Wednesday, Nov 20, 2019
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CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) El Ministerio Público venezolano inició una investigación penal contra José Ignacio Hernández, designado por el opositor Juan Guaidó como procurador especial para la defensa en un juicio en Estados Unidos para embargar la petrolera Citgo, anunció el fiscal general, Tarek William Saab.

«El Ministerio Público anuncia el inicio de una investigación penal con motivo de la apátrida participación de un impostor funcionario en un juicio en EEUU contra PDVSA, allí José Ignacio Hernández accionó fraudulentamente ante un tribunal para propiciar el embargo de CITGO», indicó Saab en la red social Twitter.

​Una corte de apelaciones de EEUU decidió el 29 de julio que la minera canadiense Crystallex podía rematar acciones de Citgo, una empresa que posee refinerías en EEUU y que es propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela, para cobrarse una deuda de 1.400 millones de dólares en la que incurrió el Gobierno del país caribeño al nacionalizar yacimientos de oro.

El fiscal indicó que Hernández había trabajado para Crystallex con el fin de usar argumentos en el juicio en contra de la estatal venezolana PDVSA.

«Este señor había sido contratado en el pasado por la empresa Crystallex International Corporation como experto: con la finalidad de usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por PDVSA: lo que constituye un acto de traición a todos sus compatriotas», señaló.

Además, el Ministerio Público rechazó el fallo de la corte de EEUU al considerar que la decisión violenta la soberanía de esa nación sudamericana.

Este fallo, que puede ser apelado o incluso bloqueado por la administración de Donald Trump, liquidaría la capacidad de Venezuela de refinar crudo y obtener recursos por la venta de los combustibles resultantes.

CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puso al vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, en su lista de fugitivos más buscados por un presunto vínculo al tráfico internacional de drogas.

«¿Usted ha visto a este más buscado fugitivo? Está acusado de tráfico internacional de drogas», publicó el ICE en su cuenta oficial de Twitter donde también coloca un enlace a la lista de los más buscados.

La nómina del servicio de control de fronteras de este 31 de julio es encabezada por El Aissami.

El Departamento del Tesoro de EEUU a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) designó al político venezolano como un traficante de narcóticos en 2017.

Según la OFAC, El Aissami facilitó envío de drogas desde Venezuela y supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con destino a México y Estados Unidos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El extraditado capo hondureño Hécto Emilio Fernández Rosa, Don H, jugó en las grandes ligas del narcotráfico. Pues disputó el poder con otros cárteles de la droga y pagó fuertes sumas de dinero las fuerzas de seguridad y defensa, así como la cooptación de algunos dirigentes políticos y llegó a ordenar la muerte de unas 19 personas por atentar contra sus intereses.

Entre los fallecidos se encuentra el ex vicepresidente del Legislativo, Mario Fernando Hernández, uno de sus socios y coconspirador, quien fue asesinado en noviembre de 2008, según revela un documento que tiene en su poder un tribunal federal de Nueva York que juzgará en los próximos meses al capo que fue entregado a EE.UU. en 2015 por haber introducido toneladas de cocaína a ese país.

El escrito elaborado por la fiscalía del distrito sur neoyorquino indica de que «Fernández Rosa fue el líder de una organización violenta y prolífica del narcotráfico… devastó su propio país y contribuyó al deterioro de las condiciones en la región al enviar enormes cantidades de droga a EE.UU. Ayudó a importar aproximadamente 153 toneladas de cocaína a este país entre 1998 y 2014».

Entre 2008 y 2010, prosigue la acusación de los fiscales, «ayudó a movilizar aproximadamente 20 toneladas de efedrina a Honduras para ser procesadas en una empresa de producción de anfetaminas con lugartenientes de alto rango de Joaquín el Chapo Guzmán. El acusado ganó aproximadamente 50 millones de dólares mediante esta conducta atroz».

Don H, según la fiscalía, sobornó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa «para que accedieran a información sobre investigaciones en curso, puntos de control militares y policiales e interdicciones (incautaciones) planificadas de narcóticos».

Acerca de la carrera criminal del fallecido diputado liberal Mario Fernando Hernández Bonilla, considerado como conspirador, se reveló que «participó en actividades (relacionadas con el) tráfico de drogas durante varios años, incluyendo el almacenamiento de cocaína en San Pedro Sula…y a su vez, ayudó al acusado (Don H) a pagar sobornos a funcionarios de aduanas de Puerto Cortés para ‘limpiar’ los contenedores (que iban) llenos de precursores ilícitos».

Fernández Rosa habría ordenado la muerte su socio en noviembre de 2008, «sin embargo, el asesinato no frenó la firmeza del acusado en la movilización de drogas hacia Puerto Cortés».

Es más, el capo extraditado Víctor Hugo Díaz Morales el Rojo «ayudó a organizar el asesinato de Hernández Bonilla», según se consigna en la causa, por lo que se convirtió en un verdugo para aquellos que solían robarse los cargamentos de estupefacientes que pertenecían a Don H. 

El exjefe narco comenzó a sospechar que el ahora occiso estaba importando efedrina sin haber sido invitado o, al menos, obtener ganancias por la movilización de precursores químicos para la producción de anfetaminas y «en base a esa preocupación, el acusado instruyó a Díaz Morales para que  investigara si sus sospechas sobre Hernández Bonilla eran correctas; le dijo que si estaba haciendo ‘algo malo’, tendría que hacer algo al respecto, por lo que Hernández Bonilla tuvo que ser asesinado».

Sobre la conducta criminal de Fernández Rosa, la fiscalía norteamericana afirmó que el capo ordenó a Díaz Morales que torturara a uno de los operadores de un rival conocido por el mote de Chepe Pico, a fin de que admitiera que se había apropiado de incuantificables cantidades de cocaína.

«Díaz Morales secuestró a un hombre que trabajaba para Chepe Pico, lo llevó a un rancho en Copán y lo torturó hasta que admitió que su patrón orquestó el robo… el acusado instruyó a Díaz Morales asesinar al trabajador, pero él viajó personalmente al rancho para presenciar la ejecución. Cuando llegó el acusado, otros trabajadores colocaron a la víctima aún viva en una tumba recientemente excavada y le dispararon, incluso Don H participó al propinarle varios impactos de bala en su cuerpo».

Según las autoridades norteamericanas, Fernández Rosa comenzó a sospechar que su colaborador el Rojo le estaba quitando cocaína, por lo que pagó sicarios para que lo asesinaran en represalia por tumbarle los cargamentos procedentes de América del Sur.

De hecho, se enteró de que Díaz Morales adeudaba mucho dinero a un narcotraficante colombiano por los envíos de droga y tuvo una «reacción similar a la ocurrida en 2008 cuando descubrió que Hernández Bonilla estaba importando efedrina a Honduras sin su conocimiento».

Durante más de un año, tanto Don H como el Rojo pagaron sicarios para matarse mutuamente. «El acusado pagó a un asesino conocido como Jorge Guifarro, más conocido como Vaquero, para matar a Díaz Morales y también buscó la asistencia de (Devis) Rivera Maradiaga, uno de los líderes de los Cachiros, para acceder a otros asesinos que fueran capaces de matar Díaz Morales», dice uno de los apartados.

El Rojo sobrevivió a varios atentados en su contra que habrían sido perpetrados por leales a Fernández Rosa, quien jamás perdonó su traición.

En conclusión, el hecho de jefear la organización criminal que le dejó jugosas ganancias, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la fiscalía de Nueva York, está pidiendo al tribunal que condene a Don H a cadena perpetua y una multa que oscila «entre los 10 y 50 millones de dólares».