Sunday, Jun 16, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Juliette Handal, afirmó que la empresa privada no ha nombrado ningún representante para la integración del diálogo propuesto por el Ejecutivo nacionalista.

Calificó como un “abuso de poder” y un “irrespeto” al pueblo hondureño que en las mesas del “conversatorio” no estén los verdaderos representantes de la plataforma para la defensa educativa y sanitaria.

“Cuando escuchamos que había un representante del Cohep en el diálogo, no teníamos conocimiento, la empresa privada  contundentemente nos contestó que no han nombrado a ningún representante en ese diálogo o conversación”.

Es lastimoso   ̶ lamentó ̶   que esto suceda, con qué objetivo porque la crisis  no se resuelve.

“Para seguir engañando al pueblo; esto no debe ser, es un irrespeto a la institucionalidad y el abuso de poder  que hay en el país, porque llevar a gente que no está acreditada es engañar e irrespetar al pueblo hondureño”.

A su juicio, el diálogo es una estrategia para agotar y disolver la lucha de la plataforma, ya que “observamos que  la crisis profunda no se resuelve, con qué objeto, quieren cansar  a la gente que exige un derecho y sentando en un diálogo que no lo es, porque  lastimosamente no creemos por las experiencias pasadas”.

Apuntó  que “anotando que  la plataforma que hizo la demanda inicial no están representados oficialmente en ese diálogo”.

Recomendó que la posición más apropiada es que aclaren públicamente que el Cohep no ha enviado ningún representante.

“Deben  de dar una aclaración publica,  ̶ como ha recomendado un expresidente ̶   en campos pagados en los medios de comunicación, aclarando que el Cohep no ha mandado ningún represéntate y quien haya  aparecido como tal se ha auto convocado”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“El pueblo quiere que JOH salga del poder, la gran mayoría quiere recuperar la patria”, señaló el exparlamentario de Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé.

Asimismo, pidió a la cúpula de la formación política que deponga  intereses  particulares y atender el reclamo de los hondureños.

“Me perece que si lográramos entender que lo que reclama el pueblo y la aspiración es bien clara: que salga JOH, el pueblo en oposición la gran  mayoría  quiere recuperar la patria”, dijo.

Hizo un llamado a dirigentes y líderes  políticos de converger en una unión para “sacar la dictadura”.

“Mi llamado es a los dirigentes los que están en primera fila y que están en esas cúpulas que deponga intereses particulares, gremiales y logren avanzar hacia esa unidad, hacia esa plataforma de acción ciudadana contra la dictadura”.

En cuanto a Libre advirtió  a las bases  de orientar sus objetivos en las exigencias de la población,de igual forma pidió que se integren y abrir espacios en las plataformas sociales.

“Aquellas cúpulas  que no quieran ir por donde va el pueblo se van a quedar atrás y al final van a tener que hacer un giro rápido, les quiero decir a los dirigentes de mi partido que le pongan bastante atención a lo que está pidiendo el pueblo hondureño”.

Prosiguió que “no podemos descalificar a nadie, Manuel Zelaya  tiene experiencia política y debe de involucrarse, la doctora Suyapa Figueroa que coordina la plataforma debe de involucrarse con una actitud de apertura, en este caso Luis Zelaya, y salvador Nasralla, deben de integrarse”.

Recomendó que  se debe poner  el interés del pueblo, y que se unan  todos los sectores sociales para pedir  la renuncia “y usar el ¡basta ya!  que debería de estar en todos los lugares”.

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El Gobierno de EEUU puede determinar si funcionaron o no las medidas aplicadas por México para contener la inmigración irregular, acordadas el 7 de junio en Washington, según un acuerdo suplementario al que arribaron los dos países y que fue entregado al Senado mexicano por el canciller Marcelo Ebrard.

«Al igual que la imposición de aranceles [al comercio con México] por una emergencia nacional, Estados Unidos podría determinar que los resultados no rindieron frutos», dice el documento de unas 800 palabras y cinco apartados, firmado por el consultor jurídico adjunto de la cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, y su homólogo del Departamento de Estado, Marik String, compartido por la oficina de Ebrard con la prensa extranjera acreditada.

El documento adicional cuyo contenido se desconocía hasta el 14 de junio, define «los plazos en los que se verificaría la efectividad de las propuestas planteadas para reducir el flujo de migrantes».

Sin embargo, aclara que «cualquier acción subsecuente a esa determinación estadounidense requeriría de la anuencia de México».

Para equilibrar la posición estadounidense, los abogados coincidieron en la fórmula de que esa anuencia mexicana será tomada «a su discreción y después de consultarlo».

En el procedimiento que seguirá la implementación de las acciones plasmadas en la declaración conjunta del 7 de junio, se destacan dos puntos, indica el numeral cinco del «acuerdo suplementario» entregado al Congreso durante la comparecencia de Ebrard ante los senadores para explicar la negociación.

El primer punto es que «no existían durante las negociaciones condiciones para determinar cómo medir el resultado satisfactorio de las acciones propuestas».

En segundo lugar, el abogado de la cancillería «fue cuidadoso en establecer que cualquier acuerdo, regional o multilateral, tiene que ser aprobado por el Senado de la República».

Entre las razones para no publicar antes el documento firmado, al mismo tiempo que la declaración conjunta, se señala que «los detalles del acuerdo fueron dados a conocer a la opinión pública» y la totalidad de su contenido fue referida en un informe al Senado.

Si bien el documento se denomina «acuerdo suplementario», la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señala que «no se trata de un acuerdo bilateral vinculante, sino de un documento accesorio a la declaración conjunta entre los gobiernos».

Además, esa declaración conjunta del 7 de junio «no es un acuerdo o un tratado bilateral, sino solo la expresión de la voluntad política de las dos delegaciones para comprometerse a ciertas acciones».

El documento comienza por definir, en primer lugar, que la obligatoriedad de cumplir con esa declaración «existe únicamente en la esfera política».

Por lo tanto, reconocen los abogados de los dos gobiernos, «no existen mecanismos para exigir el cumplimiento ante tribunales, ni deriva del mismo una obligación de derecho internacional».

Los juristas también dejan abierta la oportunidad de tener futuras discusiones para establecer los «términos definitivos» de lo que serían sus posiciones en la negociación de un posible «acuerdo bilateral vinculante».

El segundo de los cinco puntos establece que un nuevo acuerdo de esa naturaleza buscaría el «reparto de la carga» migratoria y la asignación de responsabilidades para procesar las solicitudes de refugio.

Las partes reconocen tener visiones diferentes sobre «la mejor fórmula para la repartición de la carga», para que «ni México ni EEEUU» asuman toda la responsabilidad de atender al flujo de indocumentados.

EEUU plantea suscribir un acuerdo por el que «la totalidad de las personas que llegan a su territorio por México para solicitar asilo, sean retornados» a este país latinoamericano para pedir asilo directamente ante las autoridades mexicanas.

Ese mecanismo, que imposibilitaría a esas personas solicitar asilo en EEUU, lo ha definido la Casa Blanca en otras declaraciones oficiales como de «tercer país seguro», similar al rol que juega Turquía en un acuerdo con la Unión Europea para contener a migrantes de otras regiones.

México considera «que es imprescindible la participación de los países de la región (los centroamericanos e incluso Brasil) para administrar el flujo de solicitantes de asilo y avanzar en la cristalización de un acuerdo regional».

El tercer numeral indica que los abogados de México y EEUU estuvieron de acuerdo en que, «como mínimo, un potencial acuerdo tendría que contener el compromiso de cada parte de aceptar el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo».

Finalmente, contiene los argumentos de la delegación mexicana de que un «acuerdo de reparto de carga» deba ser aprobado por el Senado de México.

El presidente de EEUU, Donald Trump, retiró la amenaza de imponer aranceles graduales a las importaciones procedentes de México desde el pasado lunes, luego de que el Gobierno mexicano se comprometiera a tomar medidas para contener la migración en su frontera sur.

Entre esas acciones está el despliegue de 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur para controlar y ordenar la entrada de centroamericanos.

El canciller Ebrard afirmó que el despliegue total de la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y federales «se completará el martes próximo, con esfuerzos para acelerar el paso».