandatario ecuatoriano, así como de su esposa e hijas. Entre otras cosas, se trata de artículos de lujo, automóviles de alta gama y un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).

El pasado 26 de marzo, con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador dispuso que la Comisión de Fiscalización realice un análisis de la publicación del portal digital La Fuente titulado ‘El Laberinto, Offshore del Círculo Presidencial’, que hace alusión a los denominados INA Papers, que involucraría al presidente Lenín Moreno y a su círculo familiar.

La Fiscalía dice tener más de una prueba de las vinculaciones de la familia presidencial ecuatoriana con el manejo de cuentas en paraísos fiscales.