Wednesday, Oct 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentaron el martes los incidentes violentos ocurridos en el contexto de las recientes manifestaciones en Honduras por la aprobación la controvertida reforma a los sistemas sanitarios y educativos que derivó en agresiones contra los protestantes.

«Ambos organismos manifiestan que están dando seguimiento a los acontecimientos e instan a todas las autoridades a respetar el ejercicio de los derechos en el marco de las manifestaciones de la protesta social; asimismo llaman a quienes se manifiestan en reclamo de sus derechos a hacerlo de forma pacífica y abstenerse de todo acto de violencia. En este sentido, ambos organismos manifiestan que los organizadores de las manifestaciones no deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas», señala el comunicado.

Según información recabada por la OACNUDH y la CIDH, los últimos actos de violencia dejan un saldo de al menos tres personas heridas en Tegucigalpa, entre ellas una con arma de fuego.

«Ambos organismos han podido acceder a videos que circulan en redes sociales y televisión, en los que aparecen hombres no uniformados en posesión de armas de fuego en lugares cercanos a los del despliegue de las fuerzas de seguridad en el centro de la capital», detalla la misiva.

En ese sentido instan a que las autoridades de Honduras investiguen pronta, expedita e imparcialmente los referidos hechos de violencia e informen los resultados debidamente a la ciudadanía.

Por último, ante las manifestaciones que se anuncian para los próximos días, la OACNUDH y la CIDH recuerdan que el Estado de Honduras debe garantizar en todo momento el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a participar en la dirección de los asuntos públicos y a defender los derechos.

Ambos organismos toman nota del anuncio de la suspensión de los decretos legislativos sobre la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación e instan a que se retome el debate sobre las propuestas de reforma del sector salud y educación con la participación de  actores sociales, lo cual es crucial para el funcionamiento de la democracia y para garantizar los derechos humanos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Parlamento de Honduras anunció hoy que archivará definitivamente la controvertida reforma sanitaria y educativa, pero no se derogará la norma que permite la privatización de ambos servicios.

En una escueta intervención el titular de la asamblea, Mauricio Oliva, se limitó a decir en un comunicado que la norma será retirada y archivada, sin opción a ser discutida en el futuro.

No se refirió a una posible derogación del instrumento ni pidió al jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández que derogue dos decretos aprobados en sesión del gabinete de gobierno que autorizan las masacre laborales, en contubernio con oenegés afines al oficialismo.

En la comparecencia, Oliva estuvo acompañado de los jefes de las respectivas bancadas, a excepción de Libertad y Refundación (Libre) quien exige la eliminación total de la referida reforma.

Es la primera comparecencia del alto funcionario tras los disturbios provocados por las fuerzas de seguridad ocurridas ayer en el casco histórico capitalino cuando una nutrida movilización buscaba llegar a protestar a la sede del Legislativo contra tales medidas.

MOSCÚ, RUSIA

(Spútnik) El Gobierno estadounidense planea endurecer las reglas del acceso al asilo para los inmigrantes, según un comunicado de la Casa Blanca.

«El presidente [Donald] Trump firmó un memorándum para garantizar el acceso al asilo a las personas legales», señaló la Casa Blanca en el texto.

En ese memorando el mandatario exige a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional tomar medidas adicionales para «restaurar la integridad del sistema de inmigración».

Entre ellas se propone el cobro de una cuota por procesar las solicitudes de asilo y revocar de inmediato los permisos de trabajo a los extranjeros que tengan orden de deportación.

Trump planteó también que las solicitudes de asilo se decidan en un periodo no mayor a 180 días.

Antes, el Gobierno estadounidense anunció que devolvería a México a los inmigrantes para que esperen allí la tramitación de sus solicitudes de asilo.

El servicio migratorio de México declaró, a su vez, que iba a dar empleo a los inmigrantes deportados por Estados Unidos y no asilo.