Thursday, Nov 21, 2019
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RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik) La mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil, tres de los cinco que votaron hasta el momento, optó por reducir la condena del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011), de los actuales 12 años y 11 meses a 8 años, 10 meses y 20 días de cárcel.

El juez Felix Fischer, relator del caso de Lula en el tribunal, optó por rebajar la condena de Lula a cinco años, seis meses y 20 días por delitos de corrupción pasiva y a tres años y cuatro meses por blanqueo de dinero; los magistrados Jorge Mussi y Reynaldo Soares votaron en el mismo sentido, según la retransmisión en directo ofrecida por el TSJ en su canal de YouTube.

​El expresidente brasileño está preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur de Brasil) desde el 7 de abril de 2018, cumpliendo una condena por corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

El caso se refiere a la entrega a Lula por parte de la constructora OAS, una de las contratistas de la empresa semiestatal Petrobras, de un apartamento triplex en Guarujá (costa de São Paulo, sureste), que según la Justicia sería un agradecimiento por los favores prestados por el expresidente dentro de la trama corrupta de la petrolera.

Inicialmente, el líder del Partido de los Trabajadores fue condenado por el juez de primera instancia Sergio Moro a nueve años y seis meses de cárcel, aunque posteriormente la corte de apelación (el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región) aumentó la pena hasta 12 años y 11 meses.

La decisión del TSJ de este 23 de abril no es definitiva; los abogados de Lula pueden seguir recurriendo al Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial del país.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), taloneó los negocios del escudo marítimo de las Fuerzas Armadas de Honduras con grandes capos del narcotráfico, reveló hoy el capitán en retiro Santos Rodríguez Orellana.

Tras conocerse el reporte de una investigación de la DEA, evidencia la declaración del hondureño Miguel Arnulfo Valle, exlíder del cartel de los hermanos Valle Valle, quien dio a EE.UU. los nombres y lugares que han servido para el trasiego de toneladas de droga.

Ante los hechos que salpican al brazo armado, Orellana cofesó que el funcionario naval -de quien omitió su identidad- “fue nombrado como jefe del oeganismo y un mes después fue relevado porque dijeron que estaba enfermo, la información que teníamos es porque agentes de la DEAhabían hecho el reclamo del porqué lo habían nombrado jefe de la Fuerza Naval y estaba involucrado en el narcotráfico”.

Añadió que tanto helicópteros, lanchas y hasta comandos trasladaban droga desde La Mosquitia hasta una unidad militar en Ocotepeque.

“Dije desde hace dos años lo que sucedía y muchos hondureños no lo creían porque se implicaba al hermano del presidente (Juan Orlando Hernández), al fiscal y secretario (de Defensa) de esa época. Lo dije y lo sostengo. Esa es la información que manejamos”, enfatizó Rodríguez.

En cuanto al involucramiento del actual secretario de seguridad Julián Pacheco Tinoco, dijo que conocía de todas esas acciones ya que durante ese periodo fungió como jefe de la unidad de inteligencia de las FFAA y líder de inteligencia del Estado.

“El tiempo me está dando la razón. Mencionamos que aeronave de la fuerza área y naval habían sido utilizadas para sacar droga de La Mosquita”, externó.

Aseguró que aún hay más cómplices que revelen los capos de la droga, pues “faltan empresarios , política incluso a comunicadores hay sorpresas…”.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El Gobierno de México reitera a los inmigrantes que deben registrarse al ingresar a este país como precondición para que sus derechos humanos sean protegidos, dijo en una rueda de prensa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

«La política migratoria mexicana tiene tres ejes: la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen a nuestro territorio como precondición para que el Gobierno pueda proteger sus derechos humanos», dijo Sánchez Cordero en conferencia de prensa junto al canciller Marcelo Ebrard.

La advertencia fue formulada luego de que 371 centroamericanos fueron detenidos en el fronterizo estado de Chiapas (sur) al rechazar los controles y registros.

La alta funcionaria añadió que este 23 de abril «fue publicado en el diario oficial el acuerdo de la Secretaría de Gobernación por el que se extiende la posibilidad de entregar la tarjeta de visitante regional a ciudadanos de países centroamericanos antes no contemplados en estas reglas, como son Honduras y El Salvador».

Sánchez Cordero comentó que el aumento de la migración centroamericana, en cantidades que calificó de «inusuales» no es responsabilidad de México, pero que el Gobierno está dispuesto a cumplir su parte en la «atención» de esta población.

«Pedimos que ellos [los migrantes centroamericanos] contribuyan con dos elementales conductas: primero respetar nuestras leyes y autoridades; y segundo, aceptar su registro como precondición para que el Gobierno pueda decidir su calidad migratoria en nuestro país», insistió.

La ministra comentó que otros flujos de migrantes irregulares que pasan por territorio mexicano hacia EEUU han aumentado de manera inédita en los últimos meses.
Se trata de cubanos que ingresan desde Nicaragua y de africanos y asiáticos «que han arribado a nuestro país en cantidades inusuales», dijo.

Entre los centroamericanos, Sánchez Cordero hizo notar asimismo el aumento en la proporción de mujeres y de niños y niñas.

Además, Sánchez Cordero declaró que unos 300.000 migrantes, la mayoría centroamericanos, transitaron por el territorio de México en los primeros tres meses del año.

«Se estima que durante los primeros tres meses del año [2019] han transitado por México 300.000 migrantes para ingresar de manera irregular a EEUU», dijo.