Sunday, Jun 16, 2019

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Los países de América Latina tienen que reformular sus políticas penitenciarias y empezar a pensar nuevas formas de castigar los delitos si quiere mejorar los graves problemas de seguridad que enfrentan actualmente, dijo en entrevista con Spútnik la exdirectora del Ilanud, Cecilia Sánchez.

«Tiene que haber una discusión esencial; América Latina debe hacer un alto, reflexionar, y decidir si se va a decantar por seguir encerrando gente o si va a replantear» sus políticas, «sobre todo cuando no hay condiciones en las cárceles de llevar adelante procesos de inserción y acompañamiento», dijo la exministra de Justicia de Costa Rica (2015-2017).

Sánchez sostuvo que los países latinoamericanos comparten «una realidad tremendamente complicada» en lo que respecta a la situación de sus cárceles, donde prima el hacinamiento, el uso excesivo de la privación de libertad preventiva, y resistencias de parte de los gobiernos a destinar más cantidades de recursos a programas que funcionen como alternativa a la prisión.

«En general es una situación que pareciera que cada día tiende a aumentar, porque se sigue politizando el tema del populismo punitivo», dijo quien dirigió el Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delito y del Delincuente) del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de este año.

Según Sánchez, los Estados de América Latina gastan, en promedio, entre 30 y 40 dólares diarios por cada persona privada de libertad, una cifra que incluye su alimentación, atención y custodia.

«Y muchas veces son personas que están dos o tres años en prisión porque han sustraído un bien cuyo valor no supera los diez dólares», ejemplificó.

«Esa comparación no se hace, eso no se dice, porque se ha vendido a la gente que lo que importa es sancionar», añadió.

De acuerdo a la base de datos World Prison Brief, en América Latina hay 1,6 millones de personas privadas de libertad, lo que supone una tasa de 256 presos cada 100.000 habitantes.

Sánchez participó en Montevideo del I Congreso Latinoamericano de Políticas Penitenciarias, que se realizó en la capital uruguaya del 13 al 14 de junio.

Durante su disertación llamó a «dotar de racionalidad al castigo» y afirmó que las autoridades y también la propia sociedad deben preguntarse sobre qué tipo de políticas criminal quieren.

«¿Cómo queremos que vuelvan?», inquirió la especialista.

Respecto a las políticas de reinserción que existen en Uruguay, Sánchez destacó el trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), organismo que trabaja con las personas que acaban de cumplir sus penas y son liberadas.

«Me impresiona Uruguay; las políticas que son más avanzadas a nivel pospenitenciario en América Latina son las de Uruguay», aseguró la licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

La especialista dijo que experiencias como las de la Dinali y su «Posada del Liberado», donde conviven decenas de personas que acaban de ser liberadas, «no existen en la mayoría de los países, porque el sistema penitenciario se desentiende de la persona una vez que cumple la pena».

«Este acompañamiento que se brinda desde la Dinali me parece excepcional, es una cosa que hay que defender mucho, que hay que potenciar y apoyar mucho», dijo Sánchez.

No obstante la experiencia de la Dinali, Uruguay tiene un sistema penitenciario colapsado, con casi 11.000 presos y una tasa de 333 presos cada 100.000 habitantes, lo que ubica a este pequeño país sudamericano en el puesto 28 a nivel mundial.

Según el último informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, una suerte de ombudsman de las cárceles uruguayas, 30% de las personas privadas de libertad en Uruguay están en situaciones degradantes o inhumanas, y 44% cumple sus penas en establecimientos donde las condiciones para la reinserción son insuficientes.

«Uruguay tiene modelos exportables como el de la Dinali, y convive con otros problemas», observó Sánchez, para quien las buenas experiencias deben ser consolidadas y articuladas a nivel general para que no sean emprendimientos aislados.

Esto, añadió, no debe ser solamente respecto al sistema penitenciario, sino de toda la política de seguridad.

«Para que Uruguay no tenga tantos presos necesitaría que los jueces no manden tanta gente a la cárcel, y para que los jueces manden menos gente a la cárcel debería haber menos leyes que criminalicen todas las conductas. Es un proceso global, de política criminal, una política de Estado», expresó la especialista.

La exdirectora del Ilanud criticó las propuestas de eliminar las libertades anticipadas y las condenas que establecen penas de varias décadas en prisión.

«Creer que muchos años en una cárcel van a cambiar a una persona es ser o muy iluso o muy ignorante», sentenció Sánchez.

En esta línea, dijo que el sistema penitenciario no puede cargar con la mochila de evitar la reincidencia, ya que si bien la reinserción es un trabajo que comienza durante la privación de libertad, es fundamental que se continúe una vez que la persona es liberada.

«El sistema penitenciario no puede hacerse cargo de ese objetivo y decir «los tengo en la cárcel y los voy a tratar de manera que ninguno vuelva a delinquir», porque para que eso ocurra, en el afuera tienen que haber operado otro montón de cambios, una serie de políticas que hayan mejorado la condición de la persona que regresa», explicó la especialista costarricense.

«Tiene que haber un proceso que mediatice el impacto de la salida; es un enorme impacto salir a prisión, pero es un enorme impacto volver sin herramientas», agregó.

En Uruguay, un promedio de 500 presos son puestos en libertad por mes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Como una crisis continuada que se arrastra y no se ha podido solucionar en la última década, es la muestra del enfrentamiento entre reclusos en Támara, ocurrido a mediados de esta semana, alertó hoy el experto en seguridad, Carlos Sierra.

«Consideramos que es una crisis continuada que se ha venido dando dentro del centro penitenciario, porque no se ha abordado como debería ser», agregó.

Explicó que existen varios factores para desencadenar estas revueltas entre privados de libertad, entre ellas, el hacinamiento de hasta un 150 por ciento dentro del sistema penitenciario, aunque se mencione que se crean cárceles de máxima seguridad.

Asimismo, prosiguió, las especies de autogobiernos dentro de las prisiones donde son lo reclusos los que mandan, cosa lo que no debería ocurrir.

Además de la corrupción a lo interno de los recintos «seguimos observando que introducen armas, drogas, entre otra serie de elementos que supuestamente están prohibidas en los centros de reclusión».

Cabe destacar, que el enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles en la cárcel de Támara, entre miembros de la pandilla MS-13 y paisas, dejó tres personas muertas y al menos 27 heridas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, advirtió que la continuidad de los actuales magistrados puede generar una crisis política en el país.

“Nosotros concluimos nuestro período y el Congreso debió nombrar a los integrantes de los nuevos organismos electorales para enviar un mensaje de tranquilidad al pueblo hondureño”, manifestó Lobo.

Según el exmagistrado que el Congreso Nacional aún no designe las nuevas autoridades en esta entidad, puede ser un claro mensaje de lo puede ocurrir en las próximas elecciones.

Asimismo, señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá una gran responsabilidad, y es la de garantizar unos comicios confiables y transparentes y generar una crisis como las sucedidas en 2017.

En los últimos meses el Partido Nacional ha realizado una serie de reformas electorales que favorecen sus intereses por lo que los partidos de oposición Libertad y Refundación (Libre), se ha declarado en insurrección legislativa, por intención de los nacionalistas de nombrar candidatos a fines con su partido.

De momento, los partidos Nacional, Liberal y Libre, se han puesto de acuerdo únicamente en la integración de órganos de reciente creación como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral y en el Registro Nacional de las Personas.